La Generalitat prev¨¦ 30.000 peticiones para afrontar la pobreza energ¨¦tica

El fondo contra la pobreza energ¨¦tica, la herramienta de la Generalitat para atender a las personas que no pueden hacer frente a sus facturas de agua, gas y electricidad, ya tiene un borrador de reglamento. En ¨¦l se establece que las empresas suministradoras pacten cada a?o con el Departamento de Empresa la cantidad en dinero o especie (kilovatios o metros c¨²bicos) que destinar¨¢n. La memoria del proyecto tambi¨¦n prev¨¦ recibir 30.000 peticiones de ayuda cada a?o. Esta bolsa de recursos se nutrir¨¢ ¡°preferentemente¡± de las aportaciones de las empresas. Esto quiere decir, seg¨²n el secretario de Empresa y Competitividad, Pere Torres, que las suministradoras tendr¨¢n que poner ¡°al menos¡± la misma cantidad que se establezca en los Presupuestos.

En las cuentas de este a?o se destinaron cinco millones a este concepto, pero a¨²n no hay cifras definitivas sobre cu¨¢nto se ha ejecutado. El decreto plantea que Empresa firme un convenio con las suministradoras en el cual se determinar¨¢ ¡°el importe m¨ªnimo a aportar cada a?o, en funci¨®n de la deuda que cada una pueda acreditar¡±, que corresponda a los hogares con cortes por vulnerabilidad. Torres, sin embargo, explica que se tendr¨¢ en cuenta ¡°la correlaci¨®n entre el n¨²mero de impagos y el volumen de negocio de la empresa¡±, entre otras condiciones, para fijar la cantidad.

El alto cargo tambi¨¦n acepta que algunos programas de ayuda a la pobreza energ¨¦tica que realizan empresas suministradoras ¡°podr¨ªan computar¡± como aportaciones al fondo, lo cual implicar¨ªa que en alg¨²n caso no se tuviera que hacer aportaciones extra. Esto depende de la naturaleza del plan y si efectivamente condonan parte del recibo, no solo si se aplaza o lo asume un tercero como un Consistorio.

¡°Tal como est¨¢ planteado parece que lo que se busca es responder a las necesidades de las empresas de cobrar las facturas que tienen impagadas¡±, acusa Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE), que cree que las suministradoras deber¨ªan asumir todo el coste debido a su gran margen de beneficios.

Las entidades sociales tambi¨¦n critican la ¡°opacidad" con la que Empresa realiz¨® el proceso de consultas sobre el borrador. ¡°Nos enteramos de la exposici¨®n p¨²blica por casualidad¡±, dice Campuzano. APE present¨® alegaciones, una suerte con la que no corrieron la Mesa del Tercer Sector (con representaci¨®n en la mesa contra la pobreza energ¨¦tica impulsada por la Generalitat) o Fuel Poverty Group, por ejemplo.

Todas las suministradoras utilizan la misma f¨®rmula cuando se les pregunta por su opini¨®n sobre el reglamento: se cumplir¨¢ con lo que la ley establezca. Sin embargo, Endesa recuerda que ya colaboran con la financiaci¨®n del bono social. O Gas Natural invoca a los diferentes acuerdos y convenios que tienen con Ayuntamientos o el ?rea Metropolitana. Agbar, por ejemplo, ha destinado desde 2012, 2,7 millones de euros a pagar casi la mitad de los recibos de unas 11.300 familias.

El reglamento establece que la Generalitat se encargar¨¢ de administrar las ayudas que entregue usando su Presupuesto y las donaciones. Torres explica que a¨²n se ha de ultimar c¨®mo ser¨ªa el mecanismo de estas ¨²ltimas, pero que podr¨ªa funcionar como ¡°el Banco de alimentos¡±. En paralelo, las Administraciones y las suministradoras se encargar¨ªan de las suyas. Ambos sistemas tendr¨ªan que rendir cuentas a una Comisi¨®n conformada por diferentes actores, suministradoras incluidas, y se tendr¨¢ que presentar un informe anual. Campuzano critica que en este ¨®rgano no haya presencia de las entidades sociales. Torres asegura que este punto est¨¢ abierto.

N¨²mero incierto

?APE tambi¨¦n se muestra contraria a que solo haya dos periodos para presentar las solicitudes y pide extender la convocatoria. El borrador establece que en abril las familias tendr¨ªan que pedir las ayudas por recibos impagados entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. En octubre, se har¨ªa lo propio con los del resto del a?o. ¡°Habr¨¢ garant¨ªa suficientes de que las ayudas se est¨¢n dando a las personas que realmente lo necesiten y se trabajar¨¢ muy de cerca con los Servicios Sociales de los ayuntamientos¡±, defiende el secretario.

A¨²n sigue siendo incierto el n¨²mero de pobres energ¨¦ticos que hay en Catalu?a. Torres explic¨® que espera cerrar en las pr¨®ximas semanas el balance del programa de este a?o y eso podr¨ªa esbozar la cantidad que se pedir¨¢ a las empresas. Est¨¢ por ver si en ese c¨®mputo tambi¨¦n entrar¨¢ lo que destinan los Ayuntamientos ¡ªeste a?o Barcelona ha invertido m¨¢s de 610.000 euros¡ª y entidades como C¨¢ritas o Cruz Roja.

El decreto se basa en lo que determina el C¨®digo de Consumo, suspendido por el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno central. Torres, sin embargo, dice que la tramitaci¨®n del decreto seguir¨¢ adelante pues puede modificarse para invocar la ley contra los desahucios, que surgi¨® de una Iniciativa de Legislaci¨®n Popular. Los t¨¦rminos legales, asegura, permitir¨ªan que este mecanismo no deje sin cobertura a los pobres energ¨¦ticos este invierno.