La educaci¨®n para la paz se impartir¨¢ tambi¨¦n en la etapa universitaria

El Gobierno vasco y las universidades de la comunidad han acordado ampliar la educaci¨®n para la paz y la convivencia a la ense?anza superior. La Secretar¨ªa de Paz y Convivencia, la UPV, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea han celebrado hoy en Vitoria una reuni¨®n de la Comisi¨®n de Seguimiento del Convenio de colaboraci¨®n que firmaron en esta materia.

En la reuni¨®n se ha hecho entrega del trabajo correspondiente a 2014, la Reinserci¨®n de las personas presas de ETA: an¨¢lisis jur¨ªdico de su estado actual y orientaciones de futuro, coordinado por Jon Landa.

El informe que se elaborar¨¢ este a?o se centrar¨¢ en estudiar iniciativas o proyectos posibles de educaci¨®n para la paz, la convivencia y los derechos humanos en el ¨¢mbito universitario, dentro del Convenio que el Ejecutivo y las tres universidades firmaron el 8 de enero de 2014 dentro de la iniciativa 11 del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno auton¨®mico.

El trabajo de 2015 consistir¨¢ en realizar una reflexi¨®n conjunta entre las tres universidades sobre c¨®mo se podr¨ªa abordar la educaci¨®n para los derechos humanos, la paz y la convivencia en el ¨¢mbito universitario, como se est¨¢ realizando en la ense?anza obligatoria a trav¨¦s del m¨®dulo Adi-adian y el programa Elkarrekin.

En la reuni¨®n de hoy, el Gobierno ha recibido el informe correspondiente al trabajo de 2014, que analiza "el consenso internacional y europeo en torno a la legislaci¨®n penitenciaria para la reinserci¨®n de presos por terrorismo". El trabajo ha estado coordinado por el profesor Jon Mirena Landa y Joxe Ram¨®n Bengoetxea y ha contado con aportaciones de otros 13 profesores del ¨¢mbito europeo.

Este informe, titulado Reinserci¨®n y personas presas de ETA: an¨¢lisis jur¨ªdico de su estado actual y orientaciones de futuro, establece varias conclusiones como que "no cabe pol¨ªtica penitenciaria especial para ning¨²n colectivo, sino que debe ser individualizada". Entre las conclusiones del informe tambi¨¦n est¨¢ que no hay "base en el derecho internacional que legitime una pol¨ªtica especial antiterrorista en materia penitenciaria".

En cuanto a los fines de la pena, el informe universitario sostiene que ¨¦sta debe orientarse "a la reinserci¨®n del penado", mientras que en el Estado espa?ol hay una "falta de claridad" en los casos de terrorismo que "impide que el derecho de reinserci¨®n se desarrolle con los est¨¢ndares propios del emergente derecho internacional de los derechos humanos en el ¨¢mbito penitenciario".

En este sentido, los autores del informe consideran que resultan alejadas de esos est¨¢ndares varias pol¨ªticas como la dispersi¨®n, el alejamiento, el primer grado de aplicaci¨®n a todos los condenados o que se impongan penas de hasta 40 a?os de prisi¨®n. Plantean que idealmente las penas no deber¨ªan superar los 15 a?os de c¨¢rcel y, en ning¨²n caso, los 30.

Por otro lado recuerdan que el derecho internacional s¨ª apunta la petici¨®n de perd¨®n, el arrepentimiento o la colaboraci¨®n activa como aspectos positivos en los procesos de reinserci¨®n, aunque el informe a su vez subraya que debe hacerse no de manera "coactiva bajo amenaza de bloqueo" de la progresi¨®n de grado.

"La coacci¨®n legal convierte a la reinserci¨®n en rehabilitaci¨®n forzada, intrusiva y laminadora de los derechos fundamentales del interno", recalca. Por ¨²ltimo, el informe hace una reflexi¨®n final en la que reconoce que los presos de ETA y de la propia organizaci¨®n han tenido una actitud frente a la pol¨ªtica penitenciaria como "lucha pol¨ªtica contra el Estado", lo que ha "marginado" las posibilidades de hacer efectivos los derechos de los presos.

Concluye que la aceptaci¨®n de la legislaci¨®n penitenciaria anunciada por representantes de "una gran mayor¨ªa" de los presos de ETA "deber¨ªa abrir una nueva etapa" y contribuir a "hacer desaparecer la tentaci¨®n de usar la pol¨ªtica penitenciaria para fines distintos de aquellos que se derivan del principio de reinserci¨®n".