La fiscal¨ªa sospecha que Alaya ha invadido la investigaci¨®n de otro juez

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sospecha que la juez Mercedes Alaya ha podido invadir la investigaci¨®n de otro magistrado a trav¨¦s de sus pesquisas en el caso ERE. Los fiscales de la causa dudan de que Alaya haya colisionado con nueve investigaciones que dirige el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 16, Juan Guti¨¦rrez, instructor del caso Invercaria. Debido a esta sospecha, los fiscales han pedido a la magistrada que aclare el ¨²ltimo paso del caso ERE, un auto por el que investiga a seis empresas p¨²blicas de la Junta, entre ellas Canal Sur, Egmasa y Extenda.

¡°La investigaci¨®n per se de los il¨ªcitos que pudiesen constituir en relaci¨®n con cada una de las singulares entidades rese?adas son ya objeto de investigaci¨®n por el Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla¡±, alerta el escrito que Anticorrupci¨®n ha remitido esta semana a Alaya. Los fiscales subrayan que le piden a la juez una aclaraci¨®n para ¡°delimitar¡± el objeto y la finalidad de su resoluci¨®n del pasado diciembre, por la que solicitaba los programas de control financiero permanente de todas las empresas p¨²blicas en los a?os 2005, 2006 y 2007.

Es decir, Anticorrupci¨®n quiere saber si Alaya conoce de antemano que esta documentaci¨®n de la Intervenci¨®n General de la Junta incluye indicios penales de los imputados en el caso ERE. Y lo hace porque de no ser as¨ª, la petici¨®n para investigar esta densa documentaci¨®n de nueve grandes empresas sin indicios previos que la vinculen al caso ERE, ser¨ªa irregular ya que la juez habr¨ªa pedido dicha documentaci¨®n para ver si encuentra ilegalidades o conductas delictivas, sin tener una base s¨®lida previa de indicios.

La Junta, al recurrir el auto, acus¨® a Alaya de instruir una ¡°causa general¡± que analiza toda su acci¨®n de gobierno a modo de ¡°investigaci¨®n prospectiva¡±, que proh¨ªbe la ley. En dicho escrito, la Junta alert¨® de que ¡°no existe la conexidad delictiva¡± que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para as¨ª ampliar el caso ERE a las grandes empresas p¨²blicas del Gobierno andaluz, adem¨¢s de todas las consejer¨ªas que ya investiga Alaya. Adem¨¢s, el Ejecutivo ya alertaba del solapamiento de investigaciones, ya que el juez Juan Guti¨¦rrez instruye nueve piezas sobre estas empresas p¨²blicas.

En su escrito, los fiscales destacan que piden a Alaya que concrete la insinuaci¨®n que establec¨ªa sobre un supuesto ¡°paralelismo¡± entre ¡°lo acontecido en la agencia Idea [pagadora de los ERE] con lo ocurrido en otras empresas p¨²blicas¡±. Anticorrupci¨®n, que ha mantenido agrias tensiones con Alaya a lo largo de estos cuatro a?os de instrucci¨®n, basa su petici¨®n de aclaraci¨®n en el art¨ªculo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precisa que los tribunales podr¨¢n ¡°aclarar alg¨²n concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan¡±.

La fiscal¨ªa recuerda a Alaya que ya conoce la remisi¨®n por parte de la Intervenci¨®n General de la Junta al Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla de documentaci¨®n sobre los ¡°defectos en la contabilizaci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n¡± que afectan a empresas como Canal Sur y Extenda. La fiscal¨ªa llamaba la atenci¨®n sobre una supuesta elusi¨®n de la fiscalizaci¨®n previa que deb¨ªa ser exigible en estas transferencias de financiaci¨®n, y que se tradujo en la apertura de las nueve piezas separadas por parte del juez Juan Guti¨¦rrez. Adem¨¢s, Anticorrupci¨®n advierte a Alaya de que ya le inform¨® de estas diligencias ajenas a su juzgado en otro escrito de marzo de 2014, por lo que no puede alegar que ignora las pesquisas.