La transparencia: propuestas y realidades

Tanto en las recientes campa?as electorales, como en la resaca poselectoral, uno de los escasos puntos de encuentro entre las diversas fuerzas pol¨ªticas ha sido la reivindicaci¨®n de una mayor transparencia en la gesti¨®n p¨²blica.

Los candidatos, especialmente aquellos con compa?eros de partido afectados por esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, parec¨ªan inmersos, a modo de catarsis, en una suerte de competici¨®n de "yo soy m¨¢s transparente que t¨²". En las ¨²ltimas semanas hemos escuchado propuestas de todo tipo y alcance: desde la presentaci¨®n de declaraci¨®n de bienes de los c¨®nyuges de los responsables pol¨ªticos, a la publicaci¨®n detallada de las agendas de los cargos p¨²blicos, la creaci¨®n de oficinas municipales antifraude o la rendici¨®n de cuentas de los gastos de representaci¨®n.

Pues bien, al margen del posible r¨¦dito pol¨ªtico de dichas reivindicaciones, llama la atenci¨®n que se formulen, cuando, en poco m¨¢s de dos a?os, en Espa?a se ha producido un avance fundamental en esta materia, con la publicaci¨®n de un buen elenco de leyes de transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y buen gobierno, por las Cortes y numerosos parlamentos auton¨®micos. Esas leyes est¨¢n todav¨ªa hu¨¦rfanas de desarrollo reglamentario y no han tenido tiempo material de implementarse por las administraciones p¨²blicas.

Su promulgaci¨®n ha sido sin duda tard¨ªa, ya que Espa?a ha sido uno de los ¨²ltimos Estados de la Uni¨®n Europea en aprobar normativas sobre transparencia; sin embargo, la tramitaci¨®n parlamentaria ha sido, en general, precipitada, y m¨¢s preocupada por generar un efecto cauterizador de la sangr¨ªa de la corrupci¨®n, que por establecer unos objetivos realistas. De hecho, en la mayor¨ªa de los casos, se han fijado unos plazos de entrada en vigor dif¨ªcilmente asumibles, atendidas las necesidades t¨¦cnicas, jur¨ªdicas, econ¨®micas y de formaci¨®n de personal, que supone el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

La realidad es que los principios de transparencia han sido, en buena medida, elaborados por catedr¨¢ticos de universidad, difundidos por ONGs, asumidos por los partidos pol¨ªticos, en muchos casos, m¨¢s como reacci¨®n al clima de desafecci¨®n, que por verdadera convicci¨®n, legislados con una t¨¦cnica mejorable, e implementados por inform¨¢ticos.

Ha faltado, a mi entender, un debate sereno sobre el alcance de las medidas a adoptar, una labor pedag¨®gica sobre el verdadero trasfondo de las propuestas en materia de transparencia, m¨¢s all¨¢ del car¨¢cter coyuntural de ant¨ªdoto frente a la corrupci¨®n, y una valoraci¨®n realista de las dificultades de su activaci¨®n.

En cualquier caso, el reto para las Administraciones P¨²blicas est¨¢ servido, ya que, al cumplimiento formal de las disposiciones de publicidad activa, derecho a la informaci¨®n, gobierno abierto y buen gobierno, se a?ade el verdadero objetivo de la nueva normativa: una nueva cultura en la gesti¨®n p¨²blica, en la que la interacci¨®n entre gobernantes y ciudadanos redunde en una democracia m¨¢s consolidada y una mayor eficacia y eficiencia de la Administraci¨®n, con una gesti¨®n responsable y sostenible de los recursos p¨²blicos.

Rafael Entrena Fabr¨¦ es abogado.