La censura de la Intervenci¨®n General, clave para los agentes

Uno de los pilares sobre los que se asienta la investigaci¨®n de los cursos de formaci¨®n son los informes provinciales de la Intervenci¨®n General de la Junta, que el a?o pasado censuraron las subvenciones concedidas a las empresas a trav¨¦s de las delegaciones provinciales de Empleo entre 2009 y 2012. Y para ello, en las ¨²ltimas semanas la Guardia Civil ha interrogado a los ocho interventores que elaboraron estos informes y alg¨²n alto cargo de la Intervenci¨®n General para comprobar la perspectiva y los pasos tomados por los funcionarios.

En los informes, la cr¨ªtica sobre el procedimiento seguido por las delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es generalizada desde los interventores. Eso s¨ª, los funcionarios alertan de irregularidades administrativas, ni siquiera contables. El paso al terreno penal ha sido iniciativa de la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya, que consideran que estas disfunciones implican malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, prevaricaci¨®n y fraude de subvenciones.

El informe m¨¢s contundente es el emitido el pasado junio desde Huelva, que denuncia c¨®mo ¡°la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos han ocasionado un menoscabo de los fondos p¨²blicos¡±, y no una ¡°malversaci¨®n de fondos¡± como por error inform¨® ayer este diario. El interventor Miguel ?ngel Garc¨ªa justifica esta alerta de menoscabo en la concesi¨®n y justificaci¨®n de subvenciones ¡°sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa reguladora¡±. Entre los errores, destaca c¨®mo ¡°ninguno de los expedientes de compromiso de contrataci¨®n¡± de la muestra que seleccion¨® el interventor ¡°ha concluido con el contrato de los trabajadores en las condiciones establecidas en la resoluci¨®n¡±, lo que podr¨ªa traducirse en un fraude, as¨ª como el ¡°importante retraso en el examen¡± por los funcionarios de la documentaci¨®n justificativa de las subvenciones. Adem¨¢s, censura el funcionario la falta de cumplimiento por parte de las autoridades en su deber de exigir ¡°el reintegro a las entidades beneficiarias por las cantidades percibidas y no justificadas adecuadamente¡±.

Por ¨²ltimo, el interventor critica que las autoridades del SAE en Huelva no establecieran sanciones por ¡°las infracciones cometidas¡±. Todas estas irregularidades, el funcionario estima que podr¨ªan ser causa de ¡°responsabilidad administrativa¡±. La conclusi¨®n del interventor es que la entidad ¡°no ha cumplido con la legislaci¨®n que le es aplicable¡±, el mismo argumento utilizado por la interventora de C¨¢diz, Nieves Chao, para cerrar su informe. Esta funcionaria destaca irregularidades como que de los 55 expedientes seleccionados en el muestreo realizado, solo 12 pose¨ªan ¡°alguna documentaci¨®n justificativa que permitiera la comprobaci¨®n de los mismos¡±.

Los ocho informes provinciales tienen incorporadas las alegaciones aportadas por el SAE, la mayor¨ªa de ellas no aceptadas por los interventores. Tras estos informes definitivos, la c¨²pula de la Intervenci¨®n General pod¨ªa barajar la emisi¨®n de un informe de actuaci¨®n que alerte de un menoscabo de fondos, pero dado que han transcurrido ya nueve meses, no parece que sea la opci¨®n elegida.

El SAE dispon¨ªa de seis meses para presentar un informe de seguimiento de las recomendaciones del interventor. Dado que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n asumi¨® las competencias de formaci¨®n, es la administraci¨®n responsable. Un portavoz de Educaci¨®n rechaz¨® ayer confirmar si existe dicho informe para marcar las nuevas pautas de funcionamiento.

Por su parte, fuentes de la Junta subrayan que todas las ayudas concedidas por Empleo en esos a?os ¡ªla ¨²ltima convocatoria de subvenciones fue en 2011¡ª contaron con fiscalizaci¨®n previa. Es decir, para efectuar el primer pago desde el SAE, los interventores hab¨ªan dado su conformidad de que eran ayudas regladas. Otra historia muy distinta fue la vigilancia y el control de la justificaci¨®n de las ayudas por parte de la Administraci¨®n, coraz¨®n de las graves acusaciones de la investigaci¨®n judicial.