Desacuerdo entre impulsores de la renta garantizada y los partidos
Los grupos parlamentarios no logran alcanzar un pacto en la suma y las prestaciones
Las negociaciones para que Catalu?a tenga una Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC) ¡ªuna ayuda que cubra los m¨ªnimos vitales de todos los hogares sin recursos¡ª est¨¢ encallada a 15 d¨ªas de su votaci¨®n definitiva en el Parlament. Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la medida y los grupos de la c¨¢mara que formularon enmiendas no logran alcanzar un acuerdo sobre aspectos clave, como la cuant¨ªa y las contraprestaciones por recibirla. Las partes admiten la dificultad de alcanzar el pacto.
Una ayuda con un coste de 2.600 millones
La ILP, que busca que la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa sea un derecho subjetivo, lleg¨® al Parlament en marzo de 2014, tras tres a?os de trabajo y reproches por su lenta tramitaci¨®n. Entre sus promotores hay sindicatos, entidades vecinales, el Parlamento Ciudadano y la Marea Pensionista. El Idescat valid¨® 82.000 firmas de las m¨¢s de 121.000 que se recogieron.
Iniciativa y CUP no han presentado enmiendas al texto de la ILP, que pretende que la renta garantizada sea un derecho subjetivo. CiU, ERC y PSC est¨¢n m¨¢s cerca de lograr una propuesta conjunta, que podr¨ªa prosperar por mayor¨ªa. Sin embargo, los promotores creen que este plan ¡°est¨¢ muy alejado¡± del esp¨ªritu inicial del texto. Si hay un adelanto electoral, el pr¨®ximo pleno ser¨¢ el ¨²ltimo de la legislatura.
La ILP pide una ayuda de 664 euros mensuales, en doce pagas y con complementos de acuerdo al n¨²mero de miembros de la unidad familiar. Un hogar compuesto por tres miembros, por ejemplo, recibir¨ªa 19.122 euros al a?o. Entre los requisitos para poder acceder est¨¢n tener unos ingresos anuales menores al ?ndice de Suficiencia de Renta de Catalu?a (IRSC), fijado en 7.967 euros. Un beneficiario de la actual renta m¨ªnima de inserci¨®n recibe 460 euros mensuales. Los partidos est¨¢n de acuerdo con que el c¨¢lculo del IRSC est¨¢ desfasado y se han aprobado varias mociones parlamentarias para actualizarlo, pero no se ha hecho ninguna modificaci¨®n.
El texto pone como condiciones la residencia legal en Catalu?a y acreditar que se ha estado durante cuatro meses en una situaci¨®n de falta de recursos. El titular, dice la ILP, debe ¡°mantenerse inscrito como demandante de empleo y no rechazar una oferta de trabajo adecuada y digna que deber¨¢ adecuarse a sus titulaciones¡±.
¡°No pensamos renunciar a la cuant¨ªa y no estamos de acuerdo con que se condicione el derecho a recibirla a firmar un compromiso con el Servicio de Ocupaci¨®n de Catalu?a¡±, asegura Sixte Gargant¨¦, profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y portavoz de la comisi¨®n promotora. PSC y ERC ayudaron en la recogida de las firmas.
El Parlament ha encargado un informe sobre el coste de las propuestas de ERC, CiU y el PSC. Con este documento, las partes se volver¨¢n a sentar la pr¨®xima semana, puesto que la votaci¨®n se tendr¨ªa que realizar la semana que viene. Gargant¨¦ advierte: ¡°No hemos presentado una ILP para mejorar el PIRMI. Han tenido cuatro a?os para arreglarlo y no han hecho nada¡±.
¡°No puede ser que un cambio cualitativo en una prestaci¨®n termine en una gran frustraci¨®n para todos¡±, advierte Anna Figueras, diputada de CDC. La propuesta de Converg¨¨ncia parte de un b¨¢sico de 464 euros al mes por persona (el 70% del IRSC) y un aumento del 5% de esa cantidad para cada miembro adicional. Una familia compuesta por tres personas recibir¨ªa 6.772 euros al a?o. CiU cree indispensable que cada beneficiario tenga una plan individual de apoyo que lo ayude a la inserci¨®n social o laboral.
Esquerra, por su parte, propone desdoblar la ayuda: una parte ir¨ªa a las personas en riesgo de exclusi¨®n social (que no tendr¨ªa contraprestaciones hacia la Administraci¨®n) y otra para complementar los ingresos de los trabajadores pobres. El republicano Oriol Amor¨®s explica que se desarrollar¨ªa un sistema de bonificaciones que estimular¨ªa la ocupaci¨®n, es decir, que impedir¨ªa que se renunciara a trabajos y de pudiera compatibilizar un sueldo con una parte de la ayuda.
El PSC tambi¨¦n considera necesario dividir la prestaci¨®n y que la cantidad tenga una relaci¨®n respecto al salario m¨ªnimo interprofesional que ¡°garantice que no se produzca un efecto desincentivador de la inserci¨®n laboral¡±, explica la diputada Eva Granados. Los socialistas creen que se deber¨ªa fijar una cantidad para el pr¨®ximo a?o ¡ªel 75% del IRSC¡ª y que su aumento anual se ajuste al di¨¢logo social y a las magnitudes macroecon¨®micas, algo que liderar¨ªa una mesa de seguimiento. Esto, cree Granados, la har¨ªa ¡°realista y suficientemente gobernable¡±.
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