La maldici¨®n de Aznalc¨®llar

Una docena de mesas pueblan el sal¨®n de juegos del centro de jubilados de Aznalc¨®llar (Sevilla). Son las 16.15 y fuera el calor se hace notar. Solo hay una ocupada y la partida de cartas est¨¢ a punto de comenzar. "La mina es la vida del pueblo", asegura mientras baraja Manuel P¨¦rez. "No seas tan exagerado, es media vida", le discute Tom¨¢s Losada. Ninguno tiene intenci¨®n de ceder. "Ha sido nuestra alegr¨ªa", tercia Jos¨¦ Fern¨¢ndez. De los cuatro jugadores, tres fueron mineros. "?Sabes cu¨¢ntos?vagones llenaba para llevarme 200 pesetas? 14 toneladas. Tonelada por vag¨®n", se responde Antonio Garc¨ªa. Escenas como esta reflejan la tradici¨®n minera de esta localidad, situada a unos 40 kil¨®metros de la capital y que, desde hace casi un par de a?os, vuelve a mirar hacia este yacimiento. La Junta de Andaluc¨ªa anunci¨® en julio de 2013 su intenci¨®n de reabrir la mina a trav¨¦s de un concurso internacional. Hoy, su adjudicaci¨®n est¨¢ bajo la lupa judicial.?

La mina de Aznalc¨®llar fue protagonista en 1998 del mayor desastre medioambiental en Espa?a. La rotura de la balsa de lodos t¨®xicos de la empresa sueca Boliden?contamin¨® gravemente el entorno del Parque Natural de Do?ana. Con el anuncio de su reapertura, el Gobierno andaluz convert¨ªa este yacimiento en s¨ªmbolo de su apuesta por impulsar el sector.?Pero, 17 a?os despu¨¦s, los nubarrones vuelven a cubrir esta mina?de cobre, plomo y zinc. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla considera?que el Ejecutivo aut¨®nomo adjudic¨® el concurso p¨²blico sin ¡°el m¨¢s m¨ªnimo rigor¡± a Minorbis-Grupo M¨¦xico (integrada por la cordobesa Magtel y Grupo M¨¦xico). La magistrada?identifica ¡°irregularidades graves¡± e?investiga delitos de cohecho, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias en la licitaci¨®n, todo ello a ra¨ªz de la denuncia presentada por?Emerita Resources, la segunda empresa finalista del concurso. La Junta ha defendido en todo momento la "legalidad y transparencia" del proceso y?ha decidido paralizar la concesi¨®n hasta que la magistrada se pronuncie.

"Lo que m¨¢s llama la atenci¨®n es que la empresa perdedora haya acudido directamente a la v¨ªa penal, en lugar de someterse al?arbitraje?que contemplaba el pliego del concurso o de ir por lo contencioso-administrativo", cuestiona un abogado experto en el sector. "Consideramos que lo que ha ocurrido no es materia de arbitraje. Y, en todo caso, para nosotros este no supondr¨ªa una garant¨ªa", defiende el letrado de Emerita, Ram¨®n Escudero.?En su denuncia, la empresa canadiense asegura que la resoluci¨®n del concurso ¡ªque la Administraci¨®n hizo p¨²blica el 20 de febrero en un acto retransmitido por Internet¡ª ha sido ¡°irregular¡± y achaca a la Administraci¨®n aut¨®noma ¡°una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora¡±. Tanto los servicios jur¨ªdicos como la Intervenci¨®n General de la Junta aseguran que su resoluci¨®n "se ajusta a derecho".?

"El pueblo es otro desde el cierre de la mina. Es triste, sin diversi¨®n para los j¨®venes, est¨¢ muerto", asegura el alcalde de Aznalc¨®llar en funciones, Agapito Ram¨ªrez (IU). Con m¨¢s de 6.200 habitantes y una tasa de paro que ronda el 32%, la econom¨ªa de la localidad se basa en la agricultura y en un pol¨ªgono de actividad medioambiental. "Se abri¨® tras el cierre de la mina, pero no se ha cumplido la expectativa de que absorbiera el empleo", afirma el regidor, quien trabaj¨® como minero durante m¨¢s de 20 a?os. "Nuestra esperanza es que se reabriera la mina, que creara empleo y auxiliara a las empresas locales. Ahora todo este l¨ªo judicial nos ha cortado esa ilusi¨®n", agrega Ram¨ªrez. Se prev¨¦ que la mina crear¨¢ unos 500 empleos.?¡°Ser¨ªa la salvaci¨®n del pueblo¡±, mantiene todo aquel al que se le pregunta.

