Una inacci¨®n demasiado cara
La Junta retrasa un a?o la ejecuci¨®n de 24 sentencias del Supremo y afronta ahora los salarios atrasados a 700 extrabajadores que pueden elevarse a 60 millones
La Junta afronta un agujero financiero que puede alcanzar los 60 millones. 14 de febrero de 2014: El Tribunal Supremo anula el despido de seis trabajadores adscritos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y obliga a su readmisi¨®n. La sentencia sienta jurisprudencia y denuncia un ¡°fraude de ley¡± por parte de la Junta, a la que insta a resarcir al colectivo al completo, formado por 787 t¨¦cnicos, denominados Agentes Locales de Promoci¨®n y Empleo (ALPE). 14 de febrero de 2015: El Ejecutivo tramita la readmisi¨®n de los primeros 46 trabajadores con sentencia judicial firme, declarando la nulidad del despido.
?Qu¨¦ ha pasado durante este a?o en el que la Junta ha ignorado un fallo ineludible del Supremo? Recursos y dilaciones judiciales. Mientras que se retrasaba la ejecuci¨®n de las sentencias y la reincorporaci¨®n de estos t¨¦cnicos, el reloj corr¨ªa, la mayor tasa de paro regional del pa¨ªs se manten¨ªa (ronda el 34%), y los salarios de los trabajadores se estaban abonando (tal y como confirmar¨¢n este a?o decenas de jueces de lo Social). Y sin embargo, todos ellos han permanecido en sus casas, con un coste estimado de 70.000 euros al d¨ªa, y sin el asesoramiento a las empresas para lograr que la econom¨ªa andaluza, especialmente la rural, prospere.
En este a?o improductivo, como era obvio, las sentencias firmes del alto tribunal se han repetido en cascada y ya son 24 colectivas y 50 individuales en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). Traducci¨®n: el Supremo ha obligado a la Junta a readmitir a 315 empleados de los 787 despedidos en el ERE ejecutado sin negociaci¨®n por parte de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa en septiembre de 2012. Pero los fallos seguir¨¢n sucedi¨¦ndose en 2015. Dos a?os y medio despu¨¦s, esta semana seis jueces de lo Social de C¨¢diz han dictado medidas contundentes para forzar a la Junta a que ingrese a los despedidos los salarios de tramitaci¨®n sin percibir. De momento, el Ejecutivo sigue resisti¨¦ndose a pagar pese a lo inevitable, pese a la ejecuci¨®n de las sentencias.
¡°El tema es irreversible desde hace un a?o, pero sobre todo es un despilfarro econ¨®mico descomunal. No comprendemos esa irresponsabilidad, porque la parte laboral es angustiosa porque lo estamos pasando mal, pero la gesti¨®n del asunto es escandalosa¡±. Javier Urbano, presidente de la asociaci¨®n de estos afectados, denota incredulidad. Esta semana de precampa?a se ha reunido con los l¨ªderes del PP e IU para recabar apoyos, arrancar promesas, pero sobre todo para acelerar que la Junta d¨¦ su brazo a torcer de una vez, inapelable soluci¨®n al conflicto tras jugar y ganar la carta de los tribunales.
Es un despilfarro econ¨®mico descomunal¡±, critica uno de los afectados
¡°Hicieron un ERE en el que no pudimos negociar nada y un Gobierno socialista aplic¨® la reforma laboral del PP. Incluso los sindicatos nos abandonaron. Sentimos un maltrato absoluto. No nos concedieron ni una reuni¨®n, y solo han reaccionado dos a?os despu¨¦s con una mesa de negociaci¨®n actualmente bloqueada¡±, critica Antx¨®n Urrestarazu, de la asociaci¨®n que agrupa a los t¨¦cnicos. ¡°El empleo se crea en el territorio con t¨¦cnicos especializados. ?ramos un ejemplo de colaboraci¨®n institucional entre Ayuntamientos y Junta y han despreciado ese valor. Luego no puedes lamentarte del paro, porque el empleo no se crea a golpe de bolet¨ªn¡±, a?ade.
