Alaya dice que la Junta menospreci¨® los informes sobre defectos en ayudas

?La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que reprocha al Gobierno andaluz el "menosprecio" a los informes de la Intervenci¨®n General sobre las deficiencias en el pago de las ayudas, y extiende las irregularidades cometidas en los ERE a las empresas p¨²blicas de la Junta.

Alaya indica que las memorias de la Intervenci¨®n y las actas de la Comisi¨®n General de Viceconsejeros, conocidas como "consejillo" y cuyas reuniones son previas a los Consejos de Gobierno, revelan "generalizados incumplimientos" por empresas p¨²blicas de la Junta respecto a las transferencias de financiaci¨®n. En el auto la juez subraya el "menosprecio de los titulares de las Consejer¨ªas y, por ende, del Gobierno de la Junta, al contenido de los informes de la Intervenci¨®n, pues dicho ¨®rgano de control era deso¨ªdo ejercicio tras ejercicio".

La juez afirma que las transferencias eran "il¨ªcitamente utilizadas por la simplicidad de su tr¨¢mite y control, para encargos de ejecuci¨®n o para la concesi¨®n y pago de subvenciones excepcionales".

Sin embargo, no se usaron "para lo que estaban legalmente destinadas, que era para la cobertura de sus p¨¦rdidas, en claro paralelismo con la situaci¨®n analizada del IFA/Idea", subraya la magistrada. Para Alaya, ese "uso il¨ªcito" se produc¨ªa a pesar de la "recriminaci¨®n generalizada" de la Intervenci¨®n General de la Junta, lo que conoc¨ªan los "m¨¢ximos responsables de la Junta de Andaluc¨ªa".

El uso inadecuado de las transferencias se extiende a "m¨²ltiples empresas p¨²blicas de la Junta" y el Gobierno ten¨ªa conocimiento de las "irregularidades", seg¨²n Alaya, por las memorias elaboradas de la Intervenci¨®n y al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

En el auto, la juez se refiere a la declaraci¨®n del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quien dijo que hubo intentos de regular las ayudas sociales a trabajadores afectados por los ERE. Guerrero precis¨® que tambi¨¦n hubo un proyecto de decreto elevado en diciembre de 2000 al "consejillo" por el exviceconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, que finalmente se "guard¨® en un caj¨®n".

En su lugar, a?ade la juez, se firm¨® el acuerdo marco de julio de 2001, que supuso el "pistoletazo de salida a la firma de m¨²ltiples convenios particulares entre la Consejer¨ªa de Empleo, que conceder¨ªa las ayudas o subvenciones a trav¨¦s de la Direcci¨®n General de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargar¨ªa el pago de las ayudas".

La juez alerta de la paradoja que supone informar a la comisi¨®n de viceconsejeros de una ayuda de 528,62 euros para la contrataci¨®n de una funcionaria interina y que, sin embargo, no se abordaran ayudas millonarias a otras empresas.

En el auto, Alaya organiza un nuevo calendario para testigos los d¨ªas 29 de abril, 18 y 19 de mayo, y de 25 imputados por las ayudas de la Sierra Norte, cuya declaraci¨®n se aplaz¨® y se fija entre el 11 y el 14 de mayo.