Los altos cargos har¨¢n p¨²blico su nuevo trabajo al dejar la Xunta
Feij¨®o destaca que su ley de transparencia supera las exigencias de la estatal y regula tambi¨¦n el traspaso de poderes
Los altos cargos del Gobierno gallego deber¨¢n informar a la Oficina de Incompatibilidades de la Xunta de Galicia sobre cualquier actividad que desempe?en en los dos a?os posteriores a su salida del puesto y esta har¨¢ p¨²blico ese trabajo. As¨ª lo ha anunciado hoy el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, en la rueda de prensa posterior a la reuni¨®n semanal de su Gobierno en la que se aprob¨®, para su remisi¨®n al Parlamento, una nueva ley de transparencia auton¨®mica que, seg¨²n destac¨®, ampl¨ªa las exigencias tanto de la ya existente en Galicia desde 2006 como de la estatal aprobada hace dos a?os.
El Gobierno gallego detall¨® que ¡°durante los dos a?os posteriores al cese, las personas que fuesen altos cargos de la Xunta de Galicia deber¨¢n informar de cualquier actividad que vayan a realizar a la Oficina de Incompatibilidades de la Xunta, para que esta informe sobre si esa actividad se ajusta al r¨¦gimen de incompatibilidades. Y, adem¨¢s, cuando esta oficina autorice esta compatibilidad, esa decisi¨®n se har¨¢ p¨²blica¡±.
El texto definitivo de la nueva ley de transparencia, que a¨²n podr¨¢ ser corregido en el Parlamento, rebaja las sanciones por incompatibilidades de los altos cargos que contemplaba el borrador inicial. Aquel texto recog¨ªa que los altos altos cargos que cometiesen infracciones muy graves en materia de incompatibilidades pod¨ªan ser destituidos de sus puestos y, adem¨¢s, recibir multas de entre 6.001 y 12.000 euros. Ahora, informa Europa Press, las sanciones muy graves ser¨¢n de entre 1.500 y 3.000 euros. Por su parte las sanciones graves, que antes oscilaban 600 y 6.000 euros, son ahora de entre 500 y 1.500 euros. En todo caso, la Xunta ha subrayado que el Estado no contempla sanciones pecuniarias en su norma, por lo que este extremo estar¨ªa entre los preceptos en los que, seg¨²n Feij¨®o, esta norma "supera" a la estatal.
La nueva ley de transparencia tambi¨¦n regula por primera vez el traspaso de funciones entre gobiernos auton¨®micos. Un ejecutivo en funciones no podr¨¢ enviar proyectos de ley al Parlamento, autorizar convenios con otras Administraciones, dar luz verde a convocatorias de acceso o provisi¨®n de puestos de trabajo p¨²blicos, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto m¨¢s all¨¢ del gasto corriente o de "causas de urgencia debidamente acreditadas". En el traspaso de poderes, cada conseller¨ªa deber¨¢ elaborar un informe de gesti¨®n en que se detalle informaci¨®n como la ejecuci¨®n presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes. Esos informes de cada departamento ser¨¢n agrupados en un ¨²nico documento y ser¨¢n transmitidos del presidente saliente al presidente entrante.
Por ¨²ltimo, la nueva ley de transparencia tambi¨¦n establece que, en el ¨¢mbito auton¨®mico, ser¨¢ el Valedor do Pobo el encargado de resolver los recursos que puedan presentar los ciudadanos ante una primera negativa de la Administraci¨®n a atender una petici¨®n de informaci¨®n.
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