Un pol¨ªgono industrial fallido hunde las arcas del Ayuntamiento de O Pino
Una sentencia firme obliga al pago de casi dos millones de euros por los terrenos
El desarrollo de suelo industrial de un mill¨®n de metros cuadrados que promovi¨® el Ayuntamiento de O Pino (A Coru?a) en 2003 ha quedado en un mero proyecto pero adem¨¢s ruinoso. En un fallo inapelable, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga ahora al gobierno municipal a pagar casi dos millones de euros (con costas e intereses de demora) a propietarios que recurrieron el justiprecio de las expropiaciones acordadas hace diez a?os para que la empresa Fadesa Inmobiliaria ejecutase el pol¨ªgono industrial.
Despu¨¦s de un largo proceso judicial para los afectados, y mientras Fadesa se declaraba en concurso de acreedores, la justicia ha ido fallando a favor de los propietarios y ha desestimado el precio del metro cuadrado que dieron los t¨¦cnicos municipales. El tribunal ha aceptado la propuesta del Xurado de Expropiaci¨®n de Galicia que triplica la valoraci¨®n del suelo expropiado que hab¨ªa acordado el Ayuntamiento en 2006.
Pagar por Fadesa
El juzgado de lo mercantil de A Coru?a, en un auto de 24 de julio de 2008, declar¨® en concurso de acreedores a Martinsa-Fadesa, por lo que la construcci¨®n del pol¨ªgono industrial de O Pino se vino abajo, dejando los terrenos como estaban y aparcando todos sus compromisos de obras de mejora por valor de 1,6 millones en las parroquias lim¨ªtrofes. Personada al igual que el Ayuntamiento en el contencioso por el justiprecio de los terrenos, el tribunal dej¨® claro qui¨¦n tendr¨ªa que pagar los platos rotos.
¡°Debe ser la Administraci¨®n expropiante, el Ayuntamiento de O Pino, la que asuma el pago en calidad de responsable subsidiario y sin perjuicio de los derechos que adquiera si paga por otro¡±, dice el fallo de la Sala presidida por el magistrado Ignacio Aranguren P¨¦rez. ¡°Porque no podemos olvidar que es el Ayuntamiento la Administraci¨®n que expropia y no puede rehuir su obligaci¨®n de pagar en defecto de aquel [Fadesa], justific¨¢ndolo al amparo de una situaci¨®n concursal de la beneficiaria que, como hemos visto, cualquiera que sea su futuro, nulo efecto debe producir para los afectados, m¨¢s all¨¢ del retraso evidente en el cobro del justiprecio¡±, a?ade el tribunal.
Concluye la sentencia firme subrayando que el Ayuntamiento¡± es el garante porque tiene en todo momento el control del procedimiento expropiatorio: decide expropiar, lo hace por el procedimiento de urgencia y decide ejecutar el proyecto¡±.
Este pago inaplazable para el gobierno de O Pino, tras conocerse la sentencia de ejecuci¨®n definitiva en octubre pasado, representa apenas un 1% de las expropiaciones que reclaman otros propietarios. Un escenario econ¨®micamente inasumible para el Ayuntamiento cuyo presupuesto es de 2,8 millones y que le llevar¨ªa a una situaci¨®n de bancarrota.
De hecho, los beneficiarios de la sentencia del TSXG son propietarios de solo 70.000 metros cuadrados de un terreno en litigio que alcanza el mill¨®n de metros. Los restantes due?os reclamaron en su d¨ªa el justiprecio pero no se admiti¨® por extempor¨¢nea por lo que han promovido otra reclamaci¨®n de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que est¨¢ en tr¨¢mite de resoluci¨®n en los tribunales.
El gran fiasco naci¨® en 2002, cuando el pleno acord¨® incorporar al proyecto de Plan General que se estaba dise?ando un sector para suelo industrial en terrenos de las parroquias de Castrofeito y Pereira, en las inmediaciones del aeropuerto santiagu¨¦s de Lavacolla. Un a?o despu¨¦s se aprob¨® el planeamiento urban¨ªstico que ya contemplaba el sistema de expropiaci¨®n del suelo delimitado para uso industrial y comercial en el pol¨ªgono. Las razones, en palabras del alcalde, el popular Manuel Taboada, eran que ¡°la expropiaci¨®n garantizar¨ªa de un modo m¨¢s eficaz la urgente realizaci¨®n del pol¨ªgono¡±.
En 2004 se cerr¨® el acuerdo municipal para adjudicar el contrato para redacci¨®n y ejecuci¨®n del plan parcial del pol¨ªgono industrial a la entidad Fadesa Inmobiliaria, la ¨²nica empresa que se present¨® a concurso. Poco despu¨¦s vendr¨ªan los primeros problemas para el Ayuntamiento, cuando los propietarios de los terrenos interpusieron recursos de reposici¨®n contra la valoraci¨®n de las expropiaciones de seis euros por metro cuadrado.
Este tr¨¢mite fue resuelto con un acuerdo de la alcald¨ªa por el que se rechazaron m¨¢s del 90% de los escritos que impugnaban el precio fijado por metro cuadrado, alegando que eran ¡°extempor¨¢neos¡±, por lo que no se remitieron los expedientes al Xurado de Expropiaci¨®n de Galicia. Al final solo se admiti¨® a tr¨¢mite la oposici¨®n de cinco propietarios que acabaron ganando la batalla al Ayuntamiento.
El arquitecto contratado por el Ayuntamiento para valorar los terrenos, Pablo Mart¨ªn Fern¨¢ndez Castro, emiti¨® seis meses despu¨¦s un informe favorable a sustituir el aval ¡ªque como garant¨ªa obligatoria deb¨ªa prestar Fadesa en cumplimiento del pliego del concurso¡ª por una carga hipotecaria, y tasaba el valor del suelo urbanizado en el citado pol¨ªgono a 100,53 euros, diecis¨¦is veces m¨¢s.
Este mismo t¨¦cnico, que tambi¨¦n emiti¨® los informes favorables al proyecto de expropiaci¨®n y urbanizaci¨®n, fue nombrado arquitecto municipal en diciembre de 2009. Contra el alcalde y el arquitecto se abrieron diligencias en el juzgado de Arz¨²a por una denuncia contra la actuaci¨®n de ambos en la fijaci¨®n del justiprecio y por las obras de mejora ofertadas en el concurso de saneamiento y abastecimiento de Pereira y Castrofeito. Manuel Taboada y Pablo Mart¨ªn tendr¨¢n que declarar de nuevo en el juzgado el 15 de febrero por esta causa.
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