Arranca el primer juicio a la trama G¨¹rtel
Correa, el resto de cabecillas de la red, la expresidenta de las Cortes Valencianas y otros cargos de Camps se enfrentan a 10 a?os de c¨¢rcel acusados de ama?ar contratos
El Tribunal Superior de Justicia valenciano inicia el martes el segundo juicio del caso G¨¹rtel despu¨¦s del que sent¨® en el banquillo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general regional de los populares Ricardo Costa, absueltos por un jurado de la acusaci¨®n de haber recibido trajes y otras prendas de vestir. En esta ocasi¨®n no est¨¢ en juego, como entonces, una multa. Sino penas que alcanzan los 11 a?os de prisi¨®n, solicitadas por la Fiscal¨ªa y los socialistas para siete excargos de la Generalitat y seis personas vinculadas a la red que dirig¨ªa Francisco Correa.
Ser¨¢ la primera vez que se juzgue al l¨ªder y al resto de cabecillas de la supuesta trama corrupta. Entre los acusados por adjudicar contratos presuntamente ama?ados por importe de cinco millones de euros se encuentran tambi¨¦n dos exconsejeras de Turismo de Camps. Ang¨¦lica Such, para quien el ministerio p¨²blico pide nueve a?os de inhabilitaci¨®n especial como autora de un delito continuado de prevaricaci¨®n. Y Milagrosa Mart¨ªnez, para quien reclama 11 a?os de c¨¢rcel y 34 de inhabilitaci¨®n por el mismo delito adem¨¢s de por los de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y cohecho.
Cuando la investigaci¨®n del juez Baltasar Garz¨®n sali¨® a la luz, en 2009, el PP valenciano cerr¨® filas con las exconsejeras. Pero ya no es as¨ª. Ambas renunciaron a sus actas de diputadas hace un a?o presionadas por la direcci¨®n regional. Y hace una semana Mart¨ªnez, que fue presidenta de las Cortes Valencianas hasta 2011, perdi¨® la condici¨®n de militante tras haberse negado a dimitir como le exig¨ªa el partido del cargo de alcaldesa Novelda, un municipio de 26.000 habitantes del interior de Alicante.
Penas solicitadas
Milagrosa Mart¨ªnez, expresidenta de las Cortes Valencianas: 11 de c¨¢rcel y 34 de inhabilitaci¨®n.
Ang¨¦lica Such, exconsejera de Turismo: a nueve a?os de inhabilitaci¨®n.
Rafael Betoret, 11 a?os de c¨¢rcel y 26 de inhabilitaci¨®n.
Francisco Correa: 10 a?os de c¨¢rcel.
Pablo Crespo: 11 a?os y medio de c¨¢rcel.
?lvaro P¨¦rez, El Bigotes: 10 a?os de c¨¢rcel.
Isaac Vidal, exjefe de ¨¢rea de mercados: 11 a?os de prisi¨®n.
Jorge Guarro: siete a?os de prisi¨®n.
Ana Mar¨ªa Grau: siete a?os de prisi¨®n.
Juan Bover, jefe de infraestructuras tur¨ªsticas: siete a?os de inhabilitaci¨®n.
C¨¢ndido Herrero, empleado del grupo Correa: seis a?os y medio de c¨¢rcel.
M¨®nica Magari?os, empleada de Orange Market: cuatro a?os y nueve meses de c¨¢rcel.
Isabel Jord¨¢n, administradora de sociedades de Correa: seis a?os y tres meses de prisi¨®n.
Seg¨²n la Fiscal¨ªa, Mart¨ªnez y otros cargos p¨²blicos realizaron en 2004 una ¡°remisi¨®n subrepticia y anticipada de documentos internos¡± relacionados con el concurso p¨²blico para el dise?o, montaje y desmontaje del expositor de la Generalitat valenciana en Fitur a las empresas de Correa. Una filtraci¨®n que se ¡°complement¨® con la modificaci¨®n sustancial en las condiciones del proceso de selecci¨®n del adjudicatario del certamen¡±. Los criterios objetivos fueron relegados y ganaron peso elementos como la "creatividad" de las propuestas. ¡°Todo ello con el inequ¨ªvoco prop¨®sito de hacer posible la adjudicaci¨®n a la empresa Orange Market¡±, la filial valenciana, administrada por ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, de la trama.
¡°En circunstancias normales¡±, mantienen los fiscales, Orange Market ¡°no solo no habr¨ªa podido ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida en el concurso¡± porque no cumpl¨ªa los requisitos. El ministerio p¨²blico sostiene que las trampas se repitieron en las cuatro ediciones siguientes de la convocatoria p¨²blica, que adem¨¢s de Fitur inclu¨ªan ferias m¨¢s peque?as en Barcelona, Valencia, Bilbao y Valladolid. Y que la red agradeci¨® las adjudicaciones con ¡°obsequios¡± a los cargos de la Generalitat.
Correa y P¨¦rez se enfrentan a 10 a?os de c¨¢rcel. Frente a los largos escritos de las acusaciones, su defensa ante el tribunal contiene una sola frase: ¡°Negamos los hechos¡±.
Mart¨ªnez, que declar¨® ante el juez instructor Jos¨¦ Ceres que los consejeros eran ¡°como faraones¡±, argumenta que ¡°en ning¨²n momento conoci¨® ni tom¨® parte en la elaboraci¨®n de los pliegos de condiciones t¨¦cnicas o econ¨®micas que deb¨ªan regir el concurso¡± de Fitur. Y que firm¨® las adjudicaciones ¡°confiando en todo momento en las funciones y capacidad profesional que desempe?aban los t¨¦cnicos de las distintas ¨¢reas¡±.
La expresidenta del Parlamento auton¨®mico mantiene que ¡°nunca recibi¨® ning¨²n regalo por parte de don ?lvaro P¨¦rez ni de ninguna otra persona vinculada a Orange Market, siendo falso que recibiera un reloj Hublot¡±. Seg¨²n los fiscales, a Mart¨ªnez le obsequiaron con un reloj de la marca suiza que Correa compr¨® en la joyer¨ªa Su¨¢rez de la calle Serrano n¨²mero 63 de Madrid por 2.400 euros.
Compartir¨¢ banquillo con las exconsejeras el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que s¨ª fue condenado en el caso de los trajes, para quien la Fiscal¨ªa solicita 11 a?os de c¨¢rcel y 26 de inhabilitaci¨®n. El considerado n¨²mero dos de la red, Pablo Crespo, que se enfrenta a 11 a?os y medio de prisi¨®n. Cuatro cargos intermedios de la Agencia Valencia de Turismo. Y tres empleados de las sociedades de Correa.
Los presuntos cabecillas de la red, se?ala el fiscal, ¡°decidieron extender su actividad¡± a Valencia desde Madrid en 2003. En los seis a?os siguientes, hasta que fueron detenidos, lograron seg¨²n los fiscales ¡°numerosos contratos con organismos de la Generalitat¡±. El juicio que empieza el martes abarca una de las seis piezas separadas de la causa abierta en el Tribunal Superior valenciano. Durar¨¢ hasta octubre y pasar¨¢n por la sala 108 testigos, incluido Camps. En otras piezas del procedimiento se investigan supuestas irregularidades en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia y la presunta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano.
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