El agujero en las cuentas aumenta d¨ªa tras d¨ªa, aunque nadie sabe concretar su cuant¨ªa exacta. Por un lado, la Junta alega que una parte del colectivo no ha denunciado ni prev¨¦ denunciarles por diferentes razones como haber encontrado un empleo mejor en estos dos a?os de dilaci¨®n, aunque con la crisis es dif¨ªcil que supere el 10% de los despedidos. Y por el otro, la factura del impago sigue creciendo sin que ning¨²n trabajador haya sido readmitido a¨²n. El agujero en torno a 60 millones permanecer¨¢ hasta que se promueva una modificaci¨®n presupuestaria o sea reajustado con otra partida que no se ejecute.
En el tr¨¢mite de readmisi¨®n de los primeros 46 t¨¦cnicos en el SAE, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa est¨¢ pendiente de los informes de los servicios jur¨ªdicos, y de la Consejer¨ªa de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica para que se?ale c¨®mo se les paga desde ahora y d¨®nde se ubican ¡ªdado que las Unidades Territoriales de Empleo (UTEDLT) donde estaban han desaparecido¡ª. Adem¨¢s, Econom¨ªa ha decidido por fin abrir la v¨ªa para alcanzar acuerdos extrajudiciales e interrumpir los recursos de s¨²plica ante el TSJA ante el resultado infructuoso y dilatorio para el funcionamiento de la justicia. ?C¨®mo se ha llegado a esta situaci¨®n? ¡°Ha habido un tap¨®n raro, porque ten¨ªamos informaci¨®n interna de la Junta para realizar propuestas y solucionar el tema¡±, apunta Urbano.
Mientras que el secretario general del SAE, Antonio Gonz¨¢lez, ha rechazado opinar al respecto, fuentes de la negociaci¨®n de la Junta, admiten: ¡°Ha sido un a?o perdido y el embolao es muy gordo. Preveo que en mitad de la campa?a alguien de muy arriba dir¨¢ que todos para dentro¡±.
Interrogatorio policial a los t¨¦cnicos
En paralelo al agujero econ¨®mico, la justicia investiga la gesti¨®n de estos 787 extrabajadores por parte de la extinta Consejer¨ªa de Empleo. El caso est¨¢ en un momento incipiente y esta semana la polic¨ªa ha interrogado a numerosos extrabajadores que ejerc¨ªan desde los consorcios de Ja¨¦n y Huelva.
La investigaci¨®n surgi¨® tras un informe previo de la C¨¢mara de Cuentas (al igual que los cursos de formaci¨®n) que hall¨® irregularidades al fiscalizar 25 de los 95 centros donde trabajaban estos t¨¦cnicos. A continuaci¨®n, el fiscal superior, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, orden¨® a la polic¨ªa judicial que investigara y concluy¨® con un decreto en el que apuntaba a una posible malversaci¨®n de fondos. El fiscal subrayaba una supuesta falta de actividad en algunos consorcios, por lo que ordenaba a los fiscales provinciales que realizaran una ¡°labor de campo¡± para identificar los indicios recabados y averiguar por qu¨¦ la Consejer¨ªa no conserva la documentaci¨®n de los consorcios, peso a que deb¨ªa guardarlos durante cinco a?os, seg¨²n la ley.
Adem¨¢s, el fiscal cuestiona las ayudas por 57 millones que recibieron los consorcios entre 2010 y 2012, as¨ª como el sistema de incentivos para los 697 t¨¦cnicos y 90 directores de centros ¡°que podr¨ªa carecer de suficiente cobertura legal¡±.
De las diligencias abiertas en las ocho provincias, C¨®rdoba ya ha presentado denuncia en los juzgados. Pero no porque haya concluido su investigaci¨®n, sino por el riesgo de que prescriba el l¨ªmite del 4 de marzo que tiene la fiscal¨ªa. Eso s¨ª, la Fiscal¨ªa de M¨¢laga ha pedido otra pr¨®rroga y le ha sido concedida.
Mientras, fuentes de la Junta sit¨²an el origen del problema en la ola de recortes en 2012 del Gobierno central, cuyos fondos para el empleo sufrieron un recorte de 398 millones desde los 1.500 del ejercicio anterior. Otro asunto es la gesti¨®n a posteriori.
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