La Guardia Civil acusa a los excargos de urdir un plan para infringir la ley

La Guardia Civil acusa a los 16 ex altos cargos detenidos en el caso de los cursos de formaci¨®n de urdir un plan para mantener un sistema de ayudas millonarias, que seg¨²n los investigadores, quebr¨® de manera sistem¨¢tica la ley. La tesis acusatoria estima que existi¨® una coordinaci¨®n entre la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo y sus delegados provinciales para evitar la vigilancia de los fondos, favorecer sobremanera a ciertos empresarios y exonerarles de presentar las justificaciones de gastos. ¡°Los ¨®rganos gestores, lejos de constituir algo inerte, por ausencia de recursos, manten¨ªan una actitud proactiva y concertada con el fin de mantener el sistema irregular establecido¡±. Para apuntalar esta acusaci¨®n, la juez Mercedes Alaya subraya que este supuesto pacto buscaba mantener ¡°el clientelismo pol¨ªtico¡±.

Dos d¨ªas despu¨¦s de las elecciones andaluzas los agentes elaboraron un atestado con tono grave, pero sin correos electr¨®nicos como pruebas que rubriquen sus tesis, plagadas de suposiciones. Los investigadores ¡°infieren¡± que ¡°la actuaci¨®n concertada del Servicio Andaluz de Empleo en los dos niveles, central y provincial¡± propici¨® una supuesta arbitrariedad en la concesi¨®n de las subvenciones para formaci¨®n. ¡°Lo que presupone una comunicaci¨®n de estos [los delegados provinciales] con su Direcci¨®n General en relaci¨®n con qu¨¦ entidades era conveniente que resultasen exceptuadas¡±.

Los agentes destacan que Empleo no exigi¨® el reintegro de fondos al dejar de examinarse las ayudas, por lo que sus responsables incumplieron la Ley General de Subvenciones. ¡°Desde la Consejer¨ªa de Empleo se conocer¨ªan y asumir¨ªan estos hechos¡± dada ¡°la importancia capital¡± en la elaboraci¨®n anual de los presupuestos. Como indicio, los agentes subrayan que la Junta cambi¨® su pol¨ªtica al respecto hace un a?o cuando trascendieron las investigaciones policiales. Como resultado de esta revisi¨®n que lleva a cabo un equipo de funcionarios, la Junta ha reclamado el reintegro de 161 millones incluidos en 139 expedientes de ayudas hasta el pasado noviembre. Eso s¨ª, 108 millones corresponden a ayudas que recibi¨® la Fundaci¨®n p¨²blica Faffe ¡ªya extinguida¡ª y no a empresarios que falsearon informaci¨®n sobre determinados cursos subvencionados, como en otras ocasiones. Ahora la Junta estudia si los exresponsables de la Faffe incurrieron en responsabilidades administrativas y contables, seg¨²n un informe de la Direcci¨®n General de Formaci¨®n de hace un mes.

Frente a la tesis incriminatoria, la Junta defiende la legalidad de las exoneraciones que permit¨ªan a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del a?o anterior. La pregunta es de qui¨¦n parti¨® la orden y de qu¨¦ manera se decidi¨® que era preferible seguir adelante con el r¨ªo millonario de las ayudas de formaci¨®n a?o tras a?o, sin destinar un cuerpo de funcionarios que vigilara todos los cursos y frenara la picaresca de los empresarios. Fuentes de Empleo rechazan esta supuesta concertaci¨®n y argumentan que la decisi¨®n no fue suya, y que la negativa para ampliar el cap¨ªtulo de personal destinado a la vigilancia part¨ªa de Hacienda. En cualquier caso, la segunda pregunta, de mayor relevancia a¨²n, es si los pol¨ªticos cometieron un delito ante esta falta de vigilancia.

Al margen de Alaya, otros 15 juzgados investigan cursos de formaci¨®n, de mayor o menor volumen. Despu¨¦s de inhibirse un juzgado gaditano en favor de Alaya para que asumiera una investigaci¨®n sobre ayudas del exconsejero y empresario ?ngel Ojeda, la semana pasada el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Granada sigui¨® sus pasos. El instructor Basilio Miguel Garc¨ªa discrepa de la polic¨ªa y la fiscal¨ªa, y cree que la investigaci¨®n de los cursos en Granada debe ir ¡°m¨¢s all¨¢¡± de los responsables provinciales para abarcar a los ¡°superiores jer¨¢rquicos¡±.