Para su resurrecci¨®n, Aznalc¨®llar no solo ha tenido que despojarse del fantasma de la cat¨¢strofe, sino tambi¨¦n que hacer frente a los recelos de los ecologistas y a un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta que, finalmente, fue solventado. Ahora, le queda el escollo judicial. Entre otros aspectos, Emerita denuncia los criterios de valoraci¨®n de los t¨¦cnicos para que la alianza Minorbis-Grupo M¨¦xico se alzara con el concurso.?Y va m¨¢s all¨¢ al se?alar?la posible influencia ejercida sobre los 13 funcionarios.?"Aqu¨ª entra en juego la discrecionalidad t¨¦cnica. La Administraci¨®n debe valorar desde un punto de vista t¨¦cnico cu¨¢l es la mejor oferta y esa discrecionalidad ni siquiera es juzgable por lo contencioso administrativo. En este aspecto, los jueces no pueden sustituir a la Administraci¨®n", explica dicho abogado. "La juez no va a valorar el resultado sino si se presion¨® a los t¨¦cnicos para que dieran esos puntos", apunta Escudero. Seg¨²n fuentes del sector minero, el caso de Aznalc¨®llar est¨¢ perjudicando la llegada de inversores a la comunidad y enfr¨ªa las previsiones de representar en breve el 4% del PIB andaluz.?

Otro de los puntos de la investigaci¨®n, seg¨²n el informe de?la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa, es la implicaci¨®n de Grupo M¨¦xico, que es la tercera empresa minera del mundo, en el proyecto. Los agentes cuestionan que "respalde econ¨®mica, financiera y t¨¦cnicamente a Minorbis" y aseguran que lo ¨²nico que se acredite es "una posible alianza". "El compromiso de Grupo M¨¦xico ha estado desde un primer momento, pero es cierto que su implicaci¨®n ha ido paso a paso. Incluso, sus visitas a la comunidad han pasado desapercibidas. Ahora s¨ª, tras la adjudicaci¨®n, ya ha depositado 93 millones. Para esta empresa, Aznalc¨®llar no supone un gran proyecto pero si una estrategia para mostrar su inter¨¦s por Europa, por la Faja Pir¨ªtica...", explican expertos de la miner¨ªa. La adjudicataria tambi¨¦n se hace cargo ya del pago del mantenimiento de la mina, tal y como se recoge en el pliego de condiciones. Asimismo, se ha cuestionado su reputaci¨®n tras su implicaci¨®n, el verano pasado,?en uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en M¨¦xico, por el que ha pagado 115 millones en indemnizaciones.

La puesta en funcionamiento de la mina, l¨ªos judiciales aparte, es cuesti¨®n a¨²n de entre dos y tres a?os, seg¨²n expertos del sector. La empresa deber¨¢ tramitar toda una serie de permisos mientras avanza en el proyecto. "La adjudicataria deber¨¢ ahora investigar cu¨¢l es el valor real de la explotaci¨®n. A ra¨ªz de ello, desarrollar¨¢ su plan, determinar¨¢ qu¨¦ infraestructuras son mejores y cu¨¢les son sus necesidades de agua...?La mina no comenzar¨¢ a trabajar de hoy para ma?ana", enumeran dichas fuentes, que cuestionan los problemas de agua de los que hace unas semanas alertaba el presidente de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero. "El presidente avisaba de que, en estos momentos, no hay recursos h¨ªdricos para el yacimiento y que conseguirlos requiere de una tramitaci¨®n que puede tardar hasta un a?o. Mostraba su inquietud al no conocer las necesidades de agua de los proyectos y al creer que su puesta en funcionamiento era a corto plazo", apunta el comisario de Aguas de la CHG, Rafael ?lvarez, quien destaca que, al tratarse de una zona sensible, las numerosas alegaciones?de los ecologistas har¨¢n m¨¢s lento el procedimiento. "Soluci¨®n la va a haber, una u otra, pero la va a haber", tranquiliza ?lvarez.?

Pese a ello, los expertos consultados coinciden en que las necesidades de agua del proyecto no son tan importantes como hace 17 a?os. "Las dos empresas plantearon un circuito cerrado y calculaban que necesitar¨ªan unos 700.000 metros c¨²bicos al a?o, el mismo agua que consume 120 hect¨¢reas de arroz", explican. Precisamente, la soluci¨®n que ambas empresas le daban al problema del agua es tambi¨¦n un cap¨ªtulo de la denuncia de Emerita. La compa?¨ªa canadiense afirma que su competidora copi¨® esta parte de su proyecto.?

De lo que no hay dudas es de que el recorrido del caso por los juzgados estira en el tiempo la reapertura de la mina. "Nos da igual una u otra empresa, pero que se comience ya a trabajar y a crear puestos de trabajo", pide el alcalde en funciones de Aznalc¨®llar. "El pueblo y la comarca necesitan un?revulsivo?y lo necesitan ya",?afirma Manuel P¨¦rez en el centro de jubilados. "Los vecinos no entendemos de l¨ªos judiciales, lo que nos importa es que haya trabajo", asegura?Tom¨¢s Losada antes de apuntar: "Este centro se llama Los mejores a?os, esos que todos queremos que vuelvan a Aznalc¨®llar".