La banca tiene tres meses para decir cu¨¢ntas casas de desahucios posee

Las entidades financieras, fondos de inversi¨®n y el banco malo ¡ªla Sareb¡ª tendr¨¢n tres meses para informar a la Generalitat sobre todas las viviendas vac¨ªas que tienen en sus manos que procedan de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. A partir de ese registro el Gobierno catal¨¢n podr¨¢ aplicar el impuesto sobre pisos desocupados, cuyo proyecto de ley est¨¢ en el Parlament, y realizar las actuaciones oportunas para conocer el estado en el que se encuentran y requerir su rehabilitaci¨®n. El decreto que crea el registro, aprobado ayer por el Consell Executiu, tambi¨¦n contempla la opci¨®n de compra preferente por parte de las Administraciones de viviendas cuyos residentes corran el riesgo de ser desahuciados.

La Secretar¨ªa de Vivienda, que dirige Carles Sala, quiere ampliar el parque de pisos sociales en las zonas con m¨¢s demanda. El decreto ley de medidas urgentes para movilizar viviendas procedentes de procesos de ejecuci¨®n hipotecaria contempla que las Administraciones podr¨¢n ejercer el derecho de tanteo y retracto ¡ªes decir, de compra preferente¡ª cuando una empresa, entidad financiera, fondo de inversi¨®n o la Sareb vaya a desprenderse de un piso sobre el que pesa un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria en alguno de los 72 municipios con mayor demanda de vivienda. El texto entrar¨¢ en vigor cuando sea publicado en el Documento Oficial de la Generalitat de Catalu?a (DOGC), lo cual se prev¨¦ que ocurra esta misma semana.

Fuentes del Ejecutivo catal¨¢n explicaron que estiman que la banca tiene en sus manos entre 10.000 y 20.000 viviendas desocupadas en las ¨¢reas con mayor demanda. Esa cifra, que ahora es una amplia horquilla, debe ser confirmada mediante el registro, al que posteriormente deber¨¢n apuntarse todos los propietarios de viviendas vac¨ªas de Catalu?a. Los ocupantes de las casas que pasar¨¢n a manos de las Administraciones ¡ªque a su vez podr¨¢n cederlas a entidades del tercer sector, como estas hab¨ªan reclamado¡ª pasar¨¢n a pagar un alquiler social, cuyo importe medio es de 212 euros mensuales.

El Departamento de Territorio y Vivienda, dirigido por Santi Vila, est¨¢ ya explorando el mercado y la pr¨®xima semana podr¨ªa anunciar ya las primeras operaciones. De momento, la Agencia Catalana de Vivienda cuenta con ocho millones de euros para comprar, aunque el presupuesto depender¨¢ de lo que recaude con el impuesto que aplicar¨¢ sobre los pisos vac¨ªos de la banca, que puede oscilar entre ocho y 26 millones de euros. Fuentes del departamento explicaron que no se trata de adquirir viviendas de 100.000 euros. La mayor¨ªa de las que tienen ¨®rdenes de desahucio pendientes se hallan en barrios perif¨¦ricos, por lo que se trata de pisos modestos cuyo precio de mercado puede ser de incluso de 20.000 o 40.000 euros.

La Generalitat tambi¨¦n ha constatado que muchas de las viviendas del parque que ha quedado desocupado a ra¨ªz de desahucios se est¨¢ degradando. Por ello, el decreto obliga a las entidades que tengan esos inmuebles a ejecutar las obras de rehabilitaci¨®n necesarias. En caso de no hacerlo, hay dos opciones. La primera pasa por una sanci¨®n grave. La ley de Vivienda prev¨¦ multas de hasta 90.000 euros, aunque el Gobierno catal¨¢n se inclina porque la cuant¨ªa de estas sanciones sea acorde al importe de las obras que deban realizarse. Si la entidad financiera que tiene la vivienda sigue sin ejecutar las obras de rehabilitaci¨®n, la Generalitat podr¨¢ llevar a cabo una ¡°ejecuci¨®n forzosa¡±, que pasa por la expropiaci¨®n del uso de la vivienda durante un periodo de entre cuatro y 10 a?os.

El departamento, por ¨²ltimo, tratar¨¢ de evitar el doble desahucio con una partida de ayudas que se convocar¨¢ el pr¨®ximo mes de abril. En este caso, se trata de impedir que una familia que haya perdido su casa pero se haya beneficiado de la daci¨®n en pago y de un alquiler social por parte de la entidad financiera pueda sufrir otro procedimiento en caso de no poder afrontar la renta.