Junts pel S¨ª repesca el anterior decreto de pobreza energ¨¦tica

La llamada tregua invernal fue el mecanismo que el Gobierno catal¨¢n cre¨® en 2013 para evitar que a las familias sin recursos se les cortara la electricidad. La medida, pionera en el Estado, fue recurrida por el Gobierno central al considerar que invad¨ªa sus competencias. Sin embargo, ya las entidades sociales hab¨ªan criticado su alcance: el decreto postergaba la deuda hasta la primavera y solo se acogieron 895 familias. A pesar de ello, la candidatura de Junts pel S¨ª apuesta en su programa electoral por rescatar este decreto como herramienta principal en la lucha contra la pobreza energ¨¦tica.

Las ¨²ltimas cifras oficiales del Instituto Catal¨¢n de Estad¨ªstica, de julio pasado, aseguran que el 9,5% de los catalanes sufre pobreza energ¨¦tica, unas 683.000 personas. Se trata de una cifra sobre la que no hay consenso, pues el Departamento de Empresa y Ocupaci¨®n calcula que 136.000 catalanes (50.000 familias) han recibido ayudas para pagar los recibos por parte de Ayuntamientos y entidades sociales.

La llamada tregua invernal, aprobada en diciembre de 2013, fue una de las exigencias de Esquerra Republicana para apoyar los Presupuestos del a?o siguiente. El proyecto de cuentas fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que oblig¨® a una pr¨®rroga. El texto, que era una modificaci¨®n del C¨®digo Catal¨¢n de Consumo, entre otras cosas defin¨ªa qui¨¦n era pobre energ¨¦tico y marcaba c¨®mo ten¨ªa que ser el itinerario de las unidades familiares que quisieran optar a la ayuda, que en ese momento se limitaba a la electricidad y el gas.

Las familias ten¨ªan que cumplir tres requisitos. Sus ingresos no pod¨ªan superar los 7.967,73 euros anuales; ten¨ªan que demostrar que se hab¨ªan aplicado todas las medidas para reducir el consumo y, finalmente, tener contratado el bono social. Estas condiciones ten¨ªan que ser certificadas por los Servicios Sociales de los Ayuntamientos. Ese documento ten¨ªa que ser llevado ante las empresas suministradoras, que congelaban las facturas hasta despu¨¦s del invierno.

Las entidades sociales y los Ayuntamientos de todos los colores no tardaron en alertar de que el tr¨¢mite era demasiado engorroso y la soluci¨®n pod¨ªa no valer la pena. ¡°Cuando no tienes dinero para pagar una factura la pr¨®rroga da igual, solo se alarga la agon¨ªa¡±, explica Merc¨¨ Darnell, responsable de programas de C¨¢ritas. Una cr¨ªtica similar hizo la Mesa del Tercer Sector en su d¨ªa. Esta entidad present¨® ayer un balance de la legislatura en los aspectos sociales y puso como una de las cuestiones a mejorar ¡°la simplificaci¨®n de los tr¨¢mites¡±. El S¨ªndic de Greuges, Rafael Rib¨®, calific¨® el texto de ¡°t¨ªmido¡± y critic¨® con dureza que no se le diera la publicidad necesaria. Empresa acept¨® que solo 895 personas se acogieron al programa. Solo en 2013, el Ayuntamiento de Barcelona dio ayudas a 2.842 familias. C¨¢ritas hizo lo propio con 1.700.

Junts pel S¨ª, seg¨²n el programa, justifica la recuperaci¨®n del decreto por su ¡°voluntad de ejercer la soberan¨ªa real¡±. Y, en primer lugar, enumera las normas de corte social que han sido recurridas ante el TC por considerar que invad¨ªan competencias. Por ello propone ¡°aplicar el decreto de pobreza energ¨¦tica 6/2013, aprobado por el Parlament¡±.

En espec¨ªfico, el Gobierno central objet¨® que la Generalitat creara una definici¨®n de pobre energ¨¦tico y cre¨ªa que las medidas impactaban ¡°sobre los ingresos del sector el¨¦ctrico¡±. El Gobierno catal¨¢n y ERC salieron a defender su decreto, obviando las cr¨ªticas por parte de las entidades e instituciones que, finalmente, terminaron pagando las facturas de las personas vulnerables. Y a?adieron el hecho a la lista de agravios contra Espa?a. Para garantizar la ayuda, Empresa anunci¨® la puesta en marcha de un fondo para pagar los recibos. La idea es que las empresas suministradoras pongan dinero. A d¨ªa de hoy no han puesto un euro.