Sombras sobre la ordenanza de ruidos de Sevilla

El exconcejal del PP en Sevilla Joaqu¨ªn Pe?a, imputado en el caso Madeja por pedir mordidas para su partido al due?o de la empresa Fitonovo entre otras irregularidades, externaliz¨® la redacci¨®n de la ordenanza de ruidos que benefici¨® a los empresarios de bares y terrazas. Pe?a, como jefe del ¨¢rea de Medio Ambiente ignor¨® el dictamen de un funcionario que restring¨ªa la implantaci¨®n de estos establecimientos de ocio y defend¨ªa a los vecinos que sufren los ruidos, para adjudicar la ordenanza a una empresa sin experiencia previa a la que el propio exedil facilit¨® p¨¢rrafos completos para elaborar dicha norma.

En 2012 el gobierno del popular Juan Ignacio Zoido deb¨ªa adoptar la ordenanza de ruidos a las normas de ¨¢mbito auton¨®mico, nacional y europeo. Para ello era preceptivo restringir la emisi¨®n de ruidos que perturbara el descanso de los vecinos como los veladores, mesas en plena acera donde los clientes de los bares charlan de d¨ªa y de noche. Sin embargo, la norma vir¨® hacia una mayor permisividad gracias a la intervenci¨®n directa del ex director general de Medio Ambiente, detenido durante la Operaci¨®n Enredadera dirigida por la juez Mercedes Alaya.

Tras recibir hasta siete borradores de los funcionarios, Pe?a decidi¨® desechar el trabajo de estos y contratar una empresa externa para elaborar dicha norma. El Ayuntamiento pag¨® a la firma Ingenier¨ªa Gancedo 21.500 euros, el tope de un contrato menor, por limitarse a asesorar para cambiar el borrador inicial de la ordenanza. Pe?a elabor¨® p¨¢rrafos completos que la firma adjudicataria del concurso incluy¨® en la norma, seg¨²n reconoci¨® el propio empresario, Antonio Gancedo. El exconcejal, tras intercambiar m¨²ltiples correos con el empresario, suprimi¨® el cap¨ªtulo de veladores (que se han multiplicado en la ciudad) y permiti¨® la apertura de bares en locales colindantes con viviendas, una prohibici¨®n vigente desde 2001 y que Pe?a revirti¨® en beneficio de los empresarios.

Gancedo relata que conoc¨ªa a Pe?a por ¡°proyectos anteriores¡± y que este personalmente le invit¨® al concurso, a pesar de carecer de experiencia en la redacci¨®n de ordenanzas de ruido. El empresario admite que ante las Administraciones su labor ha sido ¡°acelerar los tr¨¢mites para que se tomen inter¨¦s por las licencias, ya que una licencia para un bar pod¨ªa tardar un a?o y medio o dos a?os (¡­) Mi gesti¨®n es perseguir, perseguir, perseguir. Perseguir a los t¨¦cnicos¡±. A continuaci¨®n, quiso matizar sus gestiones ante los funcionarios: ¡°No solo me dedico a esto. Es que suena un poco a conseguidor¡±.

Ingenier¨ªa Gancedo carece de p¨¢gina web y rotulaci¨®n del negocio en su local. Sobre el hecho de que se ignorara la labor de los funcionarios, que hab¨ªan redactado las ordenanzas anteriores, el empresario a?ade: "Mi trabajo de asesoramiento iba dirigido. A m¨ª me ped¨ªan lo que quer¨ªan que se fuese viendo. Todo lo que pensaba no estaba reflejado. Fueron muchos retoques (¡­) No hay que ser experto en ac¨²stica para redactar la ordenanza. Me parece que s¨ª lo pod¨ªa haber hecho un funcionario, pero por la informaci¨®n que me llegaba no se pon¨ªan de acuerdo".

El 17 de septiembre de 2012 se adjudic¨® el contrato, y Gancedo entreg¨® el informe el 23 de noviembre. Es decir, 67 d¨ªas despu¨¦s. Dado que el contrato se tas¨® en 21.500 euros, el Ayuntamiento pag¨® al ingeniero 425 euros por cada d¨ªa laboral que transcurri¨® en esos dos meses. ¡°Hay trabajos que cobras mejor y otros peor¡±, aleg¨® el empresario.

Para justificar el contrato externo, Pe?a argumenta por escrito a este diario: ¡°Se gener¨® un clima de enfrentamiento y desconfianza con este t¨¦cnico [el que redact¨® la ordenanza desechada] que ya no nos fi¨¢bamos de ¨¦l (¡­) Despu¨¦s de siete borradores vimos que era imposible sacar un texto claro, comprensible y sin constantes renv¨ªos que convertir¨ªan la ordenanza en arbitraria y sujeta a la discrecionalidad del t¨¦cnico de Medioambiente de turno y con ello foco de a arbitrariedades y posible corrupci¨®n¡±.

En paralelo, la jefa de secci¨®n de Documentaci¨®n y Administraci¨®n, Estrella S¨¢nchez, redact¨® el concurso para la ordenanza y asegura que el ¨²nico criterio para ganar fue la propuesta m¨¢s barata, sin que fuera relevante la experiencia de las firmas o la calidad de la propuesta. S¨¢nchez argument¨® que un incendio en la sede de Medio Ambiente multiplic¨® el atasco de los funcionarios con los expedientes, y que para la ordenanza se requer¨ªan ¡°conocimientos t¨¦cnicos especiales, as¨ª como experiencia en este tipo de trabajos de los que carece este servicio¡±. Sin embargo, hoy se arrepiente de sus argumentos: ¡°Fue un informe poco acertado. Verdaderamente la redacci¨®n no est¨¢ bien hecha. Preparados est¨¢n preparados [los funcionarios]¡±. Estos funcionarios redactaron las anteriores ordenanzas vigentes en Sevilla desde 2001. Sin embargo, S¨¢nchez afirma que ignoraba que uno de ellos hab¨ªa elaborado la adaptaci¨®n de la ordenanza, a pesar de que Pe?a confirma que se trabajaron ¡°siete borradores¡±.

Tras el aluvi¨®n de alegaciones presentadas por la oposici¨®n municipal y las asociaciones de vecinos, el Ayuntamiento rectific¨® en parte el texto presentado por Pe?a, aunque la mayor¨ªa de puntos controvertidos han permanecido al entrar en vigor finalmente el mes pasado.

La intenci¨®n del Consistorio sevillano por dar manga ancha a los empresarios es clara. Los inspectores de Medio Ambiente llevan un a?o y medio sin salir a las calles a comprobar si los pubs incumplen la ley porque no les pagan las horas extra, y solo revisan entre las 8.00 y las 15.00, por lo que la mayor¨ªa de pubs quedan exentos. Los fines de semana la l¨ªnea verde de la polic¨ªa local mantiene una sola patrulla para vigilar toda la ciudad. El retroceso es claro y muy pocas de sus denuncias culminan con ¨¦xito tras pasar por Medio Ambiente, y concluyen con el precinto del local que hace las noches imposibles para los vecinos. Entre los incumplimientos reiterados, destacan las 17 terrazas en la ciudad con m¨²sica en un espacio sin paredes, declaradas ilegales desde 2002, y que los gobiernos municipales han permitido de manera reiterada.