La purga de arquitectos acelera el fracaso del urbanismo en Alicante

El aborto del plan general de ordenaci¨®n urbana (PGOU) de Alicante se sell¨® el pasado viernes por unanimidad de todos los partidos. Fue la constataci¨®n del fracaso de la gesti¨®n del Partido Popular, que durante 15 a?os no ha sabido concretar qu¨¦ modelo de ciudad quiere para Alicante y que ahora investigan los juzgados. Tambi¨¦n es la cr¨®nica de c¨®mo se desterr¨® del ¨¢rea de Urbanismo a los arquitectos municipales que elaboraron el plan urbano de la ciudad de 1987 (a¨²n vigente) y que no estuvieron dispuestos a firmar todo lo que se les pusiera delante.

Con las elecciones de mayo a la vista, el PP ha retirado un plan por el que est¨¢n imputados los dos ¨²ltimos alcaldes de la ciudad y varios de los principales responsables de los servicios jur¨ªdicos de la gerencia de Urbanismo, incluido el arquitecto contratado para elaborar el documento ahora despreciado. La mancha de la corrupci¨®n se extiende por los casos PGOU y Rabassa. Ambos dibujan una supuesta trama dise?ada para contentar al mayor constructor de la provincia y contratista municipal, Enrique Ortiz, quien en m¨¢s de una obra choc¨® con informes desfavorables de los arquitectos municipales.

El PP aparto a los expertos de las decisiones investigadas hoy por la justicia

El 13 de octubre de 2008, como consta entre la documentaci¨®n que instruye el juzgado del caso PGOU, Sonia Castedo, reci¨¦n nombrada alcaldesa, firm¨® uno de sus primeros decretos ¡°en aras de lograr una mayor eficacia en la gesti¨®n¡± de la gerencia de Urbanismo, un ¨®rgano con personalidad jur¨ªdica y patrocinio propio creado en 2001 y controlado por Castedo desde 2003. Supuso la decapitaci¨®n laboral de Miguel ?ngel Cano, jefe de Planificaci¨®n y Gesti¨®n, y de L¨¢zaro L¨®pez, jefe de Obras y Proyectos. Estos arquitectos eran las cabezas visibles de un grupo homog¨¦neo de aproximadamente 30 empleados municipales que se quedaron sin referentes.

Cano y L¨®pez pasaron de ser funcionarios de nivel 29 ¡ªel m¨¢ximo es 30¡ª a t¨¦cnicos de base. A Cano, premio nacional de Urbanismo en los a?os 80, Castedo le sustituy¨® por una arquitecta sin apenas experiencia que entr¨® en la bolsa de trabajo municipal tres meses antes, Mar¨ªa ?ngeles de la Sierra. L¨¢zaro L¨®pez simplemente pag¨® haber firmado m¨¢s de un informe negativo de los numerosos aparcamientos subterr¨¢neos licitados en la ciudad en favor de Ortiz. Cuatro d¨ªas despu¨¦s de los ceses, el PGOU sali¨® a exposici¨®n p¨²blica y, tras las alegaciones pertinentes, se aprob¨® en abril de 2009 con la firma de Jes¨²s Quesada, el arquitecto contratado y que, seg¨²n la polic¨ªa, se reuni¨® el constructor Enrique Ortiz en varias ocasiones. El decreto fue el golpe final a una resistencia que comenz¨® pr¨¢cticamente en 1996, apenas un a?o despu¨¦s de la llegada del primer gobierno del PP en Alicante de la mano de Luis D¨ªaz Alperi, seg¨²n las distintas versiones contrastadas con funcionarios y extrabajadores municipales.

Alperi instaba a los jefes de servicio a ayudar a la iniciativa privada

En sus inicios, Alperi explic¨® a varios jefes de servicio que su funci¨®n a partir de entonces deb¨ªa ser la de ayudar a la iniciativa privada, aut¨¦ntico motor de la econom¨ªa para el regidor. Cinco destacados arquitectos e ingenieros ¡ªManolo Beltr¨¤, Miguel Garulo, Alejandro Ibarra, Jaume Giner y Cano¡ª mantuvieron una reuni¨®n posterior que vers¨®, entre otros temas, sobre cu¨¢l deb¨ªa ser la labor del funcionario. La conclusi¨®n no coincidi¨® con la visi¨®n del entonces alcalde, quien en ocasiones, especialmente ante informes desfavorables a proyectos relacionados con Ortiz, lleg¨® a espetar a alg¨²n t¨¦cnico: ¡°?Pero t¨² qui¨¦n te crees, Dios?¡±.

La relaci¨®n de Alperi con los arquitectos siempre fue dif¨ªcil. Mantuvo fuertes encontronazos con el primer redactor del PGOU contratado, Llu¨ªs Cantallops, profesional reconocido y proclive a un urbanismo m¨¢s sostenible. En 2005, Cano y el jefe del Departamento T¨¦cnico de Planteamiento, Manuel Beltr¨¢, dieron el visto bueno al documento redactado por el urbanista catal¨¢n con ciertas salvedades. Luego Alperi lo despidi¨®.

Castedo sustituy¨® un premio nacional de Urbanismo por gente biso?a

No fue la ¨²nica v¨ªctima. Los arquitectos Sergio Mansanet y Climent Lozano informaron negativamente sobre el proyecto de adecuaci¨®n urban¨ªstica del barrio de Benal¨²a despu¨¦s de que el urbanizador presentara una modificaci¨®n con un sobrecoste millonario. El primero fue despedido y el segundo, funcionario de carrera, enviado a una oficina sin contenido donde ya le esperaban otros colegas, Miguel Garulo y Jaume Giner. El caso de este ¨²ltimo fue especialmente sangrante. Emiti¨® un informe contrario a enclavar un palacio de congresos en el Benacantil, el monte coronado por el castillo Santa B¨¢rbara. Al volver de vacaciones se encontr¨® su despacho ocupado. Pas¨® cuatro meses sin asignaci¨®n jer¨¢rquica hasta que fue rescatado por la edil de Hacienda, Mar¨ªa Teresa Revenga. Hab¨ªa sido jefe de Disciplina Urban¨ªstica 17 a?os.

La purga coincidi¨® con el auge inmobiliario tras la liberaci¨®n del suelo en el a?o 2000. La gesti¨®n del PP introdujo novedades: se empezaron a licitar conjuntamente los proyectos y la direcci¨®n de obra, de la que se apart¨® a los t¨¦cnicos municipales. Y los abogados fueron ganando peso en detrimento de los arquitectos hasta llegar a la situaci¨®n actual: el plan ha sido retirado, sus principales promotores est¨¢n imputados junto a los responsables jur¨ªdicos de Urbanismo y la ciudad desarrollada sin criterio alguno.