El juez Pedraz cierra para el archivo el ¡®caso Couso¡¯ pese a todos los indicios

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cerrado para su posterior archivo la causa en la que investigaba la muerte durante la invasi¨®n de Irak del c¨¢mara Jos¨¦ Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, en un auto en el que lamenta que, a pesar de que existen "suficientes indicios racionales" contra tres militares del Ej¨¦rcito de Estados Unidos, este "crimen de guerra" va a quedar "impune".

El magistrado, que eleva el procedimiento a la Sala de lo Penal para que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones al ser el ¨®rgano competente para este tr¨¢mite, considera que no tiene margen para continuar la instrucci¨®n debido a la reforma de la ley de jurisdicci¨®n universal y a la reciente sentencia del Supremo que confirm¨® el archivo de las pesquisas sobre el genocidio en el T¨ªbet. "El flexo no podr¨¢ mantenerse encendido", se lamenta Pedraz.

De esta forma, propone el cierre de la causa que desde 2010 manten¨ªa procesados y bajo orden de busca y captura al teniente coronel del Ej¨¦rcito de Estados Unidos Philip de Camp, el capit¨¢n Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a los que acusaba de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en concurso con homicidio.

Pedraz argumenta que la resoluci¨®n del Supremo, de la que fue ponente el exfiscal general del Estado C¨¢ndido Conde-Pumpido, estableci¨®, de acuerdo con la reforma de la justicia universal impulsada por el PP, que "los tribunales espa?oles carecen de jurisdicci¨®n para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero" salvo en dos supuestos.

El primero se refiere a que el procedimiento se dirija contra "un espa?ol" y el segundo que el presunto autor sea "un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa?a o un extranjero que se encontrara en Espa?a y cuya extradici¨®n hubiera sido denegada por las autoridades espa?olas".

El juez interpret¨® la reforma en el sentido de que pod¨ªa perseguir a los presuntos autores de la muerte de Couso "in absentia" (en rebeld¨ªa), es decir, que "la obligaci¨®n de buscar y hacer comparecer a los procesados se extend¨ªa a cualquier pa¨ªs en el que se encontraran y no solo a Espa?a". Sin embargo, la sentencia del Supremo establece que la jurisdicci¨®n no puede extenderse "'in absentia', en funci¨®n de la nacionalidad de la v¨ªctima o de cualquier otra circunstancia".

Tras se?alar que el Supremo establece con su sentencia "una doctrina definitiva" sobre esta cuesti¨®n a partir de la modalidad "muy restrictiva" de jurisdicci¨®n universal aprobada por el legislador, Pedraz destaca que, a pesar de que los hechos constituyen un crimen de guerra contemplado en el IV Convenio de Ginebra, la b¨²squeda de los autores no ser¨¢ posible "en Espa?a ni en otros pa¨ªses".

"La nueva norma dictada por el legislador espa?ol impide la persecuci¨®n de cualquier crimen de guerra cometido contra un espa?ol, salvo en el d¨ªficil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en Espa?a", se?ala el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1.

De igual modo, recuerda que "para buscar o hacer comparecer ante los tribunales" a los presuntos autores de los cr¨ªmenes de guerra "hace falta dictar una orden de b¨²squeda y ¨¦sta solo puede acordarse dentro del seno de un procedimiento", que en este caso "nunca existir¨¢" porque la reforma "impide su incoaci¨®n" salvo que los responsables vivan en nuestro pa¨ªs.

La nueva norma tambi¨¦n conlleva, seg¨²n Pedraz, que "ante cr¨ªmenes contra periodistas, cooperantes o personales espa?olas consideradas como poblaci¨®n civil", ni la Fiscal¨ªa ni los familiares de las v¨ªctimas podr¨¢n instar la apertura de diligencias en Espa?a para "identificar a la v¨ªctima, solicitar la autopsia o investigar c¨®mo acontecieron los hechos".

En este contexto, el juez lamenta que a partir de ahora los procesados podr¨¢n "desplazarse a otros pa¨ªses que hayan suscrito el Convenio, e incluso a Espa?a, con la seguridad de que no van a ser buscados", puesto que "en los archivos policiales o de otra ¨ªndole no va a constar tal b¨²squeda".

"De esta forma, pese a que existen m¨²ltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos (...), el delito quedar¨ªa impune. La decisi¨®n del legislador ser¨¢ discutible y podr¨¢ provocar debates en torno a tal impunidad, no s¨®lo para el presente casos sino para otros posibles, mas no corresponde a los jueces suplir al legislador", concluye Pedraz.

La familia, amigos y compa?eros del c¨¢mara de Tele 5 consideran al Gobierno del PP culpable de la decisi¨®n del juez y han avisado de que recurrir¨¢n la decisi¨®n porque "aqu¨ª no termina la batalla".

Los allegados a Couso han reconocido en un comunicado estar "desolados e indignados" por la decisi¨®n del juez, pero a la vez est¨¢n "decididos a no tirar la toalla" y recurrir¨¢n la decisi¨®n hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"El Gobierno cambi¨® la ley para proteger a los asesinos de mi hermano", ha denunciado David Couso, hermano del reportero asesinado, quien ha censurado que se trat¨® de "un cambio de ley hecho 'a la carta' para favorecer a determinados criminales", como los militares estadounidenses que estaban procesados por la muerte de Couso.

Seg¨²n ha remarcado el hermano del c¨¢mara de televisi¨®n, el propio juez Pedraz dice en su auto que "queda constatado que existen suficientes indicios racionales de que los procesados ser¨ªan autores de los delitos se?alados", ante lo que ha reconocido su "impotencia" ante la "impunidad" que provoca el cambio legislativo.

A su juicio, con esto queda demostrado judicialmente que Jos¨¦ Couso "fue asesinado" y qui¨¦nes fueron sus asesinos. "Y sin embargo la Justicia no puede actuar porque este Gobierno la ha atado de pies y de manos --ha reprochado--. Hoy se ha vuelto a demostrar que el cambio legislativo que impuls¨® Rajoy fue una operaci¨®n destinada a permitir que determinados asesinos y delincuentes queden al margen de la ley".

David Couso tiene claro que al juez Pedraz "le ha obligado a cerrar el caso el Partido Popular con su antidemocr¨¢tica reforma", pero avisa de que si el Gobierno cree que la familia, amigos y compa?eros del c¨¢mara se van a rendir "ante sus sucias maniobras", est¨¢n "muy equivocados".