El juez destapa excesos urban¨ªsticos que hundieron las arcas de Sanxenxo

La instrucci¨®n por presuntas irregularidades en la Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo (ya desaparecida por falta de presupuesto en 2013) ha concluido con 13 imputados. El juez ha dado traslado al fiscal de dos de las cinco causas para que formule acusaci¨®n y ha acordado el archivo de otras tres entre las que se encontraba la que implicaba a la entonces responsable de esta ¨¢rea municipal y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnaci¨®n Rivas.

Despu¨¦s de cuatro a?os de investigaci¨®n, el caso ha puesto en evidencia los excesos de una pol¨ªtica urban¨ªstica incontrolada en el mayor centro tur¨ªstico de las R¨ªas Baixas y en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria. Unos excesos y errores en la gesti¨®n urban¨ªstica que colocaron al Ayuntamiento en unos niveles de endeudamiento insoportables y que suponen a largo plazo el 70% de su presupuesto.

El juez ¨Cque admite no haber podido llegar al fondo de algunas de las actuaciones o no apreci¨® materia punible y solo falta administrativa- describe ¡°conductas tendenciosas¡± de los t¨¦cnicos y actuaciones ¡°irresponsables¡± que han causado perjuicios a propietarios de viviendas como las de la calle Progreso, que acabaron afectadas por una orden de derribo porque la licencia era ilegal.

El caso que arranc¨® por la denuncia de tres vecinos enfila su recta final con la posible apertura de juicio contra la exalcaldesa popular Catalina Gonz¨¢lez y el arquitecto Carlos Besada, imputados por presuntos delitos de prevaricaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio. Tambi¨¦n los que fueran arquitectos t¨¦cnicos municipales, Rafael V¨¢zquez Abal y Pablo Gu¨ªo, y las exasesoras de Urbanismo Ana Bel¨¦n Louro y Soledad Leiro est¨¢n imputados por presunto tr¨¢fico de influencias.

Asimismo podr¨ªan ser acusados por el fiscal por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio la arquitecta Elena L¨®pez Fern¨¢ndez y el exconcejal de Urbanismo ?ngel Casal, adem¨¢s de Rub¨¦n Campos, Juan Manuel Ferro y Jes¨²s Mesego, relacionados con la constructora Ferro Mesego, y dos particulares, Carmen Montes G¨®mez y Jos¨¦ Luis Jorge Valladares.

Uno de los procedimientos que no se han archivado est¨¢ relacionado con la segregaci¨®n y edificaci¨®n de varios chal¨¦s por las entidades Ferro-Mesego C.B. y Promociones Inmobiliarias Lucasor por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, al haberse construido en suelo no urbanizable. La causa se dirige contra los promotores, pol¨ªticos y t¨¦cnicos que informaron favorablemente los proyectos contrarios a las normas de ordenaci¨®n.

Tampoco se han archivado las diligencias por la segregaci¨®n y construcci¨®n de un chal¨¦ en la playa de Montalvo por la promotora Canaleiro Inversi¨®n por los delitos contra la ordenaci¨®n del territorio y tr¨¢fico de influencias. Consta que el mismo d¨ªa que la promotora solicita licencia, 27 de marzo de 2007, el t¨¦cnico Pablo Gu¨ªo emiti¨® informe favorable que es verificado por el gerente de Urbanismo, Rafael V¨¢zquez, su asesora Ana Louro y finalmente avalado por el presidente de la Xerencia de Urbanismo, ?ngel Casal.

En agosto de 2011 se concedi¨® a la constructora licencia de primera ocupaci¨®n aunque en la documentaci¨®n constaban modificaciones de la zona de acceso a la vivienda, alteraciones en la fachada, en la superficie del s¨®tano o la construcci¨®n de un balc¨®n. ¡°Los t¨¦cnicos", se?ala el auto, "hicieron caso omiso y no requirieron documentaci¨®n que justificasen las modificaciones¡± por parte de la t¨¦cnica municipal Mar¨ªa Soledad Leiro (que adem¨¢s era consejera delegada de la promotora Canaleiro Inversi¨®n) ni por la arquitecta encargada de la ejecuci¨®n de las obras, Elena L¨®pez.

Un supuesto delito de prevaricaci¨®n administrativa que implicaba a Encarnaci¨®n Rivas tambi¨¦n se archiva al igual que el otro caso relacionado con el pol¨¦mico edificio de dos bloques de viviendas construido por la empresa Balboa y Chan en el centro de la ciudad y en el que estaban imputadas por supuesto tr¨¢fico de influencias otras ocho personas, entre t¨¦cnicos y promotores.

El juez hace un minucioso relato del caso m¨¢s paradigm¨¢tico de los que se investigaron y concluye que es ¡°una actuaci¨®n administrativa ciertamente llamativa, pues pendiente la resoluci¨®n judicial de legalidad o no de la licencia concedida, el d¨ªa 11 de mayo de 2009, se aceleran todos los tr¨¢mites administrativos para otorgar la licencia de primera ocupaci¨®n¡±.

El mismo d¨ªa que la promotora presenta la documentaci¨®n que hab¨ªa sido requerida, se visan los proyectos y se emite informe t¨¦cnico y jur¨ªdico. Todo ello, dos semanas antes de que el Juzgado Contencioso de Pontevedra anulara la licencia. ¡±Estar¨ªamos ante la consolidaci¨®n de una irregularidad administrativa¡± y ¡°una actuaci¨®n criticable desde el punto de vista del correcto gestor p¨²blico, de la igualdad de trato entre los administrados, o si se quiere, hasta una actuaci¨®n temeraria al otorgar una licencia de primera ocupaci¨®n para una edificaci¨®n cuya licencia de construcci¨®n hab¨ªa sido declarada nula¡± aunque no era todav¨ªa firme. Subraya el juez el perjuicio causado a los compradores de las viviendas y del propio Ayuntamiento, que tiene que acometer la orden de derribo con unos elevados costes para las ya debilitadas arcas municipales.

El caso denunciado contra el t¨¦cnico Pablo Gu¨ªo por las obras que llev¨® a cabo en su vivienda tambi¨¦n se archiva aunque para el juez resulta igualmente ¡°llamativo¡± que la gerencia de urbanismo actuara solo cuando el asunto es denunciado por un representante de la oposici¨®n municipal, cuando ya exist¨ªan atestados de polic¨ªa local adscrita a la gerencia de urbanismo que ¡°deber¨ªan servir de base para la incoaci¨®n del expediente de disciplina urban¨ªstica¡±.

Y a?ade el juez: ¡°Esta conducta de los distintos t¨¦cnicos semejan ciertamente tendenciosos a la hora de evitar una responsabilidad disciplinaria urban¨ªstica, con las consecuencias que podr¨ªa aparejar para uno de los empleados y t¨¦cnicos de la gerencia, Pablo Gu¨ªo, pues las obras se ejecutaban en su vivienda¡± sin ning¨²n tipo de licencia municipal, que no solicita hasta que conoce el atestado de la polic¨ªa local. ¡°Todos los t¨¦cnicos e intervinientes pasaron por alto que la vivienda carec¨ªa de licencia de primera ocupaci¨®n, por lo que no podr¨ªa ser utilizada¡±, a?ade el auto.

El error en un certificado de habitabilidad de una vivienda unifamiliar corregido ocho a?os despu¨¦s por los t¨¦cnicos cree el juez que debe considerarse un fallo de redacci¨®n ¡°que vino unido a la dejaci¨®n de los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento a la hora de corregir los defectos denunciados, pese a los requerimientos de los afectados que fueron siempre desatendidos¡±.