Churiaque critica que el poder p¨²blico no atienda recomendaciones del TVCP

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas (TVCP), Jos¨¦ Ignacio Mart¨ªnez Churiaque, ha criticado hoy que la Administraci¨®n vasca no atienda las "medidas correctoras" que propone este ¨®rgano, algo que hubiera evitado "algunas de las consecuencias" del fallido proyecto automovil¨ªstico Hiriko.

Churiaque ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco a petici¨®n de EH Bildu para dar cuenta del informe de fiscalizaci¨®n de los 2,2 millones de euros en ayudas otorgadas por el Gobierno vasco a este fallido proyecto automovil¨ªstico, que ha acabado en manos de la Justicia tras la denuncia presentada por la Fiscal¨ªa de ?lava contra sus promotores por, entre otros, el delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

?sta ha sido la ¨²ltima comparecencia de Churiaque como presidente de este ¨®rgano, ya que el Parlamento Vasco tiene previsto designar ma?ana a los siete vocales del TVCP para los pr¨®ximos seis a?os. Churiaque ha explicado que el informe de fiscalizaci¨®n de las ayudas otorgadas a Hiriko -aprobado por mayor¨ªa el pasado mayo y remitido a la C¨¢mara en junio- se incluy¨® en el an¨¢lisis de las cuentas correspondientes a 2013 de la Administraci¨®n General de la Comunidad Aut¨®noma Vasca y que en ¨¦l se detectaron varios "il¨ªcitos administrativos".

En concreto, ha se?alado que se entregaron ayudas por un c¨®mputo de 2,2 millones de euros en el marco del programa Etorgai, dirigido a proyectos de I+D, y Ekintzaile, de apoyo a personas emprendedoras, sin "exigir las garant¨ªas" que establece la legalidad para los supuestos de pagos anticipados a proyectos de innovaci¨®n.

Churiaque ha explicado que el decreto que regula este tipo de ayudas obliga a exigir garant¨ªas cuando los pagos anticipados superan los 180.000 euros, lo que no ha sucedido con las empresas que lideraron Hiriko. "Hay una pr¨¢ctica por parte de la Administraci¨®n por no cumplir escrupulosamente el requisito de la norma", ha advertido Churiaque.

Tambi¨¦n ha indicado que en el caso de Hiriko se ha observado que al igual que ha sucedido en otras ocasiones no se ha exigido justificar el 100 % de todos los ingresos y gastos de la actividad para comprobar que la parte financiada por la Administraci¨®n ha ido destinada al objeto de la ayuda. Por tanto el tribunal no puede examinar si ha habido concurrencia de ayudas o "sobrefinanciaci¨®n", ha explicado Churiaque, que ha recordado que en otras administraciones espa?olas un auditor privado verifica todos los justificantes al 100 % y que ¨¦sta es una "vieja reivindicaci¨®n" del tribunal.

"Si los criterios de tribunal se hubiesen llevado a la pr¨¢ctica antes del proyecto Hiriko, sin lugar a dudas nos hubi¨¦semos dotado de mecanismos de mejor control que posiblemente hubiesen evitado algunas de las consecuencias actuales", ha aseverado.

Asimismo ha a?adido que si los "potenciales il¨ªcitos administrativos" se cumplen "manera persistente" y no se toman decisiones por parte de las autoridades, "se sigue pensando que el incumplimiento de la norma es una relajaci¨®n de las costumbres y no es una explicaci¨®n de las posibles corrupciones detectadas en otros ¨¢mbitos".

As¨ª, Churiaque ha recordado que detr¨¢s de los il¨ªcitos administrativos no hay una "conducta de corrupci¨®n" pero ha advertido de que cuando hay una conducta investigada por los tribunales y se imputa un supuesto delito de corrupci¨®n, "siempre el inicio fue un il¨ªcito administrativo". "Est¨¢n consiguiendo que un tribunal de cuentas les diga cu¨¢les son las medidas correctoras que hay que tomar a la Administraci¨®n y aqu¨ª no se toman", ha resumido Churiaque, quien ha justificado el desafecto de los ciudadanos ante las instituciones en este tipo de actitudes "laxas".

"El tribunal cumple cuando pone en conocimiento ante ustedes los il¨ªcitos administrativos y espera que ustedes como legisladores cumplan proponiendo al Gobierno la modificaci¨®n de la norma o la conducta", ha a?adido.

Churiaque tambi¨¦n ha explicado que al informe sobre Hiriko emiti¨® un voto particular al estimar que el tribunal deber¨ªa haber fiscalizado tambi¨¦n las ayudas concedidas a este proyecto por el Gobierno central (unos 14 millones) y por la Diputaci¨®n alavesa (37.000 euros).