Yo tambi¨¦n soy Artur Mas

No todo fraude, o estafa, o enga?o de car¨¢cter pol¨ªtico es un crimen.

No toda conducta-de-desobediencia o incumplimiento de una resoluci¨®n judicial constituye un delito-de-desobediencia.

Quienes hasta ahora han minusvalorado, despreciado o ignorado el principio de legalidad (rule of law) ¡ªque, con el principio democr¨¢tico conforman los pilares de la democracia moderna¡ª deber¨¢n hacer ingentes esfuerzos por acreditar coherencia si sostienen que la interposici¨®n de una acci¨®n penal contra Artur Mas y consejero/s de su Gobierno vulnera la legalidad.

Quienes en cambio han reclamado en las pol¨¦micas del 9-N la escrupulosa sujeci¨®n al ordenamiento legal; quienes en consecuencia han criticado que Mas lo desbordase, son tambi¨¦n los m¨¢s legitimados para exigir a la otra parte, y a la Justicia, id¨¦ntica pulcritud jur¨ªdica. Pues el Derecho Penal es garantista; exigente en la presencia de todos los requisitos de un tipo delictivo; de aplicaci¨®n individualizada; y no admite analog¨ªas ni interpretaciones inculpatorias extensivas.

Al grano: una querella contra Mas por desobediencia se antoja un error, o un desatino, o una prevaricaci¨®n por parte de quien la interponga. ?Por qu¨¦? Porque el art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal (CP), que configura la desobediencia como negaci¨®n abierta a cumplir resoluciones judiciales, exige la concurrencia de algunos requisitos inexistentes en este caso.

Para que haya desobediencia debe haber ¡°requerimiento previo, directo e individualizado¡± a cumplir la resoluci¨®n (auto 37 del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, de 24 de marzo de 2014; la jurisprudencia del Tribunal Supremo, TS, que cita y la evocada en el C¨®digo Penal comentado de Paz Rubio/Covi¨¢n Regales).

El Constitucional se neg¨® a emitir la ¡°orden¡± complementaria instando a cumplir su propia resoluci¨®n; y tampoco pudo haber una negativa abierta y reiterada a cumplirla. No hay delito de desobediencia

Pero en su acuerdo suspendiendo la consulta alternativa, el Constitucional (TC) se neg¨® a la pretensi¨®n del Gobierno de requerir expl¨ªcitamente a la Generalitat a acatar la suspensi¨®n, para no hacerle el trabajo sucio.

¡°Este delito requiere la existencia de una orden expresa que sea desobedecida¡± y como no la hubo, ¡°resulta inviable atribuir un delito de desobediencia a quien en ning¨²n momento se requiri¨® formal y expresamente para que cumpliera el mandato¡±, [ahora del TC], como reza la resoluci¨®n 465/1996 de la Audiencia de Barcelona en el asunto 2049/1990.

Pero adem¨¢s, a?ade, la negativa a obedecer (la orden de ejecuci¨®n, no la suspensi¨®n del evento) deber ser ¡°abierta¡±, esto es ¡°franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequ¨ªvoca¡±. El car¨¢cter ¡°abierto¡± de la negativa equivale a ¡°grave¡±, y la gravedad se detecta si ¡°hay reiteraci¨®n en la emisi¨®n del mandato¡± de que se obedezca, aclara la doctrina (¡°Derecho penal espa?ol, parte especial¡±, Joan J. Queralt, Atelier, 2010). Adem¨¢s, la orden debe dirigirse a ¡°funcionario [o autoridad] concreto o concretable¡±, a?ade Gonzalo Quintero (¡°Comentarios a la Parte especial del Derecho Penal¡±, Aranzadi, 2011).

En suma, el Constitucional se neg¨® a emitir la ¡°orden¡± complementaria instando a cumplir su propia resoluci¨®n; y tampoco pudo haber una negativa abierta y reiterada a cumplirla. No hay delito de desobediencia.

Hay pocos prededentes de un uso tan pol¨ªtico de esta figura: el m¨¢s evidente es el del caso Atutxa, que pol¨ªticamente menoscab¨® a los moderados del PNV y cuyo proceso jur¨ªdico dur¨® en Espa?a diez est¨¦riles a?os (de 2003 a 2013) y sigue vivo, de la mano experta de Alberto Figueroa, ante el Tribunal de Estrasburgo.

Algunos quieren a?adir a la presunta desobediencia una prevaricaci¨®n: dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia (art 404). La irregularidad pol¨ªtica encaja poco en este delito, m¨¢s bien administrativo (o judicial, el caso G¨®mez de Lia?o): ¡°La resoluci¨®n [del funcionario o autoridad, digamos prevaricadora] debe versar sobre un asunto administrativo; lo esencial es que no tenga naturaleza pol¨ªtica¡±, indica Quintero (y la sentencia 1160/2011 del TS): aunque eso seguramente no agota los efectos administrativos perniciosos de una acci¨®n pol¨ªtica no legal [uso de escuelas, registros, funcionarios]. Debe adem¨¢s entra?ar una ¡°ilegalidad flagrante y clamorosa¡±. Pero ?puede predicarse tal cosa del incumplimiento de una decisi¨®n judicial que solo suspendi¨®, pero no anul¨®, la convocatoria del 9-N? Dudoso.

Una querella por desobediencia cumplir¨ªa m¨¢s bien la funci¨®n obstruccionista que proprocionaba la vieja ¡°querella catalana¡±: paralizar procesos civiles [ahora, pol¨ªtico] merced a la irrupci¨®n de la, preponderante, jurisdicci¨®n criminal. Con efectos pol¨ªticos dram¨¢ticos. Convertir¨ªa a Mas en m¨¢rtir, en redentor, en Mois¨¦s. Machacar¨ªa toda oposici¨®n. Ante la asechanza, la inclinaci¨®n a la autoincupaci¨®n tipo ¡°Yo tambi¨¦n soy Artur Mas¡± ser¨ªa irresistible, un imperativo para muchos.

El Parlament ya lo ha iniciado, como si fuera la calle ¡ªal modo de las manifestaciones del ¡°Jo tamb¨¦ soc ad¨²ltera¡± o del ¡°Jo tamb¨¦ he avortat¡±¡ª desechando lo que casar¨ªa mejor con su posici¨®n institucional y la defensa del principio de legalidad. A saber, una respuesta jur¨ªdica concreta a toda ofensiva jur¨ªdica concreta.