Los abogados tildan las detenciones de Alaya de ¡°desproporcionadas¡±
Los letrados se quejan de que los 16 arrestos en la reciente operaci¨®n son ¡°innecesarios¡±
Las detenciones de los altos cargos de la Junta en la Operaci¨®n Barrado ejecutadas por la Guardia Civil y ordenadas por la juez Mercedes Alaya han abierto un debate jur¨ªdico que por su dimensi¨®n afecta tambi¨¦n al ¨¢mbito pol¨ªtico y social. Los interrogantes abiertos son numerosos, pero de fondo late una cuesti¨®n clave: ?Es l¨ªcito detener a una persona, con arraigo y sin indicios de que pueda huir de la justicia, a sabiendas de que ser¨¢ puesta en libertad tras su declaraci¨®n judicial?
La respuesta de los investigadores del caso de los cursos de formaci¨®n en el Juzgado 6 de Instrucci¨®n de Sevilla es afirmativa. Sin embargo, las voces en contra se han levantado ¡ªcon mayor o menor ¨¦nfasis¡ª esta semana tras comprobar que los 16 responsables pol¨ªticos ¡ªanteriores y actuales¡ª de la Junta han quedado sin excepci¨®n en libertad con cargos. Al margen de estas quejas de los abogados y la Junta, en el fondo del debate sobre una posible sobreactuaci¨®n judicial est¨¢ la pugna soterrada entre los agentes de la Guardia Civil y la polic¨ªa, que a las ¨®rdenes de 17 jueces andaluces tambi¨¦n investiga los cursos de formaci¨®n de la Junta. Y la rivalidad hist¨®rica entre los dos cuerpos tiene consecuencias como la difusi¨®n otorgada a las operaciones policiales.
¡°Con frecuencia detenciones masivas con difusi¨®n medi¨¢tica pudieran resultar innecesarias para la investigaci¨®n y por ello desproporcionadas, al afectar sin suficiente motivaci¨®n f¨¢ctica al derecho a la libertad y la propia imagen del detenido, que finalmente resulta puesto en libertad despu¨¦s del juzgado¡±, dice el presidente del Colegio de Abogados de Sevilla, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Gallardo, quien ha alertado del peligro sobre los derechos y libertades personales que entra?an estas detenciones. Al arraigo de los altos cargos detenidos esta semana con domicilio conocido, se le une que los delitos supuestamente cometidos carecen del matiz de ¡°especial gravedad¡± que podr¨ªa justificar su detenci¨®n, tanto como la capacidad de estos cargos para destruir pruebas u obstaculizar de alg¨²n modo la acci¨®n de la justicia.
Todos los detenidos fueron puestos en libertad con cargos por la instructora
Gallardo ha enfatizado su petici¨®n en un acto institucional con presencia del representante del Poder Judicial en Andaluc¨ªa Occidental, el magistrado Antonio Reinoso, el consejero de Justicia, Emilio Llera, y el juez decano sevillano, Francisco Guerrero. El representante de los letrados ha pedido ¡°un mayor respeto¡± hacia los detenidos, y record¨® la directiva europea que aclara que el detenido puede entrevistarse con su letrado para que este pueda asesorarle sobre su declaraci¨®n. ¡°No una mera presencia del abogado junto a su defendido¡±, matiz¨®.
El fiscal superior, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, ha pedido cautela para valorar las detenciones ordenadas por Alaya. ¡°La cuesti¨®n puede tener un gran inter¨¦s (...) pero ni es el momento de responderla, ni soy yo la persona (...) Dejemos que la operaci¨®n termine y ya valoraremos posteriormente las situaciones procesales que se han producido¡±. Solo el fiscal del caso y Alaya conocen el atestado policial que justifica las detenciones, debido al secreto de las pesquisas.
El debate lo puso encima de la mesa el letrado Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, que el jueves lament¨® la detenci¨®n ¡°excesiva, innecesaria y desproporcionada¡± del ex director general de Formaci¨®n Manuel Brenes. Este fue puesto en libertad con cargos pero sin que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicitara ninguna medida cautelar para ¨¦l. ¡°La edad, 65 a?os, y delicada condici¨®n de salud de quien padece una enfermedad que necesita de tratamiento diario, seg¨²n supo desde el primer momento la Guardia Civil, hac¨ªa doblemente innecesaria y excesiva¡± la detenci¨®n, ¡°que supone una vulneraci¨®n de derechos esenciales¡±.
