El S¨ªndic de Greuges urge a paralizar los pagos de 1.350 millones por Castor

En menos de ocho d¨ªas el Gobierno tendr¨¢ que pagar 1.350,7 millones de euros al consorcio Escal UGS (participado en un 66,7% por la constructora ACS) en concepto de indemnizaci¨®n por la ¡°hibernaci¨®n¡± del proyecto Castor, el almac¨¦n submarino de gas que provoc¨® a partir de septiembre de 2013 m¨¢s de medio millar de se¨ªsmos en la costa de Castell¨®n y Tarragona. El S¨ªndic de Greuges, Rafael Rib¨®, urgi¨® ayer a frenar ese desembolso, al menos hasta que se sepa si durante el desarrollo y ejecuci¨®n del proyecto hubo ¡°doloo negligencia¡±.

Incapacitado el ombudsman catal¨¢n para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado a la Defensora del Pueblo que impugne con urgencia ese pago, acordado a trav¨¦s de un decreto ley, para frenar al menos de forma cautelar la indemnizaci¨®n. La base de su argumentaci¨®n es una sentencia del Tribunal Supremo que se?alaba que para pagar indemnizaciones por rescisi¨®n de la concesi¨®n ten¨ªa que quedar constatado que no hab¨ªa ni dolo ni negligencia. ¡°Est¨¢n en flagrante incumplimiento", se?al¨® ayer Rib¨® sobre esos dos aspectos.

Para el S¨ªndic de Greuges, ¡°es inaudito que una Administraci¨®n pague esa cantidad en 35 d¨ªas¡±, celeridad que explic¨® porque vencen los bonos del Banco Europeo de Inversiones que se utilizaron para financiar la operaci¨®n. Mientras que la constructora cobrar¨¢, las personas afectadas por los terremotos tendr¨¢n que esperar a ver sus indemnizaciones por los da?os morales y materiales que sufrieron por la cadena de terremotos. El informe reclama que estos cobren antes y que se abra una investigaci¨®n para determinar qu¨¦ fall¨® en el dise?o y la construcci¨®n del almac¨¦n gasista, de la que se deber¨ªa encargar una comisi¨®n independiente. En un principio, no obstante, Rib¨® apunt¨® ayer a sospechas ¡ªen base a informes elaborados por otras organizaciones¡ª de que se actu¨® sin tener en cuenta informes que daban cuenta de los riesgos que entra?aba el almac¨¦n situado a 21 kil¨®metros de la costa de Castell¨®n y a 2.000 metros de profundidad.

La instituci¨®n calcula que, m¨¢s all¨¢ de la indemnizaci¨®n de 1.350 millones de euros de indemnizaci¨®n, el almac¨¦n submarino de gas tendr¨¢ un coste de alrededor de 3.500 millones de euros a causa del coste de mantener la plataforma, su posible desmantelamiento y los intereses financieros. Ese importe acabar¨¢ integr¨¢ndose en la factura que pagan los hogares con suministro de gas durante las pr¨®ximas tres d¨¦cadas. Un coste muy alto para un caso en el que el S¨ªndic de Greuges demanda depurar responsabilidades por ¡°posibles irregularidades y malas pr¨¢cticas administrativas¡±, tanto en el decreto que aprobaba la indemnizaci¨®n como en la respuesta y la falta de transparencia del Gobierno durante la crisis generada por los se¨ªsmos. Incluso en la tramitaci¨®n del proyecto desde el punto de vista medioambiental.

El perjuicio para los ciudadanos superar¨¢ los 3.500 millones de euros

Rib¨® present¨® ayer su informe al Parlamento, que tambi¨¦n ha remitido al resto de defensores de pueblo auton¨®micos por si quieren actuar. Asimismo, se?al¨® que el Departamento de Empresa tambi¨¦n podr¨ªa presentar recurso, pero insinu¨® que este ¡ªdebido a los tr¨¢mites del Gobierno catal¨¢n¡ª podr¨ªa llegar demasiado tarde para paralizar el pago. Si no fuera posible, ¨²nicamente quedar¨ªa la posibilidad de que la Comisi¨®n Europea, a trav¨¦s del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, recurriera ese desembolso si estimara que se puede considerar una ayuda de Estado a Escal UGS, contraviniendo las normas comunitarias sobre competencia. En ese mismo sentido, el informe tambi¨¦n reclama que la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y de la Competencia analice la ayuda.