La juez autoriza derribar la f¨¢brica de Delphi y agrava el conflicto
Puerto Real, UGT y USO se oponen a la demolici¨®n y recurrir¨¢n el auto
Las naves de Delphi deben desaparecer. Lo dijeron los administradores concursales que ahora gestionan la f¨¢brica de Puerto Real (C¨¢diz) cerrada desde hace casi ocho a?os. Y ahora lo dice tambi¨¦n Mar¨ªa del Castillo Mendaro, la juez de lo mercantil de C¨¢diz, quien est¨¢ convencida de que mantener en pie estas naves solo empeorar¨¢ la situaci¨®n econ¨®mica y alejar¨¢ una soluci¨®n para los acreedores. Los sindicatos, el Ayuntamiento y la Junta de Andaluc¨ªa rechazan esta medida porque ven en la supervivencia de los edificios una salida m¨¢s f¨¢cil a esos suelos que si se convirtieran en un solar vac¨ªo m¨¢s en la bah¨ªa. El gobierno local, UGT, USO ya han confirmado que recurrir¨¢n este auto. La pronunciaci¨®n de la Junta queda pendiente.
Delphi cerr¨® sus puertas en 2007. La multinacional de automaci¨®n abandon¨® C¨¢diz tras m¨¢s de dos d¨¦cadas dando trabajo a m¨¢s de 1.500 personas. Su clausura dio pie despu¨¦s a decisiones pol¨ªticas que todav¨ªa hoy siguen pesando. El Gobierno andaluz aprob¨® un tratamiento especial para los despedidos que contin¨²a pag¨¢ndose, un plan impensable en esta coyuntura. A pesar de ese dispositivo singular, el colectivo de extrabajadores sigue reclamando otra soluci¨®n porque m¨¢s de 600 siguen sin empleo.
Salidas a los terrenos
El auto de la juez de lo mercantil de C¨¢diz autorizando el derribo de la f¨¢brica de Delphi de Puerto Real ha tenido una respuesta com¨²n entre sindicatos y administraciones. Todos rechazan la demolici¨®n como la respuesta para resolver el conflicto. Para Miguel Paramio, de USO, el derribo ser¨ªa la complicaci¨®n de una posible venta r¨¢pida a una empresa interesada en instalarse all¨ª.
Para UGT ser¨ªa la consumaci¨®n del ¡°fracaso pol¨ªtico¡± de este conflicto. ¡°Las naves son el aut¨¦ntico atractivo de la zona y tirarlas no garantiza el pago a los acreedores¡±, ha alertado el secretario de la secci¨®n de Metal, Manuel Jim¨¦nez.
La Junta ha pedido una reuni¨®n urgente para tratar de paralizar ese derribo. Seg¨²n su delegado en C¨¢diz, Fernando L¨®pez Gil, la soluci¨®n pasa por incorporar estos terrenos al Consorcio de Las Aletas, un proyecto de parque log¨ªstico muy cercano a estos suelos, que cuenta con dinero suficiente para comprarlos, aunque esta medida no es bien vista por quien lidera este Consorcio que es el Gobierno central.
El Ayuntamiento de Puerto Real, gobernado por la andalucista Maribel Peinado, rechaza tambi¨¦n con contundencia el derribo y, al igual que los sindicatos, se muestra muy cr¨ªtica con el papel que han tenido los administradores concursales. ¡°Su pretensi¨®n torticera del derribo no ha tenido en ning¨²n momento en cuenta el futuro y desarrollo de una zona industrial en beneficio de puestos de trabajo¡±.
La liquidaci¨®n de la empresa est¨¢ siendo gestionada desde 2007 por tres administradores concursales. Su deber es conseguir atender la veintena de acreedores de Delphi que est¨¢n reclamando m¨¢s de 10 millones de euros. Durante todos estos a?os han cre¨ªdo que la soluci¨®n pasaba por la venta de los suelos y sus naves a una empresa interesada en montar otro negocio o bien a la Administraci¨®n p¨²blica. En estos casi ocho a?os solo una empresa se ha instalado all¨ª para ocupar una parcela de 39.000 metros cuadrados del total de 250.000 para montar una planta de reciclaje.
El plan de liquidaci¨®n de Delphi, elaborado en 2009, valor¨® los terrenos y edificios de Delphi en 44 millones de euros. Pero mantenerlos en pie ha costado m¨¢s de dos millones. As¨ª que los administradores concursales pidieron el a?o pasado a la juez permiso para derribar las naves. La petici¨®n ha sido ahora atendida, varios meses despu¨¦s, en un auto. ¡°El proceso de liquidaci¨®n concursal no puede eternizarse en el tiempo. La realidad se impone. En estos momentos, y desde febrero de 2013, no existe una oferta econ¨®mica para la transmisi¨®n de las instalaciones¡±, argumenta Del Castillo. ¡°Las condiciones del mercado son las que son en cada momento y a tales circunstancias se ha de adaptar el proceso de realizaci¨®n sin esperar mejores circunstancias¡±, a?ade en el documento.
La juez concreta que en los ¨²ltimos cuatro a?os se han generado 2.324.380,08 euros de gastos en seguridad, vigilancia, reparaciones y conservaci¨®n, primas de seguro, suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica y agua, salarios y seguridad social e impuestos municipales. ¡°Son gastos ineludibles que, al ser m¨ªnimos, no han impedido que se produzcan actos vand¨¢licos ni que se deterioren las instalaciones¡±. De este modo, Del Castillo da por buena la propuesta de los administradores.
La juez incide en el texto en el fracaso pol¨ªtico para encontrar un comprador. ¡°El tiempo transcurrido solo ha ido en detrimento del valor de las instalaciones por la crisis del mercado y ha afectado tambi¨¦n al ¨¢mbito industrial¡±. La juez s¨ª defiende el papel ¡°acertado¡± de los administradores para difundir ¡°entre sectores y empresas con posibilidades reales de adquirirlas y en el p¨²blico general¡± su venta. Para la juez, existen varios motivos que explica ese escaso inter¨¦s: ¡°Son instalaciones obsoletas y anticuadas¡±. Por eso defiende el derribo como ¡°el medio id¨®neo¡± y da de plazo dos semanas para solicitar ofertas para acometer el derribo. Cree que en dos meses podr¨ªa estar escogida la empresa y acometer la demolici¨®n.
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