La juez Alaya imputa a 11 jefes de servicio de Formaci¨®n

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) decide si la juez Mercedes Alaya puede continuar con el caso de los ERE y con el de los cursos de formaci¨®n, la magistrada sigue con su instrucci¨®n. Alaya ha imputado por delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y fraude de subvenciones?a 10?jefes de servicio de Formaci¨®n de la Junta y los cita a?declarar?entre el?9 y 12 de junio. A esta lista, se suma una jefa de servicio de la Direcci¨®n General de Formaci¨®n Mar¨ªa Carril, a quien la magistrada no cita a declarar.

Seg¨²n un auto fechado el 27 de mayo, la juez Alaya imputa a estos 11 cargos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificaci¨®n de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificaci¨®n, como el de seguimiento y el de gesti¨®n econ¨®mica". La juez considera que?los imputados habr¨ªan permitido que en este ¨²ltimo departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervenci¨®n que las subvenciones hab¨ªan sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvenci¨®n".?

Por lo tanto, la instructora mantiene que los acusados "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando as¨ª los caudales p¨²blicos comprometidos" y que confeccionaron las resoluciones de exoneraci¨®n?que permitieron que "multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener m¨²ltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".?La instructora siempre ha defendido que las exoneraciones dictadas por Empleo contraven¨ªan la Ley de Subvenciones, a pesar de que el Gobierno ha defendido su legalidad.?Seg¨²n un ¨²ltimo atestado, la Guardia Civil elev¨® a 1.298 millones de euros la cantidad que el Gobierno andaluz habr¨ªa concedido en ayudas a la formaci¨®n entre los a?os 2002 y 2014 sin que se hayan justificado.

Junto a la imputaci¨®n de estos 11 cargos, la magistrada tambi¨¦n requiere una serie de actuaciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre otras, pide que se identifique a los?secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se determinen cu¨¢les son sus funciones. Asimismo, reclama a los agentes informaci¨®n sobre las propuestas de reintegro, ya sean "total o parcial", de este tipo de subvenciones y que detallen "las fechas de inicio de los expedientes, estado en el que se encuentren y si en alguno de ellos hubiese caducado el derecho de reclamaci¨®n por no haberse iniciado el correspondiente expediente".?

Alaya contin¨²a instruyendo el caso de la formaci¨®n mientras se dilata su salto a la Audiencia Provincial de Sevilla, ascenso concedido a principios de a?o. La juez ha pedido al TSJA una de las dos comisiones de servicio previstas para el Juzgado de Instrucci¨®n 6 para poder?continuar con la investigaci¨®n de los ERE, los cursos de formaci¨®n y la causa de los avales a empresas.?Alaya ha realizado esta petici¨®n pese a que el TSJA ha dejado claro que el reparto de casos corresponde a la nueva titular del juzgado, Mar¨ªa de ?ngeles N¨²?ez Bola?os, que tomar¨¢ posesi¨®n en pocas semanas y a cuyo criterio los dos jueces en comisi¨®n de servicio deber¨¢n someterse.