Los magistrados han declinado pronunciarse sobre las detenciones de la Operaci¨®n Barrado, al estar ordenadas por una compa?era ¡ªla instructora Mercedes Alaya¡ª y por un principio de prudencia al estar vigente el secreto sumarial.
A las cr¨ªticas de Gallardo se le ha unido la presidenta en funciones de la Junta, Susana D¨ªaz, que censur¨® la necesidad de las detenciones por parte de la Guardia Civil que afectaron a dos altos cargos de su Gobierno. ¡°Se puede citar a las personas sin tener que entrar en este tipo de operaciones¡±, afirm¨® en Canal Sur. ¡°Operaciones de este tipo son excepcionales en el Estado de Derecho y lo natural es la citaci¨®n judicial¡±, matiz¨®. ¡°Parece ser que se ha buscado otros elementos (...) ha llamado la atenci¨®n a todo el mundo porque se ha utilizado la excepci¨®n como algo habitual y ese tipo de cosas no son buenas¡±.
La juez interroga a un interventor
La juez Mercedes Alaya tom¨® este viernes declaraci¨®n como testigo a un interventor de la Junta que elabor¨® uno de los ocho informes que alertaron de irregularidades en los cursos de formaci¨®n, y que los investigadores han analizado en los ¨²ltimos meses. La Guardia Civil ha interrogado a los ocho interventores provinciales que fiscalizaron las ayudas concedidas por las delegaciones de la Consejer¨ªa de Empleo entre 2009 y 2012. Tras estos interrogatorios para comprobar hasta que punto los interventores apuntalaban las tesis incriminatorias de los agentes, este viernes Alaya escuch¨® la versi¨®n de uno de ellos en su juzgado, inform¨® Europa Press.
De los ocho informes entregados a la c¨²pula de la Intervenci¨®n General el pasado verano, el m¨¢s cr¨ªtico fue el de Huelva, que alertaba de manera expresa de c¨®mo ¡°la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos han ocasionado un menoscabo de los fondos p¨²blicos¡±.
El interventor Miguel ?ngel Garc¨ªa subrayaba diferentes irregularidades como que los expedientes con compromisos de contrataci¨®n carecieran de frutos, y ninguno de ellos concluyera con contratos de los trabajadores en las condiciones fijadas por las resoluciones. Adem¨¢s, el auditor denunciaba que las autoridades del SAE en Huelva no fijaran sanciones por ¡°las infracciones cometidas¡±, as¨ª como la incompleta vigilancia de las ayudas. Sin embargo, la tesis de Alaya, expresada en las imputaciones, va m¨¢s all¨¢. La juez estima que exist¨ªa una intenci¨®n deliberada desde la c¨²pula de Empleo para que las empresas escaparan al control de la Administraci¨®n. Y por tanto, buscaba facilitar el fraude. Ante las graves acusaciones y dado que desconocen la totalidad de las acusaciones por el secreto decretado, la mayor¨ªa de altos cargos detenidos ha optado por guardar silencio ante Alaya.
Las severas cr¨ªticas de la Intervenci¨®n General respecto a las subvenciones esconde la paradoja de que dicho ¨®rgano haya fiscalizado las subvenciones hasta tres veces durante su tramitaci¨®n administrativa y pago inicial. ¡°?C¨®mo puede hablarse desde la Intervenci¨®n General de un sinf¨ªn de irregularidades y menoscabo de fondos p¨²blicos cuando la resoluci¨®n de concesi¨®n de la ayuda, ¨®rdenes de pago de los anticipos y ¨®rdenes de pago de las liquidaciones est¨¢n firmados por la Intervenci¨®n General, acreditando la fiscalizaci¨®n y correcci¨®n de todo el procedimiento?¡±, se preguntan fuentes del caso. Las cr¨ªticas de la Intervenci¨®n se han centrado en la ¨²ltima fase, la de la justificaci¨®n del gasto, un retraso de a?os que la Junta ha intentado paliar en los ¨²ltimos meses con un peque?o ej¨¦rcito de funcionarios. Al inicio de una ayuda el empresario recib¨ªa un abono del 75%, y finalmente el 25% restante. A pesar de las m¨²ltiples irregularidades halladas, en los dos ¨²ltimos a?os los empresarios han recibido 43 millones que ten¨ªan pendientes de cobrar, seg¨²n fuentes de la Junta.
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