Louz¨¢n rechaza declarar y el fiscal mantiene su imputaci¨®n

El presidente de la Diputaci¨®n y del PP de Pontevedra, Rafael Louz¨¢n, y el diputado provincial Severino Reguera se acogieron ayer a su derecho a no declarar tras comparecer en el juzgado de Cambados para asistir a una vista previa, que se prolong¨® dos horas y media, en la que el fiscal expuso los argumentos de la querella presentada en abril del pasado a?o por un presunto delito de cohecho contra ambos pol¨ªticos. Ese supuesto soborno, seg¨²n el ministerio p¨²blico, se habr¨ªa sustanciado a trav¨¦s de unos contratos de arrendamiento entre Louz¨¢n y Reguera con los precios inflados.

?Aunque Louz¨¢n se mostr¨® decidido a declarar al llegar al juzgado, dijo al salir que pospon¨ªa su comparecencia a la espera de que se presente la documentaci¨®n solicitada por el fiscal y los abogados. ¡°Mi defensa pidi¨® el archivo, pero el juez entiende que hay que aportar toda la documentaci¨®n y seguir con las diligencias¡±, explic¨® el dirigente popular. ¡°Yo creo que no deber¨ªa haber ninguna duda de mi proceder y de c¨®mo se hicieron las cosas, que se enmarcan en un ¨¢mbito absolutamente privado y que nada tiene que ver con mi labor en la Diputaci¨®n y de cualquier gesti¨®n inherente a mi cargo, sino con arreglo a un acuerdo puramente mercantil¡±, coment¨® Louz¨¢n, que calific¨® el caso de ¡°interminable¡± y ¡°en cierto modo sorpresivo porque hay pruebas m¨¢s que suficientes¡±.

El fiscal de delitos econ¨®micos solicit¨® la certificaci¨®n de las retribuciones de Reguera, que le alquil¨® unos locales comerciales propiedad de Louz¨¢n y su esposa en 2008 para abrir un despacho de panader¨ªa de su empresa Brunopan en Navia (Vigo). Augusto Santal¨® cree que detr¨¢s de este contrato se esconde un pago de ¡°favores¡± del diputado al presidente. Tambi¨¦n pidi¨® que el diputado y concejal de Pazos de Borb¨¦n, al que imputa un presunto delito de cohecho impropio y otro continuado al presidente, justifique de d¨®nde sali¨® el dinero aportado como se?al en el precontrato de los locales, que asciende a m¨¢s de 100.000 euros, adem¨¢s de la declaraci¨®n de la cooperativa que vendi¨® los bajos al matrimonio Louz¨¢n. Santal¨® ¡ªque inici¨® esta investigaci¨®n a ra¨ªz de una denuncia an¨®nima¡ª quiere constatar qu¨¦ sueldo percibe Reguera en la Diputaci¨®n aunque la defensa aclar¨® que es el mismo que el de los representantes de la oposici¨®n. ¡°Trato preferente ser¨ªa que estuviese en la junta de gobierno, que fuese vicepresidente o tuviese dedicaci¨®n exclusiva¡±, expuso Louz¨¢n.

Adem¨¢s de la documentaci¨®n econ¨®mica sobre el arrendamiento de los locales y los precios del mercado aportada por las defensas, estas pidieron la declaraci¨®n de t¨¦cnicos inmobiliarios para demostrar que el precio est¨¢ justificado, en contra de lo que sostiene el fiscal. El juez ya no volver¨¢ a citar a los imputados sino que tendr¨¢n que ser estos los que pidan declarar, aunque el caso puede archivarse o abrirse juicio con jurado sin cumplir este tr¨¢mite. Los abogados anunciaron que recurrir¨¢n los argumentos del fiscal. Sostienen que ¡°no existe un negocio premeditado ni delictivo por el mero hecho de que pertenezcan al mismo partido y ostenten cargos en el mismo organismo¡±. El sobreprecio del que habla el fiscal lo justifican alegando que el contrato de arrendamiento recoge cinco meses de carencia por importe de 18.000 euros. Tambi¨¦n rebaten la teor¨ªa de Santal¨® de que la compra de los alquileres estaba pactada de antemano entre Louz¨¢n y Reguera, una afirmaci¨®n que, seg¨²n la defensa, ¡°es absolutamente gratuita e insostenible¡±.