La Junta denuncia a cinco bancos por malas pr¨¢cticas hipotecarias
Fomento pide al fiscal que indague el trato a deudores y la Caixa cede 20 pisos ocupados
La Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda de la Junta de Andaluc¨ªa, dirigida por Elena Cort¨¦s (IU), ha denunciado a cinco entidades financieras por incumplimiento del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas con deudores hipotecarios. La denuncia la present¨® la Delegaci¨®n Territorial de C¨®rdoba ante la Fiscal¨ªa Provincial, hace un mes. La Consejer¨ªa reclama que el ministerio p¨²blico eval¨²e si el tratamiento de las entidades financieras BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank a deudores hipotecarios supone un il¨ªcito penal.
La Consejer¨ªa denuncia ¡°novaciones al amparo del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas que pretenden dar transparencia a cl¨¢usulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuraci¨®n; imposici¨®n de la obligaci¨®n de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al Decreto; inicio de procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria sin dar cumplimiento al Decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en ¨¦l¡±, informa Europa Press, que ha tenido acceso al documento.
La Caixa cede 20 pisos ocupados
Una veintena de familias que ocupan una corrala en Sanl¨²car de Barrameda (C¨¢diz) podr¨¢n permanecer en las casas al menos hasta 2018. La Caixa ha cedido a la Consejer¨ªa de Fomento el edificio durante tres a?os para alquiler social.
Era un acuerdo que la delegaci¨®n territorial de la Junta que dirige Izquierda Unida buscaba desde que en el pasado mes de julio m¨¢s de 70 familias sin recursos de la localidad gaditana ocuparon seis edificios que nunca se llegaron a vender.
La Consejer¨ªa comenzar¨¢ ahora a estudiar caso por caso la situaci¨®n personal de cada una de las familias porque s¨®lo aquellas que demuestren que est¨¢n en exclusi¨®n social y que no tienen un techo podr¨¢n quedarse en la corrala pagando un alquiler m¨ªnimo.
Los apartamentos que no se renten, se pondr¨¢n a disposici¨®n del Ayuntamiento para que los ofrezca a los demandantes de viviendas p¨²blicas inscritos en el registro municipal. Esta era de hecho la opci¨®n que defend¨ªa el alcalde de Sanl¨²car, V¨ªctor Mora (PSOE), quien sostiene que, en el caso de haber casas vac¨ªas, han de ofrecerse siguiendo estrictamente el orden de la lista de espera municipal, integrada por m¨¢s de 500 personas.
Para Manuel C¨¢rdenas, delegado territorial de la Consejer¨ªa de Fomento, con la cesi¨®n de La Caixa ¡°se da un paso importante y sin precedentes que abre la puerta para que consigamos ampliar el n¨²mero de viviendas disponibles para alquiler social¡±.
Otras pr¨¢cticas denunciadas por la Consejer¨ªa son las de ¡°imposici¨®n de la obligaci¨®n del pago de los costes de formalizaci¨®n de la escritura p¨²blica; imposici¨®n de la obligaci¨®n a la firma pr¨¦stamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad; incumplimiento de la obligaci¨®n de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al C¨®digo; o incumplimiento de la obligaci¨®n impuesta en el art¨ªculo 5.9 del Decreto, en lo referido a la llamada letra peque?a¡±.
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha por la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda, en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.
Fuentes de la Consejer¨ªa se?alan que, ¡°aunque es de estas cinco entidades financieras sobre las que se aportan casos concretos¡±, se trata de un incumplimiento muy extendido del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas en el conjunto de las entidades¡±.
Seg¨²n la denuncia, la Junta cree que se trata de ¡°actitudes o comportamientos por parte de determinadas entidades bancarias que deben ser corregidas al objeto de reforzar el marco de protecci¨®n de los deudores hipotecarios sin recursos¡±, por lo que le dan traslado a la fiscal¨ªa ¡°por si pudiera ser constitutivo de il¨ªcito penal¡±. El C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas es de adhesi¨®n voluntaria, pero de obligado cumplimiento.
La Consejer¨ªa denuncia el incumplimiento del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas recogido en el real decreto de Medidas Urgentes de Protecci¨®n de Personas sin Recursos, y su posterior modificaci¨®n de Medidas para Reforzar la Protecci¨®n a los Deudores Hipotecarios, Reestructuraci¨®n de Deuda y Alquiler Social.
Hace una semana, el Gobierno andaluz lleg¨® a multar con 1,62 millones de euros al BBVA por "haber incumplido la obligaci¨®n legal de ofrecer sus viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes", seg¨²n una nota de prensa de la Consejer¨ªa de Fomento. Este mecanismo, que garantiza su adjudicaci¨®n conforme a criterios socioecon¨®micos objetivos y evita su especulaci¨®n, se ampara en la ley andaluza antidesahucios, suspendida parcialmente en enero por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central.
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