Las ruinas gallegas de Fadesa
Mi?o y O Pino se asoman a la bancarrota por impulsar durante la burbuja expropiaciones ventajosas para la inmobiliaria y nefastas para los afectados
El mayor concurso de acreedores de la historia en Espa?a, el de la constructora Martinsa-Fadesa en el verano de 2008, as¨ª como sus actuales dificultades para evitar la quiebra, pone a¨²n m¨¢s cerca del abismo y de la ruina econ¨®mica a dos Ayuntamientos coru?eses, Mi?o y O Pino. Ambos, bajo el bast¨®n de mando del PP desde hace d¨¦cadas, abocaron las arcas municipales a una bancarrota por el mismo camino: encargarse, con condiciones preferentes para la entonces todopoderosa inmobiliaria fundada por el coru?¨¦s Manuel Jove pero nefastas para sus vecinos afectados, de expropiar los terrenos necesarios para albergar negocios privados a gran escala, como la descomunal pero a¨²n inacabada urbanizaci¨®n Costa Mi?o Golf (1.217 viviendas y parcelas), o un inexistente pol¨ªgono industrial de un mill¨®n de metros cuadrados en O Pino. Era el boom del ladrillo y a principios del siglo atraer macroproyectos constitu¨ªa la v¨ªa preferida de los alcaldes para supuestamente llevar el progreso a sus peque?os municipios.
Unas desatinadas y rocambolescas tramitaciones de expropiaciones acabaron, tras m¨¢s de una docena de a?os de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales, por ser tumbadas por los tribunales y ponen a ambos Ayuntamientos en la obligaci¨®n de pagar millonarias indemnizaciones que duplican o quintuplica sus presupuestos municipales, ya de por s¨ª mermados por la escasez y deudas importantes. El motivo siempre es el mismo: los gobiernos locales pagaron precios irrisorios por las parcelas destinadas a la constructora, unos seis euros el metro cuadrado que tras a?os de pleitos fueron revisados a alza, hasta seis veces m¨¢s, por los tribunales.
Batalla por un centro de transportes
Con la entrada en concurso de acreedores, hace ya m¨¢s de tres a?os, de otra empresa de Martinsa-Fadesa, Obralar, se pone en riesgo el centro log¨ªstico de transportes m¨¢s grande de Galicia, el de Ledo?o en Culleredo, a las puertas de A Coru?a. Es una concesi¨®n administrativa p¨²blica del Ayuntamiento, pero ¨¦ste ahora se ve obligado a tramitar su rescate despu¨¦s de que sin previo aviso, hace un par de semanas, Martinsa-Fadesa decidiese traspasar a una empresa ajena este centro de m¨¢s de 600.000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento de Culleredo, con la jugada, incluso se qued¨® fuera del consejo de administraci¨®n de este parque que fue promovido y explotado hasta ahora por la filial de la constructora. El alcalde, el socialista Julio Sacristan, conf¨ªa en que no haya problemas para reconvertir en p¨²blica la gesti¨®n de este centro, ya que Obralar incumpli¨® parte de las condiciones que le permiti¨® hacerse con la explotaci¨®n hace ya una quincena de a?os. La constructora nunca erigi¨® el hotel, la ITV o las pistas deportivas que se hab¨ªa comprometido a hacer. Nunca tampoco logr¨® beneficios, lo que le evit¨® tener que abonar un canon anual al Ayuntamiento. El contrato estipulaba que s¨®lo lo pagar¨ªa al segundo a?o de tener balance positivo.
Una treintena de empresas tienen sus naves en este parque, si bien su ocupaci¨®n total no supera el 40%. El Ayuntamiento, de prosperar el rescate de la concesi¨®n, pretende encargarse un tiempo de la explotaci¨®n del centro antes de plantearse sacarlo a concurso. Cuando en 2001 se declar¨® el concurso de acreedores de Obralar, el alcalde confiaba en que la suspensi¨®n de pagos no afectar¨ªa al centro de Ledo?o, gracias al aval de 300.000 euros depositado por Obralar para atender posibles problemas. El traspaso sin permiso de la concesi¨®n es, para el alcalde, hace innegociable su rescisi¨®n y rescate.
Pese a todos los varapalos judiciales recibidos en 12 a?os y tras haber rechazado el Tribunal Supremo la pasada primavera su ¨²ltimo intento de evitar el pago de 26 millones de euros a los propietarios expropiados en 2002 para la gigantesca urbanizaci¨®n de Fadesa, el alcalde de Mi?o, Jes¨²s Veiga Sab¨ªn (PP), contin¨²a su estrategia de ganar tiempo con nuevas acciones judiciales. Con ayuda de la Diputaci¨®n coru?esa, present¨® un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, contra la sentencia en firme que condena al Ayuntamiento a pagar los 25 millones de euros (intereses de demora incluidos) por el excesivamente bajo precio de las expropiaciones realizadas en su d¨ªa para Martinsa-Fadesa.
Si la corporaci¨®n es responsable, sentenciaron los jueces, es entre otras razones porque ni siquiera pidi¨® aval alguno a la constructora para hacer frente a posibles reclamaciones por el precio, anormalmente bajo, que se pag¨® inicialmente a los expropiados. Los afectados siguen sin ver un euro pese a haber logrado ganar en los tribunales. Y con la constructora en v¨ªas de liquidaci¨®n si no logra renegociar el concurso de acreedores y el Ayuntamiento, por su parte en la ruina, no parece que los vecinos vayan a cobrar en breve. Los 25 millones quintuplican el presupuesto anual de Mi?o, una localidad costera de apenas 5.700 habitantes y sin industrias que engrosen las arcas municipales que ya arrastran una deuda importante, que ronda los cuatro millones. Damnificados son tambi¨¦n aquellos ciudadanos que compraron vivienda en la macrourbanizaci¨®n inacabada, fantasmal y carente de cualquier servicio b¨¢sico.
Id¨¦ntica es la situaci¨®n del Ayuntamiento de O Pino, condenado tambi¨¦n a pagar casi dos millones de euros a los vecinos a quienes expropi¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada y a bajo precio parcelas para otro negocio de Fadesa Inmobiliaria, un pol¨ªgono industrial de un mill¨®n de metros cuadrados que inclu¨ªa un hotel pegado al aeropuerto compostelano de Lavacolla. Un proyecto que iba a traer, seg¨²n su alcalde, Manuel Taboada (PP), ¡°progreso econ¨®mico y poblacional¡± a este peque?o municipio del rural, con apenas 4.700 habitantes.
La indemnizaci¨®n que Taboada tratar¨¢ con nuevos recursos judiciales de evitar pagar, o cuando menos retrasar al m¨¢ximo su ejecuci¨®n, arruina a O Pino, cuyo presupuesto anual es tan s¨®lo de 2,8 millones de euros. El alcalde intercedi¨® adem¨¢s ante los vecinos para favorecer a Fadesa y convencerles de aceptar precios tres veces por debajo de lo que al final los tribunales reconocieron a un pu?ado de expropiados que se embarcaron en largas reclamaciones judiciales. El parque empresarial as¨ª como el hotel no existen. Al suspender pagos la constructora, todo se fue al garete.
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