Un informe de Hacienda frena el procesamiento de un cargo de Feij¨®o
El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve a?os de tr¨¢mites Rogelio Mart¨ªnez est¨¢ acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde
Tras media docena de jueces y nueve a?os de interminables tr¨¢mites en diferentes tribunales, el procesamiento de Rogelio Mart¨ªnez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la comisi¨®n de los presuntos delitos de malversaci¨®n, fraude, falsedad documental y prevaricaci¨®n continuada, cuando era alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obst¨¢culo. El cierre de la instrucci¨®n y su env¨ªo a juicio oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe que la fiscal¨ªa reclam¨® el pasado mes de febrero a la Agencia Tributaria. Seg¨²n detallan las fuentes consultadas, el ministerio p¨²blico ¡ªque pidi¨® reiteradamente el archivo de la causa contra Mart¨ªnez¡ª afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de los t¨¦cnicos de Hacienda, no puede formular el escrito de calificaci¨®n, un documento imprescindible para que el juez pueda continuar los tr¨¢mites previos a la orden de apertura de juicio.
Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de m¨¢xima confianza de Alberto N¨²?ez Feij¨®o en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada desde que en 2006 fue llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Siete a?os despu¨¦s de aquella denuncia, en octubre de 2013, la instrucci¨®n concluy¨® (por segunda vez) que hab¨ªa indicios delictivos suficientes para ordenar el procesamiento de Mart¨ªnez y los otros nueve imputados, por presunto fraude en el uso de fondos p¨²blicos concedidos por la Uni¨®n Europea para diferentes proyectos de cohesi¨®n en los a?os 1999 y 2000 que, a pesar de haber sido certificados, nunca se materializaron.
La decisi¨®n fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los imputados, pero tambi¨¦n por la fiscal¨ªa, que pidi¨® el archivo de la causa porque, en su opini¨®n, los delitos hab¨ªan prescrito y las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la cantidad m¨ªnima para ser considerado delito. Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de Ourense tumb¨® los recursos y aval¨® la decisi¨®n del juez que los situ¨® a un paso del banquillo de los acusados. Era la tercera vez que Mart¨ªnez reclamaba el sobreseimiento o archivo de una causa que pas¨® por tres jueces titulares y varios sustitutos.
A pesar de que la investigaci¨®n concluy¨® formalmente hace 18 meses y de que la decisi¨®n de la Audiencia Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera de que todas las partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados.
Este estancamiento es un cap¨ªtulo m¨¢s en la cadena de dilaciones que la instrucci¨®n acumula desde hace casi una d¨¦cada. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca pudieron porque la Audiencia siempre orden¨® su continuaci¨®n. En enero de 2013, Mart¨ªnez estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidi¨® citar a m¨¢s testigos y porque, adem¨¢s, encomend¨® el veredicto sobre la culpabilidad o la inocencia a un jurado popular. El PSOE ¡ªtambi¨¦n personado en la denuncia¡ª recurri¨® aquella decisi¨®n ya que no le parec¨ªa adecuado y su propuesta fue aceptada. Finalmente ser¨¢ un magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo cambio de titularidad en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado.
En el auto de transformaci¨®n en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiaci¨®n de fondos comunitarios concedidos al grupo de acci¨®n local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Mi?o (Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presid¨ªa cuando era alcalde de Arnoia, destinados a la construcci¨®n de una planta de biomasa nunca materializada pero que s¨ª fue certificada por Rogelio Mart¨ªnez, ¡°a pesar de que sab¨ªa que no se hab¨ªa ejecutado, sino que se hab¨ªa llevado a cabo la reconstrucci¨®n de un galp¨®n¡±. El juez tambi¨¦n detalla ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecuci¨®n de talleres artesanales en los que sigui¨® ¡°estipulaciones similares a las de la planta de biomasa¡±.
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