El Gobierno activa la ley que aumenta el control sobre las ayudas sociales
La futura norma de acceso a los beneficios p¨²blicos endurecer¨¢ los requisitos
La ley contra el fraude social que colea desde la anterior legislatura por fin ver¨¢ la luz en el primer trimestre del a?o pr¨®ximo. As¨ª lo anunci¨® ayer la presidenta de la Junta de Andaluc¨ªa, la socialista Susana D¨ªaz, en un agitado pleno del Parlamento marcado por el impacto de la decisi¨®n del Tribunal Supremo de abrir una investigaci¨®n sobre la implicaci¨®n de los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y de tres exconsejeros en el caso de los ERE fraudulentos.
En el largo camino desde que se anunci¨® la ley hasta ahora ha quedada arrumbada la propia denominaci¨®n de la norma. Se ha optado por hablar del acceso a los beneficios p¨²blicos y de medidas contra el fraude fiscal, aunque de lo que se trata es de que las ayudas las ¡°reciban aquellos a los que realmente les correspondan y no exista fraude social, que algunos utilizan para poner en cuesti¨®n la eficacia y utilidad del sistema p¨²blico¡±, asegur¨® D¨ªaz en repuesta a una pregunta del portavoz de IU, Jos¨¦ Antonio Castro.
El texto legal est¨¢ pendiente de los informes preceptivos del Consejo Econ¨®mico Social y del Consejo Consultivo para su aprobaci¨®n definitiva como proyecto de ley.
La norma endurece los requisitos para acceder a las ayudas sociales destinadas a las familias que dan los distintos departamentos de la Junta de Andaluc¨ªa. Hasta siete consejer¨ªas de la Junta tiene regulado a trav¨¦s de decretos, normas, resoluciones o planes la concesi¨®n de hasta 70 ayudas sociales. Esto puede significar que una familia de cuatro miembros con un dependiente a su cargo puede recibir un sueldo indirecto anual de hasta 13.000 euros por distintas prestaciones.
La Administraci¨®n cree que en esta cartera tan amplia puede haber gente que con un patrimonio elevado pueda estar benefici¨¢ndose de estas ayudas. Por eso la ley va a incorporar m¨¢s medidas de control con el fin de que ¡°ninguna persona quede excluida de su disfrute en beneficio de otras que, con m¨¢s recursos econ¨®micos, sean menos merecedoras de acceder a dichos beneficios p¨²blicos¡±.
La Junta exigir¨¢ una vez que se apruebe no solo la renta de los solicitantes sino tambi¨¦n su patrimonio. Deber¨¢n acreditar los dos conceptos, pero adem¨¢s tendr¨¢n que autorizar a la Junta para que esta pueda ¡°recabar en cualquier momento, de cualquier Administraci¨®n o entidad, la informaci¨®n que sea necesaria para verificar los requisitos de capacidad econ¨®mica¡±, se afirma en el anteproyecto de ley que elabora la Consejer¨ªa de Hacienda que dirige Mar¨ªa Jes¨²s Montero.
En su pregunta a la presidenta de la Junta, IU puso el foco no en el posible fraude social sino el fraude fiscal derivado de la econom¨ªa sumergida, un combate que el Ejecutivo de coalici¨®n seguir¨¢ abundando con la aprobaci¨®n de un plan espec¨ªfico 2015-2020. Desde 2012 hasta ahora, Hacienda ha logrado recaudar 375 millones de euros sobre los tributos que son de su competencia.
Normalmente, la pregunta que Izquierda Unida, miembro del Gobierno andaluz, dirige a Susana D¨ªaz est¨¢ acordada con anterioridad, como tambi¨¦n lo est¨¢ la del portavoz del grupo socialista, Mario Jim¨¦nez. Pero ayer Jos¨¦ Antonio Castro introdujo una demanda expresa, que llevaba una cr¨ªtica expl¨ªcita, para parar los acuerdos con empresas privadas para que financien obra p¨²blica. Castro asegur¨® que la colaboraci¨®n p¨²blico-privada supone un acto de ¡°usura financiera¡± ya que las empresas cambian los proyectos presupuestarios, ¡°con falta de transparencia¡± que a la postre salen ¡°un 60% m¨¢s caro¡±.
Seg¨²n los datos aportados por Castro, los 91 kil¨®metros de carreteras de tres autov¨ªas suponen ¡°la escandalosa hipoteca para las arcas andaluzas de 3.600 millones hasta 2044¡±. IU dijo no compartir este proceder e inst¨® al Gobierno a ¡°revisar¡± estas f¨®rmulas de financiaci¨®n.
Tambi¨¦n dijo ¡°no entender¡± que la Junta siga encargando a empresas ajenas a la Administraci¨®n servicios que deber¨ªan realizar los empleados p¨²blicos. La presidenta no contest¨® a estas dos propuestas.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- Susana D¨ªaz
- Mar¨ªa Jes¨²s Montero
- Jos¨¦ Antonio Castro
- IX Legislatura Andaluc¨ªa
- Fraude fiscal
- Gobierno auton¨®mico
- Junta Andaluc¨ªa
- Parlamentos auton¨®micos
- Andaluc¨ªa
- Partidos pol¨ªticos
- Delitos fiscales
- Pol¨ªtica auton¨®mica
- Espa?a
- Administraci¨®n auton¨®mica
- Parlamento
- Delitos
- Pol¨ªtica
- Administraci¨®n p¨²blica
- Justicia