Entre el fondo y el esca?o

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tomado este jueves dos decisiones, fundamentalmente, en el caso de los ERE: se declara competente para investigar (algo evidente ya que los cinco se?alados por la juez Mercedes Alaya son aforados en Cortes) y designa instructor a Alberto Jorge Barreiro, un magistrado cuyas resoluciones no suelen causar indiferencia. Nada m¨¢s¡­ y nada menos. Los magistrados que han estudiado la admisi¨®n de la exposici¨®n razonada de Alaya, sin embargo, no se pronuncian sobre el fondo de esta rama del caso: si aprecian indicio de delito en el procedimiento administrativo (las llamadas transferencias de financiaci¨®n) con el que la Junta de Andaluc¨ªa pag¨® durante una d¨¦cada las ayudas sociolaborales en las que, a posteriori, se hall¨® una enorme bolsa de fraude.

Jueces y fiscales del Supremo evitan por ahora avalar o rechazar el elemento m¨¢s pol¨¦mico de la instrucci¨®n de Alaya, que no solo estima que hubo un uso fraudulento de una partida de la Consejer¨ªa de Empleo (el fondo de los ERE), sino que cree que la c¨²pula del Gobierno andaluz se confabul¨® para repartir arbitrariamente dinero p¨²blico y false¨® a?o tras a?o el Presupuesto de la comunidad. Los indicios probatorios de esta tesis son muy d¨¦biles. Es m¨¢s, la consideraci¨®n? delictiva de las transferencias de financiaci¨®n salpicar¨ªa a centenares de personas que conoc¨ªan o deb¨ªan conocer su utilizaci¨®n: entre ellos, todos los diputados auton¨®micos entre 2001 y 2010 (las transferencias de financiaci¨®n las aprobaba cada a?o el Parlamento andaluz en la ley de Presupuestos), funcionarios de varios departamentos y organismos como la C¨¢mara de Cuentas. En la exposici¨®n razonada que elev¨® al Supremo, Alaya sorte¨® la hipot¨¦tica implicaci¨®n del Parlamento apelando a la complejidad del lenguaje presupuestario, un argumento que deja en muy mal lugar a los diputados andaluces.

A partir de ahora, la intenci¨®n de la mayor¨ªa de los aforados, con Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n a la cabeza, es acudir a declarar voluntariamente ante Barreiro, que tendr¨¢ que decidir si admite esta solicitud. Cuando declaren en el Supremo, los aforados lo har¨¢n en condici¨®n de imputados, frontera que la l¨ªder del PSOE andaluz, Susana D¨ªaz, puso para exigirles el esca?o y que caus¨® un hondo malestar entre los afectados. Esta semana ha matizado esta rotunda afirmaci¨®n y ahora sostiene que la petici¨®n del esca?o llegar¨¢ si el Supremo aprecia delito en la gesti¨®n de los aforados tras su declaraci¨®n. Este l¨ªmite se acerca m¨¢s al c¨®digo ¨¦tico del PSOE, que sit¨²a la renuncia cuando se decreta la apertura de juicio oral.