Expedientados 24 grupos de empresas y sindicatos por el ¡®caso Aneri¡¯

La Comunidad de Madrid ha detectado irregularidades en los cursos de teleformaci¨®n de 118 de las 150 asociaciones empresariales y sindicatos que ha auditado a ra¨ªz de la presunta trama de corrupci¨®n destapada por EL PA?S y conocida como el caso Aneri. La trama habr¨ªa estafado hasta 17 millones de euros de subvenciones de dinero de fondos estatales y regionales para formaci¨®n: 5,5 millones corresponden a Madrid entre 2010 y 2013 (2,7 millones los habr¨ªa defraudado Jos¨¦ Luis Aneri).

El Ejecutivo auton¨®mico dej¨® de

Veinticuatro casos de asociaciones son particularmente graves, y solo ocho superaron el examen de manera completamente satisfactoria, seg¨²n la Consejer¨ªa de Empleo, Turismo y Cultura, que dirige Ana Isabel Mari?o. El Gobierno regional, que desde el ejercicio pasado no financia la teleformaci¨®n, remiti¨® la semana pasada los datos a la polic¨ªa, ante la sospecha de fraude en algunos casos.

Los cursos online auditados, en un proceso que comenz¨® el pasado mayo y afect¨® a 40 plataformas de formaci¨®n a distancia, corresponden a los realizados con subvenciones regionales otorgadas en 2011 y 2012 (los de 2013 a¨²n est¨¢n en proceso de justificaci¨®n por parte de las entidades beneficiarias). Los cursos con alg¨²n tipo de tacha recibieron 12,5 millones de fondos p¨²blicos para formar a 32.000 alumnos. La Comunidad subraya que los estudiantes afectados son ¡°aproximadamente el 10%¡±. ¡°Eso no significa que no hayan realizado los cursos¡±, a?aden en el Ejecutivo de Ignacio Gonz¨¢lez (PP).

Por fechas, los cursos de formaci¨®n revisados fueron dados por 43.000 alumnos. La mayor¨ªa de las deficiencias detectadas son de ¡°car¨¢cter leve¡±, seg¨²n el Ejecutivo auton¨®mico, y dar¨¢n lugar como mucho a un expediente administrativo. No es el caso de 23 asociaciones empresariales y un sindicato, donde los auditores no han podido comprobar si los cursos sospechosos, financiados con 3,1 millones, realmente fueron realizados por 9.000 alumnos.

Los responsables de las plataformas tecnol¨®gicas presentaron excusas como la imposibilidad de aportar datos por haber borrado la informaci¨®n de los alumnos y los cursos una vez realizados, o directamente se negaron a entregarlos, infringiendo la legislaci¨®n. La Comunidad ha iniciado la apertura de expedientes y exigir¨¢, adem¨¢s, que se devuelvan las subvenciones si las asociaciones en duda no son capaces de demostrar que los cursos se realizaron. La Ley General de Subvenciones tipifica como infracci¨®n muy grave ¡°la resistencia, excusa, obstrucci¨®n o negativa a las actuaciones de control¡±.

El Ejecutivo auton¨®mico suprimi¨® el a?o pasado las ayudas a la teleformaci¨®n, despu¨¦s de que trascendiera un posible fraude en los expedientes de varias asociaciones empresariales. La Comunidad reclam¨® la devoluci¨®n de las subvenciones mal utilizadas. La Consejer¨ªa de Empleo impuso sanciones que incluyen el pago de hasta el triple de las cantidades no justificadas, as¨ª como la prohibici¨®n de recibir ayudas p¨²blicas en cinco a?os.

Tras suspender las ayudas a la teleformaci¨®n, el Gobierno regional anunci¨® en mayo del a?o pasado una auditor¨ªa de todos los servidores usados por las asociaciones y sindicatos. Este trabajo fue encargado a inform¨¢ticos forenses. ¡°Su trabajo equivale al de los peritos judiciales, es decir, se podr¨¢ emplear ante un tribunal en el caso de que fuera necesario tras tener constancia de fraude¡±, explic¨® hace casi un a?o Mari?o en la Asamblea de Madrid.

Los casos m¨¢s extremos que se encontraron los auditores durante el rastreo de las 40 plataformas de teleformaci¨®n fueron la existencia de duplicidades de datos personales en los registros de alumnos, estudiantes que acumulaban un n¨²mero anormalmente alto de cursos o c¨®mo se hab¨ªan inflado los tiempos de conexi¨®n de los aprendices. Tambi¨¦n se dieron otros m¨¢s leves, que consist¨ªan en cuestiones t¨¦cnicas que no exige la normativa. Por ejemplo, que no se registrase la direcci¨®n IP del alumno, lo que dar¨¢ lugar a procesos administrativos en los que las entidades deber¨¢n devolver parte del dinero.

El pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la raz¨®n al Gobierno madrile?o frente a la Asociaci¨®n Profesional de Salas de Despiece, una de las 35 asociaciones que contrataron cursos online con Sinergia Empresarial, la empresa epicentro de la presunta trama corrupta organizada por Aneri. La secci¨®n octava de la Sala de lo contencioso-administrativo fall¨® ¡°la obligaci¨®n de reintegro¡± de m¨¢s de 187.000 euros a la Comunidad. Para el Ejecutivo auton¨®mico, la decisi¨®n del tribunal conlleva un antecedente frente a la negativa a devolver las subvenciones para teleformaci¨®n de muchas de las asociaciones que dieron cursos bajo sospecha.

De los 5,5 millones concedidos a las entidades relacionadas con la red de Aneri, la consejer¨ªa de Empleo entiende que le deben devolver 3,9 millones. Mari?o revoc¨® las subvenciones desde septiembre de 2012, tras conocer la falta de justificaci¨®n e irregularidades en la mayor¨ªa de los cursos.

Adem¨¢s de Aneri, los investigadores de la supuesta trama de corrupci¨®n otorgan un papel destacado a Alfonso Tezanos, expresidente de la Comisi¨®n de Formaci¨®n de la C¨¢mara de Comercio. Tezanos tambi¨¦n desempe?¨® cargos en la patronal madrile?a (CEIM) y tuvo responsabilidades en las organizaciones empresariales de comerciantes Fedecam y Cecoma.