Lavado de manos
El ministerio p¨²blico ha evitado de nuevo pronunciarse sobre la clave de los ERE
La largu¨ªsima instrucci¨®n del caso de los ERE afronta en las pr¨®ximas semanas momentos decisivos. Tras casi cuatro a?os de investigaci¨®n, la clave de la macrocausa que afecta a la Junta de Andaluc¨ªa, que acumula ya 229 imputados, sigue, sin embargo, sin resolverse. Esto es, si la c¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, incurrieron en delito con la puesta en marcha del procedimiento administrativo con el que se pagaba el fondo de los ERE (las llamadas transferencias de financiaci¨®n).
La juez instructora, Mercedes Alaya, sostiene que s¨ª es delito, pese a ser una herramienta presupuestaria com¨²n en las administraciones, mientras la Junta de Andaluc¨ªa ha defendido en todo momento que el procedimiento de pago era legal. La Intervenci¨®n de la Junta, aunque cuestion¨® su utilizaci¨®n para pagar las ayudas sociolaborales, tambi¨¦n ha defendido que se trata de un procedimiento administrativo plenamente legal.
En estos cuatro a?os, sin embargo, hay un actor clave en la causa que no se ha pronunciado sobre el uso de las transferencias de financiaci¨®n: la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Cuando el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo pidi¨® a la fiscal¨ªa que se pronunciase sobre la exposici¨®n razonada enviada por la juez Alaya, en la que implica a nueve aforados, los magistrados dejaron bien claro que el ministerio p¨²blico deb¨ªa manifestar su posici¨®n sobre la competencia para investigar el caso (evidente, ya que entre los aforados hay diputados y senadores) y¡ sobre el ¡°fondo¡± del caso. ?Al fin se sabr¨ªa si la fiscal¨ªa considera que la c¨²pula que la Junta de Andaluc¨ªa delinqui¨® durante a?os!
La respuesta que ha dado la fiscal¨ªa del Supremo ha sido decepcionante. El ministerio p¨²blico solo se pronuncia sobre lo obvio (que el Supremo es competente para investigar el caso), pero se lava las manos en el aspecto clave de la investigaci¨®n (aclarar si ve indicios de delito en el uso de las transferencias de financiaci¨®n).
Desde hace semanas, en el PSOE se daba por hecho que la fiscal¨ªa iba a sostener que los aforados no cometieron delito y al fin encontrar¨ªa un respiro en la diab¨®lica dial¨¦ctica ERE-G¨¹rtel. Hoy sospecha que los acontecimientos de los ¨²ltimos d¨ªas (Operaci¨®n P¨²nica, debate en el Congreso entre Rajoy Pedro S¨¢nchez en el que el presidente del Gobierno ech¨® en cara al l¨ªder socialista el caso de los ERE) han podido influir en la decisi¨®n del fiscal de no aclarar su posici¨®n sobre el fondo del caso. La actitud de la fiscal¨ªa no ha sido, desde luego, arrojada (en un sentido o en otro) y la pelota vuelve a estar en manos del Tribunal Supremo. Por cierto, ?qu¨¦ pensar¨¢n los jueces del Supremo cuando vean que los fiscales han ignorado su petici¨®n de un pronunciamiento sobre el fondo de la investigaci¨®n?
Mientras tanto, seguiremos con el ¡°y t¨² m¨¢s¡± en la guerra ERE-G¨¹rtel.
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