Alaya imputa a 34 empresarios de una tacada en los ERE

Tras m¨¢s de cuatro a?os de instrucci¨®n, la investigaci¨®n judicial del fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa no deja de deparar sorpresas. La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 nuevas personas y ampliado la acusaci¨®n a otros siete ex altos cargos de la Administraci¨®n auton¨®mica. Se trata de la acusaci¨®n masiva m¨¢s numerosa ordenada hasta la fecha por la juez, en una causa que acumula ya 265 imputados. Las 34 nuevas imputaciones afectan a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla que, seg¨²n la magistrada, recibieron cuantiosas subvenciones de la Administraci¨®n auton¨®mica al margen de la legalidad. Entre ellos se encuentran tres exalcaldes del PSOE de esta comarca sevillana: Antonio Diana (El Pedroso); Carmelo Montero (Guadalcanal) y Jos¨¦ Antonio M¨¦ndez (El Real de la Jara).

El caso ERE transcurre por tres v¨ªas. El Tribunal Supremo est¨¢ investigando a los cinco aforados en Cortes, entre ellos los expresidentes socialistas de Andaluc¨ªa Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, por el procedimiento administrativo por el que se pagaban los ERE, que Alaya considera ilegal y que constituye el n¨²cleo central de la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) tiene que decidir sobre la exposici¨®n razonada que ha enviado Alaya y que afecta a cuatro exconsejeros andaluces que son diputados auton¨®micos. Y el resto de la causa sigue en manos de la juez, que ha pedido retrasar su traslado a la Audiencia de Sevilla para acabar la instrucci¨®n de las macrocausas que tramita. El TSJA ha emitido un informe en el que apoya que Alaya prorrogue su estancia en el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla hasta que llegue el nuevo titular, pero la palabra definitiva la tiene el Consejo General del Poder Judicial.

El nuevo auto implica a empresarios que recibieron cuantiosas ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa, pero sobre todo persigue apuntalar los indicios contra el exconsejero de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera, diputado del PSOE en el Congreso y uno de los aforados que investiga el Supremo. La juez menciona a Viera tres veces en el auto. En una de las ocasiones, se?ala que en la documentaci¨®n sobre la subvenci¨®n a una empresa reza en el lado de una p¨¢gina ¡°Viera, como si su concesi¨®n hubiese sido a instancias del mismo¡±. En las otras dos apunta a Viera como personaje clave en la concesi¨®n de las ayudas, con la colaboraci¨®n del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, natural de la Sierra Norte.

Adem¨¢s, la juez ha enviado al Supremo el atestado de la Guardia Civil en el que se basa el auto con las nuevas imputaciones. En su informe, los agentes apuntan que la concentraci¨®n de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla pudo deberse a la mediaci¨®n de Viera, por ¡°decisiones de diferente ¨ªndole¡±, pero b¨¢sicamente por ¡°afinidades pol¨ªticas¡±. Diferentes empresas de la comarca sevillana recibieron en total 56 millones de euros, de los que 34 fueron para los empresarios ya imputados Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago. Los agentes destacan que la concentraci¨®n de ayudas en esta zona de Sevilla es ¡°desmesurada¡± y hacen hincapi¨¦ en que Sonia Viera, hija del exconsejero, trabajaba para estos dos empresarios cuando recibieron buena parte de las ayudas.

En su auto, la magistrada subraya que las nuevas imputaciones se fundamentan en que los empresarios recibieron las ayudas sin procedimiento administrativo alguno y en muchos casos sin que conste solicitud. Alaya ha acelerado esta parte de la investigaci¨®n cuando la fiscal¨ªa ha alertado en numerosas ocasiones del riesgo de prescripci¨®n, una posibilidad que la juez descarta pero que ser¨¢ empleada por las defensas de los nuevos imputados. Al margen de las nuevas imputaciones, Alaya ampl¨ªa sus acusaciones a otros ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa, entre ellos los exconsejeros Antonio Fern¨¢ndez y Mart¨ªn Soler.

La magistrada ha fijado las declaraciones de los nuevos imputados a partir del 23 de marzo, un d¨ªa despu¨¦s de la celebraci¨®n de las elecciones auton¨®micas. Todas las campa?as electorales celebradas en los ¨²ltimos a?os han contado con la irrupci¨®n de Alaya, cuyas decisiones han suscitado cr¨ªticas que ha deso¨ªdo de forma sistem¨¢tica. La m¨¢s pol¨¦mica fue el encarcelamiento del ex director general Javier Guerrero el d¨ªa que comenz¨® la campa?a de las elecciones de 2012. Aunque las nuevas imputaciones las ha fijado para despu¨¦s del 22-M, en esta ocasi¨®n ha vuelto a citar al ex consejero Antonio Fern¨¢ndez, que estuvo en prisi¨®n cuatro meses, el 3 de marzo, tres d¨ªas antes del inicio de la campa?a electoral.

Adem¨¢s, la magistrada ha convocado para el 19 de febrero a los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado para que ratifiquen el informe que presentaron sobre el procedimiento de pago de los ERE, un documento en el que Alaya basa sus sospechas sobre la c¨²pula del Gobierno aut¨®nomo. Paralelamente, ha reclamado al Tribunal Supremo que le env¨ªe el informe pericial elaborado por dos catedr¨¢ticos de Derecho Tributario y que ha presentado Gri?¨¢n para su defensa. Este informe defiende la legalidad del procedimiento de pago de los ERE, las llamadas transferencias de financiaci¨®n, una herramienta presupuestaria com¨²n en las Administraciones.