La ciudad judicial fantasma de Aguirre

A pesar de la urgencia que exist¨ªa en mejorar la justicia, algunos prefirieron dedicarse a modernizar las apariencias. Lo dijo Mu?oz Molina en su ensayo Todo lo que era s¨®lido. El escritor mostr¨® su perplejidad ante la existencia de lo que describi¨® admirablemente como una estructura de cristal en forma de huevo o burbuja herm¨¦tica, como una estaci¨®n espacial en un planeta ¨¢rido y de atm¨®sfera irrespirable. Se refer¨ªa al ¨²nico edificio construido en el denominado Campus de la Justicia de Madrid, en el contexto de un proyecto fara¨®nico malogrado, m¨¢s relacionado con la megaloman¨ªa de sus impulsores que con las necesidades funcionales de la administraci¨®n de justicia. Y a?ad¨ªa que, mientras tanto, ¡°las dependencias judiciales siguen pareciendo covachuelas de los tiempos de Dickens, y por falta de dinero, de medios, de personal, cualquier proceso puede prolongarse durante muchos a?os¡±.

Seg¨²n los datos que ha ido desvelando este peri¨®dico, la deficiente gesti¨®n de este proyecto ha causado la p¨¦rdida de 105 millones a las arcas p¨²blicas. Y todo ello se produce en un sistema judicial hist¨®ricamente abandonado por las instituciones. El desglose de los gastos nos muestra el car¨¢cter superfluo de gran parte de los mismos. Honorarios desorbitados de arquitectos, inmuebles trazados con dimensiones m¨¢s que exageradas, informes sin utilidad pr¨¢ctica, dispendios fastuosos para la colocaci¨®n de la primera piedra, tr¨¢mites burocr¨¢ticos ahora inservibles. Pero nuestro sistema judicial no necesitaba todo eso. Nos bastaba con una asignaci¨®n eficiente de recursos materiales que aportara soluciones a las preocupantes carencias que sigue sufriendo la ciudadan¨ªa.

Por ello, resulta inconcebible que la presidenta del gobierno auton¨®mico que impuls¨® este gigantesco desprop¨®sito, Esperanza Aguirre, ahora asegure que fueron los estamentos judiciales quienes le reclamaron ese proyecto. Eso es absolutamente falso. Desde el ¨¢mbito judicial lo que se ha exigido y se sigue exigiendo es que las administraciones competentes nos posibiliten disponer de unas instalaciones dignas. Los ¨®rganos judiciales de Madrid contin¨²an padeciendo alarmantes insuficiencias, derivadas de su dispersi¨®n, de su ubicaci¨®n en edificios inapropiados y de la asfixiante falta de espacio. No existen suficientes salas de vistas, lo cual retrasa el se?alamiento de juicios y provoca lamentables demoras que perjudican a las partes de los procesos. Hay dependencias judiciales que no re¨²nen las condiciones m¨¢s b¨¢sicas de salubridad, ni tampoco cumplen las normas de prevenci¨®n de riesgos laborales. Los medios inform¨¢ticos son exiguos. Y los detenidos pasan esposados por pasillos concurridos de gente.

La leg¨ªtima reivindicaci¨®n judicial de modernizar los medios materiales no guarda relaci¨®n con el dise?o del Campus de la Justicia, que no se dirigi¨® a buscar soluciones racionales, efectivas y proporcionadas a todas estas cuestiones. Al contrario, dicho proyecto se centr¨® en una b¨²squeda de lucimiento jactancioso de sus impulsores, los cuales malgastaron alegremente unos fondos p¨²blicos imprescindibles para la administraci¨®n de justicia. Nadie pidi¨® en el ¨¢mbito judicial que se creara una sociedad mercantil para eludir el control p¨²blico del gasto, ni que se contratara sin concurso alguno a personal vinculado al poder pol¨ªtico. Ni tampoco que dicha empresa continuara existiendo durante a?os y generando nuevos desembolsos censurables, a pesar de que las maquetas ya eran manifiestamente inviables. Todo eso fue de cosecha propia del gobierno de Aguirre, al igual que la concepci¨®n mastod¨®ntica del proyecto.

Y ahora lo ¨²nico que queda en este des¨¦rtico secarral es el deteriorado edificio sin uso del Instituto Anat¨®mico Forense, que sigue devengando gastos de mantenimiento. Como en la Comala de Juan Rulfo, hay voces que resuenan en este paraje abandonado. Aqu¨ª no son sombras de almas en pena, sino los ecos de los m¨²ltiples negocios que gener¨® esta insensata borrachera de poder, sin que los gobernantes hayan aportado las explicaciones pertinentes sobre su gesti¨®n. Esta ciudad judicial fallida es la met¨¢fora m¨¢s visible de una justicia olvidada, que solo ha interesado al poder pol¨ªtico para servirse de ella o para controlarla. Y no para vertebrar un servicio p¨²blico capaz de tutelar adecuadamente los derechos fundamentales de la ciudadan¨ªa.

Joaquim Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia