Alaya acusa a la Junta de generar una ¡°red de clientelismo pol¨ªtico¡±

La juez Mercedes Alaya acusa a la Junta de Andaluc¨ªa de crear ¡°una red de clientelismo pol¨ªtico¡± a trav¨¦s de los cursos de formaci¨®n que subvencion¨®. Es la grave afirmaci¨®n que incluye la magistrada en alguna de las imputaciones de los altos cargos de la Junta detenidos en la Operaci¨®n Barrado, dentro de la investigaci¨®n que dirige sobre los cursos de formaci¨®n. La juez considera que desde la Consejer¨ªa de Empleo andaluza se impart¨ªan ¡°¨®rdenes¡± a las distintas delegaciones provinciales ¡°para que no se controlara el dinero¡±.

Es decir, Alaya estima que exist¨ªa una intencionalidad por parte de la c¨²pula de Empleo para que las empresas, que recib¨ªan subvenciones a?o tras a?o para impartir los cursos de formaci¨®n, estuvieran exentas de su obligaci¨®n de justificar las ayudas recibidas. La f¨®rmula empleada fueron las exoneraciones, cuya legalidad defiende la Junta, y que permit¨ªan a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del a?o anterior, dada la falta de funcionarios para fiscalizarlas. ¡°Se habla de una orden de arriba en la consejer¨ªa para facilitar el clientelismo¡±, explican fuentes del caso.

Los t¨¦cnicos que ejerc¨ªan las labores de vigilancia desde la Direcci¨®n General de Formaci¨®n afirman que desconocen que existiera esa intencionalidad para hacer la vista gorda, pero s¨ª admiten que en ocasiones no se turnaban ciertas visitas a las empresas por falta de presupuesto en la consejer¨ªa para gasolina y dietas.

Los a?os a los que ata?e las graves acusaciones de Alaya, no est¨¢n a¨²n claros. Pero si la investigaci¨®n completa ata?e a una d¨¦cada, las censuras de la Intervenci¨®n General se concretan entre 2009 y 2012, periodo en el que estuvieron al frente tres consejeros: Antonio Fern¨¢ndez, Manuel Recio, y Antonio ?vila.

La juez ha tomado declaraci¨®n la noche del mi¨¦rcoles y la madrugada anterior a las primeras responsables pol¨ªticas, a las que ha dejado en libertad con cargos tras acusarles de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y fraude. En la lectura de las imputaciones, la magistrada ha subrayado esa acusaci¨®n contra el Ejecutivo de disponer de una ¡°red de clientelismo pol¨ªtico¡± ante los detenidos y sus abogados, en una causa que permanece bajo secreto sumarial.

La magistrada ha dejado en libertad con cargos a las primeras ocho detenidas que comparecieron en su juzgado. Entre ellas, la delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, las exdirectoras generales de Formaci¨®n Mar¨ªa Jos¨¦ Lara ¡ªcon una fianza civil de m¨¢s de un mill¨®n de euros¡ª y Teresa Florido, junto a la responsable del consorcio de Mijas (M¨¢laga), Mar¨ªa de la O Ustar¨¢n, para quien la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido una fianza civil de seis millones. Alaya tambi¨¦n ha decretado libertad para la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana Mar¨ªa Orihuela, la exdelegada de Empleo en Granada, Marina Mart¨ªn, y la exdelegada de Empleo en Almer¨ªa Francisca P¨¦rez Laborda.

Mientras, un abogado ha denunciado a la exdelegada de Empleo en Ja¨¦n, Irene Sabalete, que ha salido asimismo en libertad con cargos, por supuestas amenazas recogidas en una grabaci¨®n oculta. En la cinta, la exdelegada amenaza presuntamente a sus subordinados si no hac¨ªan campa?a para que el PSOE ganara las elecciones auton¨®micas de 2012. Sabalete ha solicitado este mi¨¦rcoles la baja como militante del partido socialista.