Alaya ampl¨ªa la imputaci¨®n al exconsejero Antonio Fern¨¢ndez

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha ampliado la imputaci¨®n al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez?y lo cita a declarar el pr¨®ximo 28 de abril por el pr¨¦stamo de 384.841,65 euros concedido a la firma EDM-S¨¦neca. La instructora act¨²a en la misma l¨ªnea con el exviceconsejero de Empleo Agust¨ªn Barber¨¢. Asimismo, la magistrada ha ratificado la imputaci¨®n de Fern¨¢ndez por un supuesto delito de cohecho al asegurar que un informe de la Guardia Civil demuestra con ¡°claridad¡± su presunto enriquecimiento il¨ªcito.

La juez Alaya fundamenta la acusaci¨®n del exconsejero en la ayuda a EDM-S¨¦neca en un informe de la Intervenci¨®n General del Estado en el que se?ala que dicha cantidad constituye una ¡°verdadera subvenci¨®n a la empresa y no guarda relaci¨®n alguna con la tramitaci¨®n de un ERE¡± y que, por lo tanto, se ha prescindido ¡°absolutamente del procedimiento legalmente establecido¡±. Ya en febrero, Alaya imput¨® por este expediente a los representantes de la firma y ampli¨® la imputaci¨®n al ex director general de Trabajo Juan M¨¢rquez y al exdirector de la agencia Idea Jacinto Ca?ete. La juez defiende que estos hechos podr¨ªan ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Adem¨¢s de a Fern¨¢ndez y Barber¨¢, Alaya cita para el d¨ªa 28 a excargos de la c¨²pula de Idea y de Empleo.

En cuanto al posible delito de cohecho o blanqueo de capital, Alaya dice que esta ¡°hip¨®tesis criminal¡± es la que ¡°puede explicar razonablemente¡± que Fern¨¢ndez, ¡°con su sueldo de consejero, adquiriera en 2008 cuatro inmuebles, dos para ¨¦l y dos para su hijo¡±, precisa. Pese a ello, la juez pide a los agentes un informe ampliatorio sobre su patrimonio.

En el auto, fechado el 8 de abril, la magistrada tambi¨¦n insiste en el supuesto uso fraudulento de las ayudas por parte de diversas empresas p¨²blicas y en la confabulaci¨®n del Gobierno andaluz. En dicha resoluci¨®n, Alaya examina los ¨²ltimos documentos remitidos por la Junta, entre ellos, las reuniones presididas por el consejero de la Presidencia y los viceconsejeros (los consejillos) y las memorias de la Intervenci¨®n General.

En cuanto a documentaci¨®n de los consejillos, Alaya detalla c¨®mo Empleo present¨® en varias ocasiones un proyecto para regular las ayudas, pero que este documento ¡°fue totalmente relegado¡± o ¡°guardado en un caj¨®n¡± en diferentes ocasiones. Esta demora fundamenta la tesis de la instructora contra el Gobierno andaluz, al que acusa de haber ¡°instaurado y mantenido¡± un procedimiento supuestamente ilegal. Adem¨¢s, asegura que los directivos de estas empresas y el Ejecutivo conoc¨ªan las irregularidades a trav¨¦s de los informes de la Intervenci¨®n. La juez ha pedido a la Junta nueva documentaci¨®n.

Por ¨²ltimo, la magistrada vuelve a defender que, debido "a la carga de trabajo y lo ingente de la tarea" es imposible ahora dividir la causa en piezas. Eso s¨ª, la instructora mantiene que, llegado el momento, "ir formando paulatinamente, para el adecuado manejo de la causa, legajos de ayudas por empresas, uniendo a cada uno de ellos cuanta documentaci¨®n se relacione con las mismas y que se encuentre dispersa".