La Generalitat comprar¨¢ viviendas con riesgo de desahucio a la banca

La Generalitat y los ayuntamientos tendr¨¢n derecho de compra preferente de las viviendas que est¨¦n en manos de entidades financieras y sobre las que pese un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria para evitar m¨¢s desahucios. Con esta medida, la Administraci¨®n catalana pretende impedir que los pisos en los que residen familias ¡°en situaci¨®n de vulnerabilidad¡± puedan pasar a manos de fondos internacionales, especialmente activos en la compra de lotes de pr¨¦stamos morosos y viviendas. Las Administraciones temen que esas adquisiciones desemboquen en una nueva oleada de desahucios.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, explic¨® ayer tras la reuni¨®n del Consell Executiu que la Agencia Catalana de Vivienda ha reservado ocho millones de euros para estas adquisiciones, a las que se a?adir¨¢n las cantidades que se recauden con el impuesto que grava los pisos vac¨ªos en manos de la banca ¡ªcon el que se preve¨ªa recaudar hasta 26 millones de euros¡ª y los fondos de los que dispongan los consistorios. La medida, seg¨²n fuentes de la consejer¨ªa, tambi¨¦n afectar¨¢ a la Sareb, el banco malo.

Seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), en 2014 se produjeron 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, de las cuales 12.878 correspond¨ªan a pisos de segunda mano. La Generalitat considera que ¡°buena parte¡± de este parque de viviendas podr¨ªa pasar a manos de fondos internacionales a ¡°precios reducidos¡±.

La medida, que se incluye dentro del decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para proteger las familias en situaci¨®n de vulnerabilidad residencial, consiste en dar derecho de tanteo y retracto ¨Ces decir, compra preferente¡ª sobre cualquier operaci¨®n de estas caracter¨ªsticas en las 72 localidades en las que hay m¨¢s dificultades de vivienda, que incluyen Barcelona y su ¨¢rea metropolitana.

La Generalitat podr¨¢ destinar a alquiler social los pisos que la banca mantenga sin rehabilitar

Ese derecho de las Administraciones, que se podr¨¢ ejercer hasta 2021, supondr¨¢ que las entidades financieras deban comunicar a la Generalitat cualquier operaci¨®n de venta de viviendas. El Ejecutivo tendr¨¢ preferencia para comprar la casa por el mismo precio por el que iba a ser adquirida por un tercero. En la operaci¨®n podr¨¢n participar los ayuntamientos. Vila, que dijo que el decreto entrar¨¢ en vigor ¡°de forma inmediata¡±, consider¨® que muchas entidades ¡°preferir¨¢n¡± por una ¡°cuesti¨®n de reputaci¨®n¡± vender los pisos a la Generalitat que a un fondo de inversi¨®n, que adoptar¨¢ otros criterios para gestionar esas viviendas.

Otra de las medidas del decreto pasa por obligar a ejecutar obras de rehabilitaci¨®n de las viviendas vac¨ªas que proceden de ejecuciones hipotecarias o de daciones en pago. En caso de incumplir con esa obligaci¨®n, las entidades pueden ser sancionadas con una multa de hasta 90.000 euros.

Si la vivienda, adem¨¢s, est¨¢ ubicada en una de las 72 localidades con mayor demanda de vivienda, la Generalitat podr¨¢ reclamar la cesi¨®n temporal del inmueble para llevar a cabo las obras de rehabilitaci¨®n y destinarlas a familias en riesgo de exclusi¨®n en un plazo de diez a?os. Esta medida ya estaba contemplada con otros supuestos en la ley de Vivienda del Gobierno de Jos¨¦ Montilla bajo la f¨®rmula del alquiler forzoso, que el primer ejecutivo de Artur Mas elimin¨® en 2011 mediante la ley ?mnibus. ¡°En ning¨²n momento el decreto contempla la cesi¨®n obligatoria ni se pone en duda la propiedad de los inmuebles¡±, a?adi¨® Vila.

El decreto ley del Gobierno tambi¨¦n da la consideraci¨®n de ¡°colectivo prioritario¡± a las familias que hayan sufrido una ejecuci¨®n hipotecaria y que residan en este piso con un alquiler social. El Gobierno pretende de este modo garantizar la permanencia de estas familias en la vivienda y evitar que exista el riesgo de un posible doble desahucio.

El decreto, por ¨²ltimo, prev¨¦ la creaci¨®n de un registro administrativo de viviendas vac¨ªas que sean propiedad de entidades financieras y empresas, que tendr¨¢n un plazo m¨¢ximo de tres meses para inscribirse en ¨¦l. La Generalitat quiere contrastar con este registro la cifra que hasta ahora se da por buena de 448.000 viviendas vac¨ªas, que procede del censo de poblaci¨®n del Instituto Nacional de Estad¨ªstica. Esta cifra, seg¨²n el departamento, ha sido puesta en duda por el sector y no corresponde a lo que la Generalitat entiende como ¡°piso vac¨ªo¡±.