La juez Alaya da el primer paso para inhibirse en el ¡®caso Madeja¡¯

La juez Mercedes Alaya ha dado un paso m¨¢s en su instrucci¨®n del caso Madeja, que investiga el presunto pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas. La magistrada ha preguntado a la Fiscal¨ªa de Sevilla si la Audiencia Nacional debe asumir la investigaci¨®n despu¨¦s de que en su ¨²ltima fase, denominada Operaci¨®n Enredadera, las pesquisas se hayan extendido a 13 provincias. La petici¨®n de la magistrada es un tr¨¢mite previo a la decisi¨®n de su inhibici¨®n total o parcial del caso en favor de la Audiencia Nacional. Alaya da este nuevo paso apenas quince d¨ªas despu¨¦s de haber levantado el secreto de sumario y tras m¨¢s de 17 meses de investigaci¨®n.

En un auto fechado el pasado d¨ªa 15, la juez pide al ministerio p¨²blico que se pronuncie sobre si su juzgado sigue siendo competente para instruir la causa tras la onda expansiva que, a mediados del pasado noviembre, supuso la Operaci¨®n Enredadera, que se desarroll¨® en siete comunidades aut¨®nomas. O si, por el contrario, es la Audiencia Nacional la que debe tomar las riendas de la investigaci¨®n, que supera el medio centenar de imputados. Esta tercera y ¨²ltima fase del caso Madeja se sald¨® con 32 detenidos y 10 registros en provincias como Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Entre los arrestados figuraban pol¨ªticos (de PP, IU y Coalici¨®n Canaria), funcionarios de alto nivel y t¨¦cnicos de Ayuntamientos, Diputaciones y el Ministerio de Fomento.

Tras esta ¨²ltima gran operaci¨®n, el Gobierno andaluz ya cuestion¨® la continuidad de Alaya al frente del caso. Seg¨²n el consejero de Justicia, Emilio Llera, este deb¨ªa pasar a manos de la Audiencia Nacional. ¡°Desde luego parece que debe ser competencia de la Audiencia Nacional visto que se han producido hechos no solo en distintas ciudades, sino en distintas provincias y comunidades aut¨®nomas¡±, asegur¨® Llera. Ahora es la fiscal¨ªa la que debe pronunciarse.

La causa supera el medio centenar de imputados en sus 17 meses de instrucci¨®n

La juez Alaya mantiene en sus escritos que Fitonovo era una ¡°organizaci¨®n criminal jerarquizada¡± y que sus tent¨¢culos se extendieron por todo el pa¨ªs pagando sobornos a pol¨ªticos y a t¨¦cnicos para obtener contratos p¨²blicos. La magistrada va m¨¢s all¨¢ al asegurar que las comisiones eran ¡°una de las estrategias cardinales de la empresa¡±. Seg¨²n un informe de la Guardia Civil, la contabilidad B de Fitonovo arroja que estas mordidas superaron los dos millones de euros durante una d¨¦cada (2003-2012). Entre las cantidades m¨¢s llamativas, se encuentra el mill¨®n de euros abonado al directivo de la empresa p¨²blica Adif Enrique Jos¨¦ Finch.

En este sentido, y seg¨²n los autos conocidos tras levantarse el secreto de sumario, Alaya sostiene que Fitonovo habr¨ªa pagado comisiones tanto al PSOE como a Izquierda Unida a cambio de la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos en Sevilla. En concreto, los socialistas habr¨ªan recibido pagos por valor de 3.000, 30.000 y 60.000 euros, ¡°lleg¨¢ndose a abonar la suma de 123.000 euros¡±. Por su parte, IU habr¨ªa recibido 155.000 euros. Alaya les acusa de financiarse con estos sobornos, sin aportar pruebas que certifiquen c¨®mo acab¨® el dinero en sus arcas, a cambio de adjudicar a la empresa Fitonovo contratos municipales cuando ambos partidos gobernaron el Ayuntamiento de la capital andaluza. La magistrada se?ala al exconcejal socialista Manuel L¨®pez Cobos y a los exconcejales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa ¡ªquien dimiti¨® a finales de noviembre como portavoz acorralado por el esc¨¢ndalo¡ª.

Por otro lado, los investigadores tambi¨¦n acusan a los due?os de Fitonovo de mantener una ¡°constante facturaci¨®n falsa de proveedores y acudir a ampliaciones de capital y constituir nuevas sociedades¡± con fines il¨ªcitos. ¡°Se habr¨ªa movido un ingente capital opaco¡±, dice Alaya. La investigaci¨®n subraya c¨®mo gracias a las facturas falsas Fitonovo pag¨® 4,4 millones desde la caja B para sueldos a sus empleados, entre ellos al estadounidense Randy Sharberg, acusado de pagar en efectivo un soborno de 130.000 euros para el polideportivo El Calvario de Algeciras.