La Generalitat prohibir¨¢ la reventa de entradas por Internet
El Ejecutivo catal¨¢n podr¨¢ decomisar la entrada y su importe a los infractores El proyecto de ley, en tr¨¢mite parlamentario, se dirige a empresas y particulares
El Gobierno catal¨¢n prohibir¨¢ la venta y reventa de entradas de actividades l¨²dicas o culturales, tanto entre particulares como a trav¨¦s de plataformas tecnol¨®gicas, si la transacci¨®n no ha sido autorizada por sus organizadores. As¨ª lo prev¨¦ el proyecto de ley de Ordenaci¨®n de las Actividades de Espect¨¢culos P¨²blicos y Recreativos, que hoy ha superado su primer tr¨¢mite parlamentario despu¨¦s de que los partidos de la oposici¨®n hayan decidido no presentar enmiendas a la totalidad del texto. El texto prev¨¦ el decomiso de los pases o abonos a quienes incumplan la norma y abre la puerta a posibles sanciones.
La norma que se debate en el Parlament, que sustituir¨¢ a la aprobada en 2009, contempla desde aspectos como la organizaci¨®n y realizaci¨®n de espect¨¢culos p¨²blicos hasta las normas de seguridad y asistencia sanitaria de estos eventos. El consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha defendido el texto porque, a su juicio, procura una ¡°convivencia pac¨ªfica¡± de estos actos con el entorno, ¡°apuesta por la calidad¡± y simplifica los tr¨¢mites burocr¨¢ticos.
El borrador entra a regular la comercializaci¨®n de las entradas de los espect¨¢culos y deja en manos de los ¡°titulares, explotadores y organizadores¡± la posibilidad de reventa. Es decir, sin su autorizaci¨®n no pueden producirse transacciones. En caso contrario, ¡°como medida cautelar¡±, la Administraci¨®n catalana podr¨¢ proceder a la ¡°retirada inmediata y el decomiso de las entradas y del dinero objeto de la transacci¨®n¡±. Ello no impedir¨¢ que los infractores luego puedan ser sancionados. El sector teme que esa medida pueda suponer una restricci¨®n de la competencia, puesto que los organizadores s¨ª podr¨ªan tener sus empresas de reventa. El proyecto tambi¨¦n contempla que la Generalitat pueda exigir a los organizadores de un evento que, en caso de suspensi¨®n de este, devuelva el dinero a quienes ten¨ªan una entrada. Adem¨¢s, proh¨ªbe que estos puedan cobrar por las entradas un precio superior al que se haya publicitado.
El consejero delegado de Ticketbis, Jon Uriarte, considera que la venta de entradas "deber¨ªa estar liberalizada", de modo que el mercado secundario de entradas no corra el riesgo de estar concentrado en pocas manos. A su juicio, Espa?a deber¨ªa seguir el modelo de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, que, dice, prohibieron la reventa callejera pero "vieron una oportunidad" en la venta de Internet para regular el sector.
La ley, en general, establece el r¨¦gimen jur¨ªdico aplicable al sector de las actividades y espect¨¢culos p¨²blicos, salvo las de car¨¢cter privado, las vecinales o las que est¨¦n dentro del Cat¨¢logo de Patrimonio Festivo de Catalu?a. Los organizadores deber¨¢n presentar una comunicaci¨®n previa para realizar sus actos, pero estar¨¢n sujetos a condiciones como respetar el aforo, cumplir con lo publicitado, no elaborar anuncios discriminatorios ni que inciten al consumo por parte de menores e informar "justificadamente" de cualquier cambio en el acto. Adem¨¢s, deber¨¢n tener personal de vigilancia y seguridad para garantizar el "control de acceso" y responder de "da?os y perjuicios" que se puedan producir por la organizaci¨®n y el desarrollo de la actividad.
Los grupos de izquierdas han chocado con el Ejecutivo de CiU en las atribuciones que se dan a entidades privadas en materia de seguridad o inspecci¨®n. La diputada de ERC Gemma Calvet ha citado, por ejemplo, los art¨ªculos 33 y 51 del borrador. El primero fija que la Generalitat puede "acreditar y habilitar entidades colaboradoras de la Administraci¨®n para que emitan informes t¨¦cnicos, certificaciones y actos de verificaci¨®n y control en el marco de los procedimientos previstos". El art¨ªculo 51 habilita a "entidades colaboradoras" habilitadas por la Generalitat "colaborar" en la inspecci¨®n. Calvet ha advertido de que "no es lo mismo" simplificar tr¨¢mites que "delegar" funciones a estas entidades, pues se corre el riesgo de que puedan "usurpar funciones de la Administraci¨®n p¨²blica".
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