En manos del Supremo
Cuesta creer que Chaves y Gri?¨¢n crearan un plan para que otros se lucraran
El desfile ante el Supremo ha comenzado. En dos semanas, los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, m¨¢s tres exconsejeros de sus Gobiernos, declarar¨¢n ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la trama de los ERE en el alto tribunal.
El futuro personal de Chaves, Gri?¨¢n y los exconsejeros Gaspar Zarr¨ªas y Mar Moreno (Presidencia) y Jos¨¦ Antonio Viera (Empleo), aforados por ser diputados en el Congreso o senadores, est¨¢ en manos del Supremo. Como lo est¨¢ tambi¨¦n el futuro inmediato de Susana D¨ªaz. Dos partidos (Podemos y Ciudadanos) exigen la dimisi¨®n de sus esca?os de los expresidentes para posibilitar la investidura de D¨ªaz.
La causa ha llegado a Barreiro tras una larga investigaci¨®n de la juez Mercedes Alaya. Una investigaci¨®n salpicada de planteamientos m¨¢s pol¨ªticos que judiciales, como han denunciado los afectados. La juez ve delito penal en la actuaci¨®n de estos cinco aforados (m¨¢s otros cuatro exconsejeros y diputados auton¨®micos que declaran tambi¨¦n estos d¨ªas ante el TSJA), donde otros expertos solo ven responsabilidad pol¨ªtica.
Durante demasiados a?os, los implicados dejaron que funcionara un sistema de ayudas a empresas en crisis que, como se ha evidenciado, ten¨ªa serios fallos. Nadie les responsabiliza de llevarse dinero alguno. Pero deber¨ªan haber controlado mejor un sistema que posibilit¨® que otros se lo llevaran crudo.
De manera especial, los sucesivos consejeros de Empleo, comenzando por Viera, deber¨ªan haber ejercido un mayor control sobre los directores generales de Trabajo. Si lo hubieran hecho, el principal implicado, Javier Guerrero, no habr¨ªa llegado tan lejos como lleg¨®. Precisamente Viera ha sido el primero en declarar en el Supremo y ha volcado en sus subordinados toda la responsabilidad econ¨®mica. ¡°Yo firmaba lo que me pon¨ªan¡±, ha dicho.
Cuesta creer que Chaves y Gri?¨¢n crearan un sistema para que otros se lucraran. Muchos estamos convencidos de que jam¨¢s conocieron que un grupo de desalmados aprovech¨® la inapropiada (que no ilegal) norma de ayudas a empresas para sacar provecho propio y beneficiar a amigos, familiares y compa?eros de partido.
Hay responsabilidad pol¨ªtica, pero no penal, como opinan muchos expertos. Por ello, un Gri?¨¢n cercado por la causa dimiti¨® en agosto de 2013. El Tribunal de Cuentas, que fiscaliz¨® el fraude de los ERE, solo vio responsabilidad contable en los tres directores generales de Empleo.
La juez Alaya tampoco ha podido acreditar que los aforados se enriquecieran il¨ªcitamente, que conocieran las generosas comisiones que cobraban las aseguradoras, ni que hab¨ªa intrusos en los ERE que se gestionaban en la Direcci¨®n General de Trabajo.
Pronto saldremos de dudas. En cuanto termine el desfile de los aforados ante el juez.
@JRomanOrozco
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