El Ayuntamiento de Alicante asegur¨® los intereses de Ikea al margen del TSJ

Modificar el plan urbano de Alicante para dar cobertura legal a Ikea en un espacio de la ciudad cuya planificaci¨®n urbana estaba suspendida por el Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana fue legal, seg¨²n el alto funcionario de Urbanismo, Jos¨¦ Luis Ortu?o.

M¨¢s de dos horas estuvo el jefe t¨¦cnico del Urbanismo de Alicante declarando como imputado ante el juez Juan Carlos Cer¨®n. El magistrado instruye el caso Rabassa, causa en la que Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cree que existi¨® un ama?o para conceder al constructor Enrique Ortiz la potestad sobre un espacio de m¨¢s de 2,5 millones de metros cuadrados.

En el barrio de Rabassa, uno de los pocos hacia donde puede crecer Alicante, el constructor ten¨ªa previsto edificar 13.500 viviendas entorno a un centro de Ikea. El plan urbano conten¨ªa varios informes t¨¦cnicos en contra y fue suspendido hasta en cuatro ocasiones por en tribunales. Sin embargo, el Ayuntamiento tir¨® adelante en su planeamiento.

Ortu?o reconoci¨® que el 21 de enero de 2010 se reuni¨® con representantes de la multinacional sueca y del promotor para sellar un acuerdo que el pleno de Alicante aprob¨® en menos de nueve d¨ªas. Seg¨²n Ortu?o, lo hicieron porque Ikea lo demand¨®.

La polic¨ªa, en su informe, calific¨® este movimiento como una ¡°argucia legal¡±. Los investigadores creen que el inter¨¦s porque Ikea se instalara en Rabassa resid¨ªa no tanto en el beneficio de la ciudad sino en el de Enrique Ortiz, que habr¨ªa cobrado por adelantado m¨¢s de 90 millones para gestionar su llegada a ese punto.

Ortu?o y la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, firmaron la modificaci¨®n para que se pudiera autorizar la implantaci¨®n de grandes superficies en Rabassa, frente a la gran circunvalaci¨®n de Alicante (antiguamente parte de la A-7). El lugar, seg¨²n un estudio de la Universidad de Alicante, es el punto donde toda gran superficie querr¨ªa estar. All¨ª confluyen las v¨ªas que dan acceso a la monta?a e interior de la provincia, as¨ª como a la pista que comunica Alicante con el resto del territorio.

Ortu?o, investigado por tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n, se mantuvo en la misma versi¨®n que Castedo, tambi¨¦n imputada: la sentencia del TSJ no afectaba al planeamiento de Rabassa, sino su ejecuci¨®n. Palabras que a o¨ªdos de las acusaciones particulares sonaron contradictorias tras asegurar Ortu?o que todo era legal, pero que no hubiera firmado sin una cl¨¢usula que advert¨ªa que el convenio quedaba sujeto a las decisiones de la Justicia.