El Supremo ordena tomar declaraci¨®n a una juez anticorrupci¨®n de Galicia

El Tribunal Supremo censura el "empecinamiento" de una de las dos juezas gallegas m¨¢s criticadas en p¨²blico y acosadas en privado por ser azote de los corruptos, Estela Sanjos¨¦, en asumir un caso que lleg¨® a implicar a casi un centenar de personas, entre ellas abundantes polic¨ªas, alcaldes y otros cargos pol¨ªticos. Pero al mismo tiempo, en un fallo del 23 de abril hecho p¨²blico hoy, da un varapalo a la Audiencia Provincial de Lugo, que acab¨® absolviendo a los 23 imputados que en junio de 2014 llegaron a sentarse en el banquillo, y obliga a esta instancia a retrotraerse al momento previo a las deliberaciones y tener en cuenta los indicios de delito que la magistrada hall¨® durante la instrucci¨®n. Entre aquellos imputados, adem¨¢s de regidores y exregidores de varios pueblos gallegos (que en algunos casos concurren a estos comicios), estaban el ahora ex subdelegado del Gobierno en Lugo Jes¨²s Otero, y el jefe provincial de Tr¨¢fico Julio Gonz¨¢lez. El caso investigado a partir de 2008 por la juez de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo era el perd¨®n masivo de multas por parte de la Jefatura Provincial de Tr¨¢fico. Los delitos, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y falsedad documental. La imputaci¨®n de cargos p¨²blicos y un sinf¨ªn de agentes de la polic¨ªa, seguido d¨ªa a d¨ªa por los medios de comunicaci¨®n gallegos -entonces a¨²n poco habituados a macrocausas contra la corrupci¨®n- puso a la magistrada Sanjos¨¦ en el ojo del hurac¨¢n. Recientemente pidi¨® el traslado y desde hace un mes ocupa un juzgado de Huelva.

El Supremo ordena ahora a la Audiencia que tome testimonio "a efectos penales" a la juez por su "empecinamiento". Sanjos¨¦ destap¨® casualmente la trama de la retirada de multas en Lugo a los 15 d¨ªas de iniciar una investigaci¨®n sobre narcotr¨¢fico a trav¨¦s de las escuchas telef¨®nicas que orden¨® por el delito contra la salud p¨²blica. A partir de ah¨ª, autoriz¨® muchos m¨¢s pinchazos y registros. El tribunal entiende que los delitos no estaban conectados y que la magistrada, tal y como en su d¨ªa consider¨® la Audiencia, ten¨ªa que haber remitido el asunto sobre Tr¨¢fico al juez decano para que entrase en reparto. La nueva sentencia es consecuencia del recurso que present¨® la Fiscal¨ªa contra la que dict¨® en Lugo la Audiencia Provincial, y manda, adem¨¢s, que los mismos magistrados que resolvieron absolver a los 23 imputados vuelvan a reunirse para deliberar. Deber¨¢n dictar un fallo que parta de la validez de las pruebas que anteriormente anularon bas¨¢ndose, ¨²nicamente, en el proceder de la instructora.

En una sentencia demoledora contra Sanjos¨¦, la Audiencia de Lugo dict¨® la absoluci¨®n al entender que la magistrada hab¨ªa conculcado el derecho al juez predeterminado por la ley. El alto tribunal, ahora, quiere que la instructora explique por qu¨¦ insisti¨® "en no desglosar actuaciones desconexas" y se resisti¨® a que el caso fuese a reparto entre los tres juzgados de Instrucci¨®n que existen en la ciudad.

Casi un tercio de los 39 folios que ocupa la sentencia del Supremo corresponden al voto particular del magistrado pontevedr¨¦s Luciano Varela, instructor de la causa contra Baltasar Garz¨®n por un presunto delito de prevaricaci¨®n (del que fue absuelto) en la investigaci¨®n de cr¨ªmenes del franquismo. Varela defiende que el comportamiento "posiblemente delictivo" de Sanjos¨¦ justifica que el caso no sea devuelto a la Audiencia de Lugo para una nueva deliberaci¨®n sino que se regrese al principio de las actuaciones: que sea remitido de nuevo a los juzgados de la ciudad para que otro instructor comience de nuevo el procedimiento.

"A mi entender, el comportamiento de la juez de Instrucci¨®n, cualquiera que fuera su rectitud interna, legitimaba la sospecha de que actuaba con par¨¢metros alejados de los exigidos por la constitucional garant¨ªa de imparcialidad", argumenta Varela en su voto particular, "a la que se oponen la ostentaci¨®n de un inter¨¦s en conocer de un asunto contra toda interpretaci¨®n razonable y la sospechosa ausencia de respuesta alguna a la multiplicidad de advertencias de ilegalidad en su comportamiento". Efectivamente, el fiscal advirti¨® en tres ocasiones a la magistrada del juzgado n¨²mero 3 la necesidad de desglosar las investigaciones y someter la trama de las multas a reparto.

"La pregunta resulta ineludible", sigue el magistrado del Supremo, "?puede alguien ser condenado en un juicio en el que la instrucci¨®n se llev¨® a cabo con posible, aunque todav¨ªa no determinada, vulneraci¨®n de los preceptos penales por la autoridad judicial que la asumi¨®?". "Produce evidente agobio", concluye, "porque mal podr¨ªa soportarse ver condenado no solamente al acusado si no a quien contribuy¨® a su condena con la actividad investigadora".