El TSJA se suma al Supremo y reitera a Alaya que debe dividir el ¡®caso ERE¡¯
El alto tribunal andaluz cree que la propuesta del fiscal es ¡°sumamente razonable¡±
Y van tres. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) se sum¨® este lunes al Tribunal Supremo y a la fiscal¨ªa para reclamarle a la juez Mercedes Alaya que divida el caso ERE en bloques para hacer manejable esta macrocausa, que suma 272 imputados y sigue al alza. Sin embargo, es harto improbable que Alaya cambie de criterio, al menos hasta que la Audiencia de Sevilla se lo ordene tras el recurso que ha presentado la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
A principios de a?o, la juez se revolvi¨® contra la decisi¨®n del Supremo y calific¨® la divisi¨®n del caso de ¡°absurdo procesal¡± porque ella entiende que el sumario es ¡°inescindible¡±. El alto tribunal entiende que la partici¨®n har¨¢ progresar la investigaci¨®n a mayor ritmo e impedir¨¢ las prescripciones de delitos, algunas de ellas ya denunciadas por Anticorrupci¨®n ante la antig¨¹edad de las ayudas.
Este lunes, el juez instructor del alto tribunal andaluz, Miguel Pasquau, remiti¨® a Alaya la causa sobre los cuatro exconsejeros de la Junta despu¨¦s de que perdieran su condici¨®n de aforados al no renovar como diputados por el PSOE en el nuevo Parlamento. ¡°Parece sumamente razonable y conveniente dividir la causa en diferentes piezas separadas, permitiendo el tratamiento (y en su caso enjuiciamiento) separado de los aspectos que presenten suficiente autonom¨ªa¡±, subraya Pasquau. La propuesta de divisi¨®n del caso ya es conocida: un bloque para el procedimiento de pago empleado en los ERE ¡ªque ata?e al dise?o del fondo y que afecta a los aforados en el Supremo como parte de la c¨²pula de la Junta¡ª, otra para las sobrecomisiones pagadas a las consultoras y bufetes de abogados, y una ¨²ltima rama compuesta por las m¨¢s de 200 ayudas que subvencion¨® el Ejecutivo aut¨®nomo entre 2001 y 2010.
El exinterventor, ante el Supremo
Manuel G¨®mez, exinterventor general de la Junta, declara este martes ante el Tribunal Supremo a petici¨®n propia. Lo hace tras las declaraciones de los dos expresidentes de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves y los tres exconsejeros Gaspar Zarr¨ªas, Jos¨¦ Antonio Viera y Mar Moreno ante el instructor del caso. Chaves y Gri?¨¢n, en sus declaraciones, afirmaron que no les llegaron los informes del interventor que alertaban del inadecuado procedimiento de pago de los ERE.
En su defensa, G¨®mez ha subido el tono de sus ataques contra los expresidentes a medida que estos ratificaban ante el juez instructor que el error fundamental que propici¨® los ERE fue la ausencia de un informe de actuaci¨®n por parte de G¨®mez que alertara del menoscabo de fondos p¨²blicos.
G¨®mez estima que las declaraciones de Chaves y Gri?¨¢n contienen "numerosas manifestaciones absolutamente inciertas". El exinterventor entiende que los dos le derivaron "falazmente responsabilidades que s¨®lo a ellos incumben", seg¨²n un escrito que present¨® ante el Supremo.
La c¨²pula de la Junta ha esgrimido que el exinterventor se limit¨® a emitir informes de cumplimiento que no deb¨ªan llegar al consejero de Econom¨ªa y Hacienda ¡ªen primer lugar Gri?¨¢n y luego su sucesora Carmen Mart¨ªnez Aguayo¡ª y menos al presidente de la Junta. Los informes de cumplimiento se?alan irregularidades, pero no lo suficientemente graves como para que su conocimiento alcance el m¨¢ximo nivel pol¨ªtico, seg¨²n los ex altos cargos.
El interrogatorio de G¨®mez ser¨¢ muy t¨¦cnico e intenso, dado que las defensas de la exc¨²pula de la Junta intentar¨¢n subrayar su inacci¨®n.
Pasquau rebate la ¡°conexi¨®n funcional¡± que esgrime Alaya para mantener unida la causa: ¡°No es argumento definitivo ni suficiente como para, en aras del principio de continencia de la causa, agrupar todas las conductas en una macrocausa cuyo volumen y n¨²mero de imputados presenta dificultades y problemas de manejabilidad procesal que dificultan en extremo un tratamiento adecuado y provocan una indeseable demora del enjuiciamiento¡±.
De este modo, el juez instructor concluye las breves actuaciones iniciadas esta primavera tras ordenarlo el Supremo y haber tomado declaraci¨®n a tres exconsejeros. Pasquau entiende que Alaya deber¨ªa remitir las actuaciones sobre los cuatro ex altos cargos imputados Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio ?vila y Carmen Mart¨ªnez Aguayo?al Supremo, pero la potestad sobre esta cuesti¨®n es de Alaya. El instructor de la Sala de lo Penal del TSJA estima que es ¡°absolutamente evidente¡± que el dise?o del fondo de los ERE no puede obtener ¡°respuestas diferentes para las diferentes personas intervinientes¡±, por lo que deben agruparse en un solo procedimiento. Es decir, la supuesta confabulaci¨®n del Gobierno para crear un sistema mantenido durante una d¨¦cada no puede ser investigado en el Supremo y al mismo tiempo examinado por Alaya, que ha interrogado a 20 ex altos cargos de la Junta y ahora afronta la declaraci¨®n de estos cuatro exconsejeros.
En la causa permanecen imputadas 263 personas en el juzgado de Alaya, adem¨¢s de estos cuatro exdiputados auton¨®micos y los cinco diputados a Cortes y senadores que investiga el Tribunal Supremo, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Pasquau lo resume a la manera alambicada de los jueces: ¡°Todav¨ªa queda un no insignificante recorrido para la instrucci¨®n¡±.
Tras estos dos meses de estudio, la conclusi¨®n de Pasquau es que el caso es demasiado compleja para decidir sobre los cuatro exdiputados, tanto como para abrir juicio oral como para archivar las diligencias. El magistrado se limita a exponer la tesis de Alaya, contrapuesta a la defensa de los exconsejeros, y concluye que dada su complejidad y volumen, ¡°habr¨ªa sido preciso m¨¢s tiempo¡±. Alaya retoma el testigo sin visos de trasladarse a la Audiencia de momento, a pesar de haber pedido y logrado el ascenso.
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