El plan de Ikea en Alicante se aprobar¨¢ tras las elecciones
Solo un informe contrario al proyecto, muy contestado en la ciudad, puede causar su retirada
El proyecto de instalaci¨®n de Ikea en Alicante no se aprobar¨¢ antes de las elecciones de mayo. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, descart¨® ayer que puedan cumplirse los plazos de esta Actuaci¨®n Territorial Estrat¨¦gica (ATE) que impulsa el empresario Enrique Ortiz, imputado en Brugal y procesado en G¨¹rtel, y que est¨¢ judicializada en distintas causas.
El mayor proyecto urban¨ªstico de Alicante, y el m¨¢s pol¨¦mico, no lo completar¨¢ el actual gobierno, que decidi¨® convertirlo en ATE por sus supuestas beneficios sociales el pasado verano a petici¨®n de la sociedad Alicante Avanza, en la que Ortiz y Bankia superan el 80% de la propiedad.
Seg¨²n Bonig, el promotor tendr¨¢ la ¨²ltima palabra sobre una iniciativa que contempla construir junto la tienda Ikea uno de los mayores macrocentros de Europa, la parte que m¨¢s contestaci¨®n levanta en la ciudad. Si existiese informes desfavorables, la Consejer¨ªa lo estudiar¨ªa y de estar razonado se aprobar¨ªa. Solo as¨ª caer¨ªa el ATE, si el promotor no quiere hacer caso a las alegaciones ciudadanas est¨¢ en su derecho, seg¨²n lo comentado por Bonig.
La federaci¨®n provincial Facpyme cree que clonar¨ªa la oferta ya existente y causar¨ªa una suerte de terremoto mortal en el comercio comarcal. Bonig se escud¨® en los informes de la Direcci¨®n de Comercio, que no contradicen el sexto gran centro comercial de la ciudad y que supera a todos los dem¨¢s en espacio. Ayer al pregunt¨¢rsele si hab¨ªa sido responsable admitir como ATE, figura que agiliza las tramitaciones urban¨ªsticas normales, un proyecto tan pol¨¦mico, la consejera se puso de lado al decir que la administraci¨®n solo puede tramitar y decir si est¨¢ bien o no.
Pol¨¦micas judiciales
Bonig se esforz¨® ayer en demostrar que la ATE de Alicante Avanza no se aprobar¨¢ si no se ajusta a la legalidad. El proyecto es casi calcado del plan Rabassa, el primer intento de urbanizaci¨®n del barrio y por el que est¨¢n imputados la exalcaldesa Sonia Castedo y el propio Ortiz. La polic¨ªa incluso cree que la ATE es una extensi¨®n del plan, hoy pendiente de una resoluci¨®n del Supremo tras anularlo en varias ocasiones el TSJ valenciano. Este tribunal, adem¨¢s recibi¨® tres peticiones de suspensi¨®n cautelar de la ATE, una de ellas resuelta con un ¡°no procede¡± que ha servido a Bonig para lanzar la tramitaci¨®n.
Propietarios del suelo donde se situar¨¢ la multinacional alegan que el plan avalado por la Generalitat concede la potestad de su suelo a Ortiz porque el constructor aporta m¨¢s de 800.000 metros cuadrados de suelo, casi la mitad del proyecto. Ese suelo, calificado de rural, ser¨¢ permutado por la parcela urbana donde se situar¨¢n las infraestructuras comerciales, un suelo mucho m¨¢s caro que el aportado por el constructor.
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