Tres testigos del ¡®caso Aznalc¨®llar¡¯ desacreditan informes policiales

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicaci¨®n de la mina de Aznalc¨®llar (Sevilla) ha retomado este lunes la causa con la comparecencia de tres testigos, cuyas declaraciones han desacreditado varios informes policiales. El experto ornit¨®logo del Centro Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC) Juan Jos¨¦ Negro ha reconocido ante la magistrada que su informe, en el que alertaba de "errores de bulto" en la propuesta ganadora, lo hizo tras analizar los seis folios que le facilit¨® la UDEF, de los 3.000 que componen el proyecto presentado por Minorbis-Grupo M¨¦xico. La ronda de declaraciones continuar¨¢ el jueves con la de la ex directora general de Industria, Energ¨ªa y Minas de la Junta, Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio, imputada a mediados de agosto por presunta prevaricaci¨®n.

En su informe, Negro se?alaba que en el proyecto de Minorbis exist¨ªan errores sobre el uso del agua y as¨ª lo ha reiterado este lunes ante la juez. "Hab¨ªa errores aritm¨¦ticos que yo he detectado y he puesto de manifiesto y he defendido en mi comparecencia", ha dicho Negro a los periodistas tras declarar, informa Europa Press. El ornit¨®logo ha se?alado que su informe se basa en los seis folios que le entreg¨® la UDEF y que desconoc¨ªa que el proyecto ganador ten¨ªa 3.000 documentos, de los cuales casi 200 eran relativos a los aspectos hidrol¨®gicos. Los errores detectados por Negro se centraban en todo lo relativo a las "aguas superficiales y en algunos par¨¢metros que tienen importancia en la configuraci¨®n final del ciclo del agua". La juez investiga la adjudicaci¨®n de la mina tras la denuncia presentada por la empresa perdedora, Emerita, y considera que se hizo sin "el m¨¢s m¨ªnimo rigor".

La consultora de ingenier¨ªa y arquitectura Ayesa, que elabor¨® para Minorbis el proyecto de explotaci¨®n de agua, mantiene que Negro ha cometido un "grave error metodol¨®gico" en su informe, lo que le ha llevado a "conclusiones incorrectas", al estimar que cuando "el se?or Negro cuestiona datos y niega que est¨¦n justificados, ocurre simplemente que los datos est¨¢n en otro apartado que ¨¦l omite referenciar". Sin embargo, fuentes de la defensa de Emerita mantienen que el proyecto sobre el ciclo del agua de Minorbis se limitaba a esos seis folios. "Los otros 3.000 folios no importan porque est¨¢n llenos de paja y literatura", afirman dichas fuentes, que a?aden que existen contradicciones en la propuesta ganadora. Ayesa ya remiti¨® a la magistrada Patricia Fern¨¢ndez un informe aclaratorio sobre este asunto.

La juez tambi¨¦n ha tomado declaraci¨®n este lunes a un trabajador de la mina y al encargado de la depuradora. Entre otras cuestiones, los empleados han asegurado que la depuradora funciona "perfectamente" y que "nunca se ha abandonado", contando con dos l¨ªneas de depuraci¨®n, una de 500 metros c¨²bicos que se mantiene "a diario" y una segunda l¨ªnea que no se mantiene porque su uso no es necesario, pero que en caso de que se quisiera usar estar¨ªa disponible "en una semana". Estas declaraciones tambi¨¦n chocan con otro informe de la UDEF en el que denunciaba, el pasado julio, que no funcionaba el sistema de tratamiento. Tambi¨¦n alertaba de un posible vertido de agua contaminante.

Al igual que defendi¨® la Junta de Andaluc¨ªa en su d¨ªa, los dos trabajadores han se?alado este lunes que la depuradora no se utiliza porque, seg¨²n estableci¨® la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, la cota de agua tiene que ser de 20 metros para "arrancar" dicha depuradora y, al menos, en el ¨²ltimo a?o y medio esa cota no se ha superado. Por esta raz¨®n, el Gobierno andaluz se?al¨® en julio que no ha sido necesario depurar agua desde 2014, ni prev¨¦ que se haga antes de la reapertura de la mina.

Tras la comparecencia de estos tres testigos, el jueves declarar¨¢n los primeros imputados, entre ellos Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio, cesada el pasado agosto. Adem¨¢s de a la anterior directora de Minas, la juez ha imputado a un interventor de este departamento, a una letrada de la Administraci¨®n auton¨®mica y a cuatro miembros de las comisiones t¨¦cnicas y de contrataci¨®n. Est¨¢n acusados de posibles delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias y negociaci¨®n ilegal en la concesi¨®n.