La nueva ley del suelo desbloquear¨¢ las operaciones Calder¨®n y Chamart¨ªn

La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes (PP), quiere eliminar la prohibici¨®n de construir edificios de cuatro alturas (tres plantas m¨¢s ¨¢tico) que Esperanza Aguirre aprob¨® en julio de 2007, en la segunda de sus tres legislaturas al frente de Madrid. La limitaci¨®n, que afecta a los planes urban¨ªsticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la ley, bloque¨® los principales desarrollos urban¨ªsticos de la regi¨®n: la Operaci¨®n Calder¨®n y la Operaci¨®n Chamart¨ªn, ambas en la capital y empantanadas en los tribunales por las complicaciones legales que presentan. El Ejecutivo auton¨®mico pretende ¡°actualizar y adaptar¡± la ley a ¡°la situaci¨®n actual¡±. Para ello, espera contar con ¡°un texto acordado¡± de la futura legislaci¨®n con la oposici¨®n a principios de 2016.

El PP aprob¨® en solitario la limitaci¨®n de alturas en verano de 2007, afectando a cualquier desarrollo de la Comunidad de Madrid que no tuviera aprobada su planificaci¨®n urban¨ªstica previamente. Es decir, que todos los proyectos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, quedaban exentos. Adem¨¢s, Aguirre incluy¨® la siguiente excepci¨®n: que los Ayuntamientos pudiesen ¡°autorizar¡± la construcci¨®n de ¡°edificios singulares cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas¡±.

En teor¨ªa, de esta forma se podr¨ªan seguir erigiendo edificios que rebasaran el tope de cuatro alturas. La Asociaci¨®n de Promotores Inmobiliarios de Madrid, se quej¨® de que la normativa regional no especificaba de qu¨¦ singularidades se trataba. La ley solo indica que, en el caso de que el permiso especial obligase a la modificaci¨®n del planeamiento urban¨ªstico vigente, ser¨ªa preciso el informe previo y favorable de la Comisi¨®n de Urbanismo de Madrid.

La intenci¨®n del Gobierno de Aguirre de ¡°impulsar un modelo de ciudad m¨¢s humano¡±, apostando por un concepto de ciudad con desarrollos urbanos menos poblados y con m¨¢s zonas verdes ¡ªy por tanto m¨¢s dispersos y dif¨ªciles de aplicar en las grandes ciudades de la regi¨®n, entre ellas Madrid¡ª ha terminado condicionando el urbanismo de la regi¨®n. En especial, el crecimiento de la capital por el norte (Operaci¨®n Chamart¨ªn) y el sur (Calder¨®n). ¡°Tenemos que garantizar que en la Comunidad de Madrid pueda haber desarrollo, y que sea un desarrollo sostenible¡±, indican en el gabinete de Cifuentes.

Aunque el Ejecutivo de Aguirre traslad¨® el mensaje de que el l¨ªmite de alturas apenas tendr¨ªa consecuencias en Madrid, debido a la planificaci¨®n finalizada del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de 1997, los grandes desarrollos urban¨ªsticos penden de la interpretaci¨®n que los juzgados hacen de la legislaci¨®n vigente. ¡°Es el momento de hacer una revisi¨®n de la ley del suelo porque hay algunas sentencias que obligan, de facto, a su modificaci¨®n. Sentencias que de alguna forma se han podido ir aplicando, actualizando mediante modificaciones parciales¡±, explican en el Ejecutivo madrile?o.

Un a?o despu¨¦s de que aprobarse la ley del suelo de Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid firm¨® en 2008, con Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP) de alcalde, un convenio con el Atl¨¦tico para que el club se trasladara al estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas-Canillejas. El conjunto rojiblanco obtendr¨ªa con este acuerdo un campo nuevo con un aforo para 73.000 personas, 20.000 m¨¢s de las que tiene ahora el Vicente Calder¨®n. De su construcci¨®n se encargar¨ªa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La operaci¨®n inclu¨ªa la demolici¨®n del Calder¨®n (inaugurado en 1966) y de la antigua f¨¢brica de cerveza Mahou. En su lugar FCC levantar¨ªa unas 2.000 viviendas, con 160.000 metros cuadrados de zonas verdes. La constructora tambi¨¦n soterrar¨ªa el ¨²ltimo tramo de la M-30, culminando as¨ª el trazado del paseo ribere?o de Madrid R¨ªo. FCC costear¨ªa las obras, incluidas las de La Peineta, con la venta de las viviendas (el gasto previsto era de 218 millones, m¨¢s otros 41 millones por la parcela). El Ayuntamiento de Madrid no acept¨® la propuesta original del Atl¨¦tico, de levantar 2.200 pisos, con dos torres de 30 plantas, otras tres de 19 y la desaparici¨®n de un instituto. La versi¨®n original se rebaj¨® a unas 1.600 viviendas, con torres de 17 pisos, muy por encima del m¨¢ximo legal de la ley regional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado varias veces contra el proyecto urban¨ªstico del Manzanares. El TSJM detuvo la operaci¨®n del Calder¨®n en enero de 2012, pero el Tribunal Supremo anul¨® la sentencia en octubre de 2014 y oblig¨® a repetir el proceso. El TSJM tom¨® en cuenta el pasado abril las disposiciones del Supremo y examin¨®, adem¨¢s, el cambio legislativo aprobado por el Gobierno regional en 2013 para intentar salvar el plan.

La conclusi¨®n a la que lleg¨® fue que el cambio legal podr¨ªa no ser suficiente (de ah¨ª la intenci¨®n de Cifuentes de formular una nueva ley). El Ejecutivo de Ignacio Gonz¨¢lez (PP) introdujo en abril de 2013 una modificaci¨®n en el proyecto de Ley de Patrimonio Hist¨®rico con la que buscaba desbloquear la principal operaci¨®n inmobiliaria en la almendra central de la capital y otras, como la ampliaci¨®n hacia el norte del paseo de la Castellana. No tuvo ¨¦xito.

El TSJM tumb¨® el pasado abril el proyecto de 2009 del Ayuntamiento y sembr¨® muchas dudas sobre el plan municipal de julio de 2014 ¡ªuna revisi¨®n de los proyectos anteriores¡ª de derribar el Calder¨®n y hacer dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22. De nuevo, al entender que era incompatible con la ley del suelo regional.

El pasado enero se anunci¨® el desbloqueo de la Operaci¨®n Chamart¨ªn, dise?ada por el BBVA para soterrar las v¨ªas de la estaci¨®n del mismo nombre, prolongar el paseo de la Castellana 3,7 kil¨®metros y construir 17.000 pisos, cuya venta sufragar¨¢ las obras. La inversi¨®n ser¨ªa de 6.000 millones. El primer plan urban¨ªstico de para Chamart¨ªn fue aprobado en 2011 por el Ayuntamiento. Un estudio de arquitectos lo recurri¨® ante la justicia. Como en el caso del Calder¨®n, el TSJM lo anul¨® en 2013 porque, entre otras razones, proyectaba edificios muy por encima de las cuatro alturas fijadas en la ley del suelo de Aguirre. Los promotores elaboraron un nuevo plan solventando a su entender los obst¨¢culos judiciales. El inconveniente que se encontraron es que Ana Botella (PP) no lo dej¨® aprobado en la anterior legislatura. La actual regidora, Manuela Carmena (Ahora Madrid), solo se ha comprometido a ¡°estudiar¡± el plan para Chamart¨ªn.