Bilbao 48 cajas, Confebask dos folios

Indirecta o directa. Nadie sabe a ciencia cierta c¨®mo interpretar la respuesta que ha dado la Diputaci¨®n Foral de Bizkaia a la petici¨®n de informaci¨®n sobre las denominadas vacaciones fiscalesque remiti¨® la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV) el pasado septiembre. Hay quien en medios judiciales se inclina por pensar que en Bizkaia la osad¨ªa se paga, y en consecuencia ya ha extendido la primera factura al fiscal superior por dar cauce a las demandas del sindicato mayoritario ELA sobre aquellas ayudas consideradas ilegales por la UE y que han costado a los ciudadanos vascos 30 millones de euros de sus impuestos.

En vez de disimular que han aprendido la lecci¨®n despu¨¦s de dos d¨¦cadas de litigios con los tribunales europeos, ¡ªla multa ha llegado por retrasar la aplicaci¨®n de las sentencias comunitarias¡ª y empezar a poner las cosas f¨¢ciles a los tribunales, siguen en sus trece. Los menos creen que se trata de una apuesta a tumba abierta por la transparencia.

El caso es que diputado general de Bizkaia, Jos¨¦ Luis Bilbao, ha respondido con el env¨ªo de una furgoneta con 48 cajas de documentaci¨®n, a la diligencia de la fiscal¨ªa del pasado 25 de septiembre, en la que solicitaba informaci¨®n al consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, y a los tres diputados generales sobre todas las actuaciones que pusieron en marcha entre 2006 y 2013 para recuperar las ayudas ya consideradas ilegales por los tribunales europeos.

La maniobra, que ha obligado a la justicia a habilitar una habitaci¨®n s¨®lo para el medio centenar de voluminosas cajas con documentos, no es nueva. La UE se quej¨® amargamente durante el proceso que acab¨® en la millonaria multa a las diputaciones forales, de las maniobras dilatorias que utilizaron las instituciones, como el env¨ªo de furgonetas llenas de documentaci¨®n a Bruselas para que fueran los propios funcionarios quienes cribaran y fijaran cu¨¢les de las ayudas eran compatibles con la UE y cu¨¢les no. Una actitud m¨¢s propia de los acusados de delitos penales, que de las administraciones que gestionan los recursos de los ciudadanos.

Seg¨²n fuentes judiciales, la historia se repite. El oficio del fiscal superior, Juan Calparsoro,? solicitando la remisi¨®n de informaci¨®n sobre ¡°todas las actuaciones llevadas a cabo por cada diputaci¨®n, as¨ª como las resoluciones adoptadas para recuperar las ayudas a las empresas de su territorio de conformidad con la sentencia del 14 de diciembre de 2006, desde la fecha de esa sentencia hasta la recuperaci¨®n integra de las ayudas¡± en 2013, ha sido le¨ªda en Bizkaia al pie de la letra.

El oficio solicitaba adem¨¢s, ¡°copia de los acuerdos o resoluciones adoptados¡± y alguien en la casa de Jos¨¦ Luis Bilbao debi¨® de entender que, de esa manera, no se dejan nada en el tintero.

De las cinco administraciones interpeladas, Gobierno vasco, las tres diputaciones y Confebask, s¨®lo ?lava y Gipuzkoa siguen sin contestar con papel, aunque se han comprometido verbalmente, seg¨²n fuentes judiciales, a responder en breve. De las cinco, la m¨¢s ajena a las estrategias que acabaron con el pago de la multa es Gipuzkoa.

Fuentes conocedoras del proceso explican que, frente a los escritos autoexculpatorios del resto, la Diputaci¨®n Foral de Gipuzkoa es la que tiene las manos m¨¢s libres para hacer un relato autocr¨ªtico de las actuaciones institucionales. Y m¨¢s ahora, cuando Bildu ha roto la negociaci¨®n presupuestaria con el PNV.

Frente a las 48 cajas del diputado general de Bizkaia, Jos¨¦ Luis Bilbao, la fiscal¨ªa tiene ya en su poder los pocos folios, ¡°dos o tres¡± de explicaci¨®n que ha remitido Confebask, en los que se excluyen de cualquier responsabilidad.

De hecho, aunque Confebask particip¨® de manera activa en las reuniones junto a Gobierno y diputaciones en las que se pact¨® seguir adelante con una defensa judicial colegiada de las ayudas tributarias, ellos son los que han acabado devolviendo las ayudas y los ciudadanos pagando la multa. Diputaciones, Gobierno y Confebask defendieron in extremis que las ayudas econ¨®micas que las diputaciones concedieron desde 1993 hasta el a?o 2000 a centenares de empresas eran legales, pese a doblar y triplicar las permitidas en su entorno continental, y se atrincheraron en la defensa de su capacidad para legislar, blindando su posici¨®n con abogados caros y especializados. El Gobierno vasco s¨ª est¨¢ preocupado con el devenir de esa investigaci¨®n judicial. El consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha remitido un informe a la fiscal¨ªa con las actuaciones adoptadas, incluido el pago de 21 millones de la multa de los 30, pese a que del total de los 700 millones que se concedieron, el 66% los aplic¨® ?lava, en buena parte en el sector de las bodegas.