CiU fren¨® una multa al hotelero avalado por el hermano de Felip Puig

El Ayuntamiento de Sitges, gobernado por CiU, fren¨® en 2011 una resoluci¨®n de sanciones aprobada por el anterior gobierno municipal, del PSC contra Port Sitges Resort, un hotel que opera sin la preceptiva licencia. Port Sitges Resort es propiedad de Francisco Valverde y fue avalado por Jordi Puig Godes, socio suyo y hermano del consejero de Empresa y Trabajo, Felip Puig. Jordi Puig aval¨® ante notario la mitad de los 1,4 millones de euros que Port Sitges Resort adeuda al gestor del puerto de Sitges-Aiguadol?, donde se ubica el establecimiento. Port Sitges Resort opera sin licencia hotelera desde 2001 y el Consistorio de Sitges inici¨® en 2010 un proceso para cerrarlo. Poco despu¨¦s de las elecciones municipales de 2011, el proceso sancionador fue aparcado y finalmente expir¨®.

El Ayuntamiento de Sitges liderado por el PSC autoriz¨® en noviembre de 2010 una operaci¨®n encubierta de la polic¨ªa municipal para determinar si el resort de Valverde operaba como hotel. El establecimiento solo contaba con un permiso de centro deportivo con derecho a dar albergue a ¡°marineros en tr¨¢nsito¡±. Una pareja de agentes pas¨® una noche en el recinto y confirm¨® que el uso hotelero no se correspond¨ªa con su permiso. El Ayuntamiento, para corroborar la versi¨®n de la polic¨ªa, recab¨® el testimonio firmado del presidente del puerto de Sitges y del presidente del Gremio de Hosteler¨ªa, que confirmaron que el establecimiento actuaba como hotel. El entonces concejal de Urbanismo, Armand Paco, firm¨® una resoluci¨®n sancionadora en marzo de 2011. En mayo se celebraron las elecciones municipales y CiU fue la fuerza que consigui¨® formar un nuevo gobierno. El expediente sancionador caduc¨® en septiembre sin que el nuevo gobierno lo ejecutara.

La resoluci¨®n establec¨ªa una multa de hasta 50.000 euros y la apertura de un proceso sancionador para incluso llegar a cerrar temporalmente el resort ¡°si se constata el riesgo de una afecci¨®n grave para el medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas¡±. Armand Paco, hoy l¨ªder del grupo opositor Entesa per Sitges, grupo escindido del PSC, explica que el objetivo de la resoluci¨®n era ¡°proceder al cierre del hotel¡±.

La concejal de Urbanismo de Sitges, Elena Redondo, confirma que el Consistorio dej¨® expirar el expediente. La raz¨®n de esta decisi¨®n, seg¨²n Redondo, es que el concejal de Competitividad y Ocupaci¨®n, Jordi Mas, consider¨® que no ten¨ªa sentido ejecutar la resoluci¨®n porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) hab¨ªa sentenciado contra la Generalitat cuando el Departamento de Territorio mult¨® en 2007 a Port Sitges Resort con 120.000 euros. La Generalitat mult¨® a la gestora del hotel por infracciones graves al operar sin licencia hotelera. El TSJC dict¨® que el uso del permiso de hospeder¨ªa para marineros en tr¨¢nsito puede ser flexible. Ra¨²l Alvar¨ªn, exdirector de Urbanismo de Sitges, asegura que la resoluci¨®n sancionadora de su departamento ten¨ªa en cuenta la sentencia del TSJC. ¡°Esta se produjo a partir de una denuncia de la Generalitat por no tener licencia, cuando s¨ª que la ten¨ªan, pero no de hotel. Nuestro expediente fue incoado precisamente por esto¡±, dice Alvar¨ªn.

La ley proh¨ªbe las instalaciones hoteleras en espacios portuarios, aunque permite hacer excepciones por motivos de inter¨¦s general. En Catalu?a solo hay dos hoteles dentro de zonas portuarias, en Barcelona y en Matar¨®. El TSJC tambi¨¦n sentenci¨® en firme el pasado diciembre una orden de derribo parcial del Port Sitges Resort porque incumpl¨ªa con las dimensiones establecidas por ley. Valverde construy¨® un hotel de 48 habitaciones a partir de un permiso de obras concedido por el Ayuntamiento en 1999.

Port Sitges Resort debe 1,4 millones de euros a la gestora del puerto de Aiguadol?

Valverde tiene previsto demandar al Ayuntamiento por da?os que sus abogados cuantifican en cuatro millones de euros. El Consistorio tuvo que ejecutar en enero el derribo como responsable subsidiario. Valverde se hab¨ªa negado a ejecutar la sentencia y finalmente esgrimi¨® que no pod¨ªa asumir la obra porque el hotel est¨¢ en concurso de acreedores.

Redondo concedi¨® el contrato de derribo, de 339.000 euros, a la empresa de un directivo del hotel. Esta empresa, Cubiblok, domiciliada en Castellbisbal, no hab¨ªa trabajado antes en Sitges y fue invitada por el Ayuntamiento, junto a otras dos competidoras, a presentar una oferta por el contrato. Entesa per Sitges y otros partidos de la oposici¨®n cuestionar¨¢n al gobierno municipal sobre este asunto durante el pleno de hoy. Paco informa de que investigar¨¢n la concesi¨®n del contrato y si detectan irregularidades presentar¨¢n una denuncia ante la Fiscal¨ªa. Paco explica que no se pudo iniciar el expediente antes del 2011 porque el hotel estaba todav¨ªa inmerso en varios recursos judiciales. ¡°Valverde se negaba a ejecutar el derribo e iniciamos los tr¨¢mites para cerrarlo para que el Ayuntamiento no tuviera que ser responsable subsidiario¡±, a?ade Paco.

Elena Redondo particip¨® en 2013 en la enmienda a la ley de Costas presentada por CiU ante el Congreso. La enmienda supon¨ªa excluir de la zona portuaria la urbanizaci¨®n del poblado de Aiguadol?, pero tambi¨¦n establecimientos como Port Sitges Resort, maniobra que habr¨ªa permitido su legalizaci¨®n. La enmienda no tir¨® adelante.

Port Sitges Resort debe 1,4 millones de euros a la gestora del puerto. Valverde y la por entonces operadora del hotel, la sociedad Beach Ib¨¦rica, fueron avalados en 2012 por Jordi Puig en una quita negociada durante los primeros compases del concurso de acreedores. Beach Ib¨¦rica fue investigada en 2014 por la comisi¨®n de prevenci¨®n de blanqueo de capitales del Gobierno porque ayud¨® a desviar 80.000 euros que Puig ten¨ªa en el extranjero. Valverde y Puig son, adem¨¢s, socios en la constructora Diner Hotels.