Adi¨®s, Torres-Dulce, adi¨®s

La marcha de Torres-Dulce de la Fiscal¨ªa General del Estado ten¨ªa que llegar antes o despu¨¦s. Su falta de conexi¨®n con el Gobierno recuerda aquellas parejas de las que no se entiende c¨®mo han podido juntarse. Torres-Dulce, conservador, fino jurista, culto, de suaves maneras, es el prototipo, por estos lares infrecuente, del alto funcionario p¨²blico, fiel servidor del Estado (no necesariamente del gobierno de turno) durante d¨¦cadas.

Sin descartar la ausencia de qu¨ªmicas personales entre ¨¦l y las diferentes c¨²pulas gubernativas (no solo las del Ministerio de Justicia interfieren en la marcha de la Fiscal¨ªa), tres son, a mi modo de ver, las causas, que han conducido a la despedida de Torres-Dulce como fiscal general.

Por un lado, no compart¨ªa, pues es dif¨ªcil que un jurista pueda compartirlas, las l¨ªneas maestras de una reforma penal autoritaria, sin justificaci¨®n en la realidad que la motive y de una dureza extrema. Ah¨ª est¨¢ el informe nada complaciente del Consejo Fiscal a la reforma promovida por el Gobierno, funcionarial en el tono y contundente en el fondo.

Un segundo orden de motivos pivota sobre la lucha contra la corrupci¨®n. Si bien es cierto que descart¨® recurrir la sentencia del jurado valenciano que absolvi¨® a Camps del delito de cohecho ¡ªacaba de tomar posesi¨®n del cargo¡ª y ello pudo dar ¨ªnfulas de impunidad al partido actualmente mayoritario y al gobierno que encarna, lo cierto es que no ha levantado el pie del acelerador en las investigaciones en marcha ni en las nuevas que se han iniciado.

El momento elegido para presentar la renuncia no pod¨ªa ser otro

Con la estent¨®rea excepci¨®n del fiscal de Palma de Mallorca en su cruzada ¡ªparece que m¨¢s bien personal¡ª de salvar a la infanta con un empe?o que para s¨ª quisieran todos los que se han visto indebidamente sentados en el banquillo como demuestran las sentencias absolutorias, la Fiscal¨ªa, bajo el mandato de quien hoy se ha despedido, no ha flaqueado en la lucha que le incumbe y ha cumplido con su mandato constitucional y legal.

Finalmente, est¨¢ la querella, que todo apunta que no quer¨ªa formular, pero que finalmente debi¨® ordenar que se interpusiera, contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los hechos del 9-N. No solo no la quer¨ªa interponer, sino que ¨¦l mismo declar¨®, el fin de semana anterior a que se presentara, que el tema ya estaba judicializado y que no era necesaria la iniciativa del Ministerio fiscal. Eso debi¨® desairar a la vicepresidenta del Gobierno. Dar¨ªa por sentado que, como ocurri¨® con el Consejo de Estado y con el Tribunal Constitucional, sus manifestaciones ser¨ªan el anticipo literal de las resoluciones de dichos ¨®rganos.

Tampoco deben ser ajenas al malestar oficial de aquellos d¨ªas las temerarias declaraciones ¡ªy no por primera vez¡ª de Alicia S¨¢nchez-Camacho. Recu¨¦rdese que presum¨ªa de tener contactos en Fiscal¨ªa, incluso de disponer de alg¨²n fiscal de confianza; eso le permit¨ªa vaticinar con certeza la inmediata interposici¨®n de la querella, interposici¨®n que se demor¨® a¨²n una semana, tras no pocas y tensas reuniones y un papel poco grato de la propia Fiscal¨ªa. Ese parece el calendario de acontecimientos.

De esta suerte, el momento elegido para presentar la renuncia no pod¨ªa ser otro. Estando fijada para el pr¨®ximo lunes 22 la deliberaci¨®n para admitir o no las querellas y denuncias, entre ellas de la Fiscal¨ªa, contra Mas y varios consejeros del Gobierno catal¨¢n, el Fiscal, caso de ser inadmitida total o parcialmente a tr¨¢mite, no pod¨ªa presentar la dimisi¨®n; deber¨ªa seguir y gestionar esa derrota ajena ¡ªquiz¨¢s pronostica por ¨¦l mismo¡ª. En esto tambi¨¦n ha sido oportunamente elegante.

Puede haber otros elementos. Quiz¨¢s. No creo que entre ellos est¨¦ el aparcamiento de la reforma procesal que otorgaba la instrucci¨®n de las causas penales a los fiscales. Lo que s¨ª ha pesado es que Torres-Dulce, con criterios jur¨ªdicos en la mano, ha hecho valer, no su independencia, de la que carece institucionalmente, sino su autonom¨ªa de criterio, ajustado a su interpretaci¨®n de la legalidad. Y ya se sabe que, como dijo el sabio, el que se mueve no sale en la foto.

Joan J. Queralt es catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.